El pasado 21 de julio Cristina Kirchner fue amenazada por un hombre durante una protesta frente al Instituto Patria que transcurría en la tarde. Debido al incidente, el agresor fue imputado y hoy el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió su detención.
Barbella realizó la solicitud al juez que lleva la causa, Manuel de Campos, a quien también le pidió citar a declaración indagatoria a una agente de la Policía de la Ciudad que ese día estuvo a cargo de la seguridad en el lugar, informaron a la agencia oficial Télam fuentes judiciales.
Gómez Barbella actúa como fiscal en el marco de una denuncia de oficio presentada por su colega Mónica Cuñarro y que quedó sorteada en el juzgado de De Campos.
El pedido de detención y declaración indagatoria del hombre, quien fue identificado por la división Crimen Organizado de la Policía Federal, se hizo por el presunto delito de “amenaza coactiva agravada”.
En el dictamen remitido al juez De Campos, el fiscal consideró que hay elementos para sostener que se “incitó a desórdenes sociales a los gritos en la vía pública expandiendo sus graves amenazas por medio de un megáfono hacia la Vicepresidenta, su hijo y sus partidarios”.
“El encartado amenazó para alarmar o amedrentar a otro, en la especie a la Dra. Fernández de Kirchner, infringiéndole un mal dependiente en todo o en parte de su voluntad”, agregó el dictamen del fiscal.
En ese sentido, “la amenaza fue idónea para alarmar o amedrentar a la Vicepresidenta, en lo que hace a la idoneidad en sí misma de la amenaza”, sostuvo.
“En un caso similar al presente, en el que un joven emitió frases intimidantes a los, por entonces, Presidente de la Nación y gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri y Lic. María Eugenia Vidal, respectivamente, la Cámara Federal de Bahía Blanca interpretó que también correspondía la aplicación del tipo penal” correspondiente al delito de amenazas, ejemplificó la fiscalía
En cuanto a la integrante de la Policía de la Ciudad la fiscalía solicitó indagarla por supuesto encubrimiento agravado por su calidad de funcionaria pública, en un planteo hecho al juez De Campos, quien deberá resolver sobre los pedidos.
En su caso, la fiscalía explicó que ante los hechos se labró un sumario contravencional por daños a la fachada del Instituto Patria, pero “las imágenes no permiten justificar de modo alguno la inacción de parte del personal de la fuerza de seguridad responsable, en ese momento y lugar, donde se cometía el ilícito”, advirtió el dictamen en relación a las amenazas.
El fuero nacional en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires intervino en lo ocurrido ante una denuncia que presentó la fiscal Cuñarro al día siguiente de los hechos.
Por los mismos incidentes, el Instituto Patria radicó otra denuncia por “intimidación y amenazas” en los tribunales federales de Retiro.
En su denuncia, la fiscal sostuvo que en la tarde del 21 de julio, frente al Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80 y “mientras un grupo de personas se encontraban manifestando en la calle”, el ahora imputado “profirió a través de un megáfono reiteradas frases amenazantes, de gravedad y de tenor intimidatorio a Cristina Kirchner con el claro propósito de que abandone sus funciones como Vicepresidenta”, según el texto al que tuvo acceso la agencia oficial.
En la denuncia, la fiscal detalló que todo ocurrió frente a al menos dos efectivos de la Policía de la Ciudad.
Los agentes “pese a esas frases intimidatorias, no solo no detuvieron el accionar flagrante dando intervención al fiscal nacional en turno” sino que con uno de ellos mantuvo “una plática de conocimiento anterior”. El acusado “saludó con un puño” a uno de esos policías y luego continuó con las amenazas a través del megáfono, agregó la denuncia.
“Dichos acontecimientos, a mi juicio, constituyen los delitos de amenazas coactivas, que concurren idealmente entre sí y a su vez con el delito de intimidación pública”, sostuvo la fiscal denunciante.
