El miércoles 18 de octubre, en el Fuero Penal Colegiado del Polo Judicial de Mendoza, se conocerá la sentencia del segundo de los mega juicios por abusos sexuales cometidos contra niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo, que funcionó en Luján de Cuyo (Mendoza) hasta fines de 2016.
Por los episodios, que constituyeron uno de los casos de abuso eclesiástico más importante de la historia en Mendoza y en Argentina, ya hay cuatro personas condenadas, entre ellas dos sacerdotes (Horacio Corbacho y Nicola Corradi, condenados como autores de los abusos a 45 y 42 años de prisión respectivamente). Además, el exjardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años de cárcel, mientras que el ex monaguillo Jorge Bordón fue penado a 10 años de prisión.
El 18 de octubre se conocerá la sentencia del tercero de los procesos, aunque es el segundo que agrupa a varios imputados en un mismo debate. Y es que Bordón fue sentenciado en un juicio abreviado en septiembre de 2018, mientras que Corbacho, Corradi y Gómez fueron condenados en noviembre de 2019. En el juicio que transcurre por estos días en la Justicia de Mendoza se mantiene la acusación contra 5 mujeres que cumplían funciones en el Próvolo mendocino, entre ellas dos monjas. Y todas están acusadas formalmente como partícipes primarias de los abusos por los que ya fueron condenados los 4 hombres (en el caso de una de las monjas, Kumiko Kosaka, también tiene una acusación como autora de abusos).
Mientras en el Polo Judicial de Mendoza se aguarda por la sentencia, en el Vaticano y en la sede de la ONU en Ginebra (Suiza), la ONG internacional ECA (Basta de Abuso Clerical, según su sigla en inglés) se encuentra exponiendo la falta de colaboración de la Iglesia, como institución, y del Papa Francisco en el Caso Próvolo y en otros episodios de abuso sexual eclesiástico en Argentina. Y, en este contexto -y con la presencia del abogado Sergio Salinas como representante de ECA por Argentina y América Latina-, la ONG presentó un duro documental sobre la falta de colaboración de la Iglesia.
“En paralelo a la investigación y al proceso judicial -que ya tiene a los dos curas condenados en la Justicia penal de Mendoza-, se inició una investigación eclesiástica, comandada por el Vaticano, y donde se busca determinar la responsabilidad de los sacerdotes. A casi 4 años de la condena en la Justicia de Mendoza, el proceso canónico sigue estancado. Durante el juicio se le pidió a la Santa Sede y a los investigadores canónicos que remitieran la resolución de dicha investigación, pero solamente enviaron los documentos de la investigación. No hay aún una resolución”, destacó el abogado Sergio Salinas, director de ECA por América Latina y quien, además, es abogado de las víctimas de los abusos en el Próvolo mendocino. Los abogados mendocinos Lucas Lecour y Diego Lavado también son parte de ECA en representación de Argentina.
Los curas Corradi y Corbacho (este último ya fallecido) están siendo foco de la mencionada investigación eclesiástica que se inició luego de los abusos y que, hasta el momento, no tiene ninguna resolución. Uno de los desenlaces de esta investigación podría ser la expulsión como cura de Corbacho, quien está preso en la cárcel, aunque continúa siendo sacerdote.
“Caso Próvolo: el gran encubrimiento de la Iglesia” es el nombre del documental, de casi 30 minutos de duración y que incluye testimonios de las víctimas, sus familiares, abogados y de referentes de la ONG Bishop Accountability, una de las asociaciones mundiales que enfrenta la impunidad, visibiliza los episodios de abuso sexual cometidos y encubiertos por miembros del clero y lleva un registro contable de estos hechos.
“CASO PRÓVOLO: EL GRAN ENCUBRIMIENTO DE LA IGLESIA”, EL DURO DOCUMENTAL SOBRE EL CASO MENDOCINO
Los referentes de ECA a nivel mundial, con el mendocino Salinas entre sus integrantes, se encuentran en Europa. El itinerario comenzó en Roma, con un intento de manifestación pacífica en el Castillo San Angelo -en el ingreso al Vaticano-. No obstante, la propia Policía italiana impidió que los manifestantes se detuvieran en el lugar con remeras y carteles exigiendo celeridad y compromiso de parte de las autoridades de la Santa Sede.
“En términos generales, vinimos a traer la actualización de los casos mundiales de abuso sexual eclesiásticos, ya sean cometidos o encubiertos por miembros de la Iglesia. El sábado estuvimos en la asamblea de ECA planteando lineamientos generales, y luego nos fuimos al castillo San Angelo que está en las afueras del Vaticano. Aun así, no nos dejaron detenernos en el lugar ni ingresar a las calles públicas del Vaticano”, destacó Salinas a Los Andes.
Luego de la vigilia del sábado y de la frustrada manifestación pacífica, el lunes los referentes de ECA (con representantes de todos los continentes) dieron una conferencia de prensa en la sede de la agencia AP.
Ya durante esta semana, los participantes de esta asamblea continuarán con su agenda en Ginebra (Suiza), donde se presentarán en los comités de la ONU de los Derechos del Niño, de la Tortura, de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el Consejo del Derechos Humanos de la ONU.
“La idea es presentarnos, además, en la Corte Internacional de La Haya para que se considere la posibilidad de encuadrar la conducta de la Iglesia Católica a nivel mundial en casos de abuso eclesiástico -en lo que hace a encubrimiento y protección- como delito de lesa humanidad”, agregó Salinas.
El lunes, en Suiza y durante otra conferencia de prensa, los referentes de ECA presentaron oficialmente el documental “Caso Próvolo: el gran encubrimiento de la Iglesia”, realizado por la ONG. El audiovisual cuenta, entre tanto contenido, con escenas y material del documental “Víctimas del Próvolo”, presentado por Los Andes en 2019.
“A 7 años de la primera denuncia de abuso sexual a niños y niñas sordas, la Justicia penal ha logrado 2 sentencias de condena a curas y monaguillos, entre otras personas, a penas de prisión de hasta 45 años. Aún hoy la Iglesia no entrega pruebas para descubrir a más perpetradores denunciados”, se destaca en la descripción del documental, ya disponible en YouTube.
“A las sentencias dictadas, se sumarán aquellas que se conocerán en los próximos días, contra las monjas y las colaboradoras, quienes actuaron encubiertas por la Iglesia. Las víctimas no pierden la esperanza y aguardan una condena de prisión para lograr la paz después de tantos años de lucha”, concluye la descripción.
EXIGEN QUE NO SE NOMBRE A UN SACERDOTE ENCUBRIDOR DE ABUSOS
Además de actualizar la situación del Caso Próvolo mendocino y de lo que, destacan, es la falta de colaboración de la Iglesia en esta causa, Salinas lleva el reclamo por otro escandaloso y doloroso caso de abuso sexual eclesiástico registrado en Argentina.
El abogado mendocino es uno de los encargados en esta misión internacional para solicitar pública y oficialmente -y a nivel mundial- el rechazo a la ya consumada postulación del obispo de Buenos Aires, Víctor Manuel “Tucho” Fernández, como representante de la Doctrina de la Fe en la Santa Sede. Porque Fernández está denunciado por haber sido encubridor del cura Eduardo Lorenzo, quien abusó sexualmente y de manera sistemática de distintas víctimas cuando eran niños.
En diciembre de 2019, cuando se oficializó el pedido de captura contra Lorenzo por cinco casos de abusos a niños, el sacerdote se quitó la vida. Pero la causa continuó, y Fernández -quien había dispuesto el traslado de Lorenzo luego de que se conocieran las denuncias- fue señalado como encubridor del cura abusador.
Incluso, el propio Fernández organizó una misma en la memoria de Lorenzo días después del suicidio, algo que terminó en escrache y escándalo, luego de que los familiares de las víctimas tomaran conocimiento de la ceremonia y se presentaran en el lugar.
Lo que más indignación generó fue que la misa en honor a Lorenzo se celebró en la misma parroquia donde las 5 víctimas habían denunciado haber sido abusados por Lorenzo, quien había sido capellán del Sistema Penitenciario Bonaerense.
Diego Pérez, una de las víctimas que denunció al cura Lorenzo -era un niño en situación de calle y vulnerabilidad cuando fue atacado sexualmente por el sacerdote-, viajó con los referentes de ECA para estas misiones en Roma y en Ginebra.
“La víctima hizo la denuncia en 2008, pero no prosperó en ese momento y la archivaron. Ya en 2019, cuando la desarchivaron, empezaron a aparecer más víctimas de Lorenzo. Allí salta, además, que Fernández -quien era obispo de La Plata- tenía un buen vínculo con Lorenzo y que en esos más de 10 años no se hizo nada ante las denuncias de abusos, por lo que en ese momento el propio Diego Pérez denunció -además- como encubridor a Fernández”, destacó Salinas.
El rechazo a la designación de Fernández tiene que ver con que recientemente se le ofreció al obispo -y él aceptó- un lugar en la Congregación para la Doctrina de la Fe, por lo que Fernández se convierte en una de las máximas autoridades para investigar abusos eclesiásticos.
“Han puesto a un lobo vestido de cordero”, sintetizó el abogado.
QUÉ PUEDE PASAR EN EL JUICIO QUE RESTA EN MENDOZA
El segundo de los mega juicios por los abusos sexuales en el Próvolo -si bien este es el tercer juicio de la causa, es el segundo en el que llegan varios imputados juntos- ya entró en su etapa final, y encuentra a 5 mujeres imputadas de las 9 que habían llegado acusadas al estrado.
Las imputadas, y sobre quienes la fiscalía y los abogados de las víctimas elevaron pedidos de condena, son la monja japonesa Kumiko Kosaka, su superior Asunción Martínez, la ex representante legal del instituto Graciela Pascual, la ex directora Gladys Pinacca y la ex cocinera del instituto, Noemí Paz.
Kosaka se encuentra imputada como autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores.
Tanto Iturbide como los abogados de los denunciantes -la mayoría, ya confirmados como víctimas de los abusos de Corradi, Corbacho, Gómez y Bordón- solicitaron para la monja una pena de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde hayan menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.
Por su parte, los abogados de Kosaka solicitaron la absolución de la monja e insistieron en que lograron demostrar “con certeza que Kosaka no participó, ni supo, ni vio ninguno de los hechos que durante años la han señalado falsamente”.
La ex representante legal Pascual, en tanto, llegó al juicio con 35 acusaciones, de las cuales se mantuvieron tres al momento de solicitar la condena. En este caso, el fiscal y los abogados de los ex alumnos pidieron una pena de 18 años de prisión, además de inhabilitación al considerar a Pascual partícipe por omisión (se considera que no prestó auxilio a las víctimas y encubrió los abusos).
Por su parte, la también monja Asunción Martínez -quien se desempeñó como madre superiora de Kosaka en el Próvolo mendocino- fue acusada por el mismo delito que Graciela Pascual en un hecho y el pedido de pena de la parte acusatoria asciende a 10 años de prisión y 10 de inhabilitación.
Para la ex directora Gladys Pinacca y para la ex cocinera del instituto Noemí Paz, en tanto, los pedidos de condena ascendieron a 3 años de prisión (por lo que sería en suspenso).