El Concejo Deliberante de Santa Rosa puso un freno a la idea municipal de salir a controlar, por radar, el exceso de velocidad en las rutas del departamento, un proyecto que el Ejecutivo ha trabajado los últimos meses, pero que el Concejo pretende cajonear, al menos por lo que resta del año.
"Hemos rechazado un pliego para licitar la compra de los equipos que permiten controlar la velocidad de vehículos. Es una idea del Ejecutivo que en estos momentos nos parece apresurada", explicó la concejala radical Débora Quiroga, quien aseguró que "el municipio no podrá avanzar con este tema, al menos en lo que resta del año".
El Concejo no aprobó los pliegos de licitación para adquirir los equipos, pero la intendente Norma Trigo vetó esa ordenanza y la devolvió al Concejo para que exponga cuáles son los argumentos del rechazo: "No hay fundamentos por parte de los concejales sobre el motivo por el que desaprueban los pliegos", explicó Marcos Nuarte, secretario de Gobierno:
"No es función del Concejo decidir las políticas de gobierno y este proyecto vial, que busca minimizar los accidentes, está dentro de las facultades que tiene el municipio, especialmente a partir de la sanción de la nueva ley de tránsito",agrgeó Nuarte.
En el Este mendocino, la comuna de Santa Rosa, al igual que ya lo hace San Martín (con muchas críticas, todo hay que decirlo), pretende controlar y eventualmente multar el exceso de velocidad de los vehículos que circulan por sus rutas. La idea comenzó a tomar forma en marzo y en aquel momento, en una nota de Los Andes que anticipaba el proyecto, el Ejecutivo santarrosino evaluaba poner radares en la 7 y en la 153, y se daba un plazo "de 4 a 8 meses" para licitar y dejar el sistema en marcha.
En cuanto el expediente llegó al Concejo, el grueso de los ediles lo rechazó, medida que desató un nuevo conflicto entre ambos poderes: “No podemos poner la carreta delante del caballo”, resumió Quiroga: “No se puede salir a comprar radares para controlar la velocidad de los autos, cuando todavía no está formada la policía municipal ni el juzgado vial. Lo que le decimos al municipio es que avance primero con la policía y el juzgado y luego vemos el tema de las fotomultas”.
En realidad, el grueso de los concejales ve en el fondo, una intención recaudatoria del Ejecutivo y por eso rechaza el proyecto: teme que a las multas la terminen pagando una mayoría de santarrosinos: "Es que quieren controlar también la ruta 50, que es por donde circula la mayoría de los vecinos de Santa Rosa". Esto último no ha sido confirmado por el municipio, pero en cualquier caso, el proyecto de la comuna no habla solo de radares e incluye la creación de la policial municipal y del juzgado vial. Así, desde comienzos de año, unas 40 personas se capacitan para integrar el futuro equipo vial, al tiempo que se estudia la creación del juzgado municipal, que por ley debería comenzar a funcionar en 2019.
“El Concejo no puede decirle al Ejecutivo cómo gobernar. La idea de licitar los radares forma parte de un proyecto más amplio que está en marcha. Es lo mismo que licitemos el escenario para un festival y el Concejo pida saber primero qué cantantes van a subir”, comentó Nuarte y completó: “La ruta 7 es una de las más peligrosas de la provincia y genera accidentes con heridos y víctimas fatales. El exceso de velocidad es la principal causa y es necesario que la comuna haga algo. Y si alguien piensa que lo que se busca es recaudar pues está equivocado y no ve el grave problema que tenemos en las rutas”.
Nuarte explicó que más allá de la decisión del Concejo, la licitación se llevó a cabo, aunque quedó desierta: "La verdad, no me extraña, es difícil que una empresa se presente, cuando ve los problemas internos que generan algunos concejales”.
