La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto delito de "peculado" a raíz del traslado de mobiliario particular en aviones de la flota presidencial, informaron fuentes judiciales.
Los jueces de la sala I del tribunal de apelaciones confirmaron de manera parcial el procesamiento que pesaba sobre la ex presidenta por el uso de la flota presidencial: le dictaron la falta de mérito por haberla utilizado para transportar diarios e informes de prensa, considerar que era elementos vinculados a sus funciones.
En el mismo fallo, aunque en este caso por mayoría y no por unanimidad, los jueces del tribunal de apelaciones decretaron la falta de mérito para el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, según consta en el fallo.
Tanto la ex presidenta como su ex funcionario habían sido procesados por el juez federal Claudio Bonadio, acusados de haber cometido el delito de "peculado" en el marco de una causa derivada del caso conocido como "cuadernos de la corrupción", que ya fue elevado a juicio oral y público.
Fernández de Kirchner y Parrilli habían sido acusados de "haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos cuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades".
"Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera Senadora Nacional o Presidenta, en tanto que Oscar Parrili era Secretario General de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20", sostenía la acusación en su contra.
También habían sido acusados de "haber usado y/o el haber ordenado el uso del avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles, ropa de blanco y u otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad del Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner".
En el fallo de hoy, el juez de la Cámara Federal porteña Mariano Llornes sostuvo que "una primera aproximación, que surge manifiesta de la secuencia de las conductas reconstruidas, es la utilización abusiva y desmedida de bienes públicos con una finalidad, en un caso para fines particulares y en el otro netamente con fines privados".
"Esa circunstancia aleja la posibilidad de cualquier justificación que se le pudiera dar, aún aquella que se ensayó respecto de que había vuelos que debían salir sí o sí y cuyo recorrido podía aprovecharse para el traslado de elementos claramente alejado de las necesidades del Gobierno Nacional", sostuvo Llorens, que en ese caso votó en la misma dirección que sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La causa está basada en los testimonios de quienes fueron pilotos de la flota presidencial durante las gestiones kirchnerisstas, hecho que fue cuestionado en las apelaciones de las partes que se quejaron por la falta de mayor prueba por fuera de los relatos de los testigos.
"Las defensas criticaron el hecho de que las imputaciones se hayan sostenido únicamente con declaraciones testimoniales, advirtiendo que debía tenerse en cuenta que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación indicó que no poseían en sus registros documentación que pudiera acreditar el detalle de la carga que transportaban los vuelos indicados", recordó Llorens.
"Sin embargo, el ensayo de la defensa, a mi juicio, no hace otra cosa que introducir un elemento sospechoso más dentro de la secuencia de conductas que involucraba la carga de los aviones presidenciales, trasladen -o no- a la Presidente de la República", respondió el juez.