El Caso Próvolo marcó un hito histórico en lo que hace a casos de abusos eclesiásticos, no solo en Mendoza, sino también en Argentina y en el mundo. Y, dentro de este aberrante caso con exposición internacional –y que llevó a que en todos los continentes se hablara de los dos curas que habían abusado sexualmente de niños sordos y niñas sordas, con complicidad de dos monjas (entre otras personas)-, hay una fecha que es clave: el 25 de noviembre. Pero no es el 25 de noviembre de un año específico o determinado. En realidad, son “dos 25 de noviembre”, una fecha que desde el año 2016 hizo que el instituto religioso Antonio Próvolo sea tristemente célebre en el mundo (sobre todo en Italia, la Plata y Mendoza, donde tenía sedes). Y que desde el año 2019 dejó bien en claro que la impunidad no es para siempre y que, muchas veces, quienes menos voz tienen más claro pueden hacerse oír.
Este jueves, también 25 de noviembre –pero de 2021- se cumplen 5 años desde que salieron a la luz las primeras denuncias por los abusos a niños y niñas que estudiaban en el instituto religioso ubicado en calle Boedo de Carrodilla (Luján de Cuyo) y que dormían en sus albergues. Fue en 2016 y, desde entonces, nada volvió a ser lo mismo en el lugar ni en los tribunales mendocinos. Durante los días siguientes, la Oficina Fiscal 11 de ese departamento recibió a decenas de alumnos sordos e hipoacúsicos del instituto y sus padres quienes, motivados por la valentía de la primera denunciante y quien se animó a sacar todo a la luz, sumaron más aportes y denuncias de hechos de abuso. La totalidad de estas denuncias fueron ampliadas durante las semanas y meses posteriores en cámaras Gesell, en las que las víctimas se explayaron más sobre los ataques.
Tres años después de ese viernes 25 de noviembre de 2016 –luego de una amplia investigación y de un juicio que tomó casi tres meses-, el lunes 25 de noviembre de 2019 se conoció la histórica condena a los curas abusadores, Nicola Corradi -quien murió en julio de este año- y Horacio Corbacho, condenados a 42 y 45 años de prisión. A ellos se sumaba la condena al ex jardinero Armando Gómez –a 18 años de cárcel- y al ex monaguillo Jorge Bordón, quien había sido sentenciado a 10 años de prisión en un juicio abreviado celebrado en septiembre de 2018 y tras reconocer su culpabilidad.
“Lo que ha pasado en estos cinco años desde que mi hija hizo la primera denuncia hasta la fecha me genera sentimientos encontrados. Por un lado, tenemos la primera condena histórica a los curas abusadores de 2019. Pero, por otro lado, seguimos con un segundo juicio que tiene todo tipo de dilaciones, que tiene a dos monjas y otras mujeres imputadas que claramente fueron ocultadoras de los abusos y en el que no se está teniendo perspectiva ni consideración de los derechos de las personas con discapacidad. Necesitamos que las víctimas tengan una justicia verdadera, que las represente. Los abusos ocurrieron, eso ya quedó demostrado con la primera condena. Pero se sigue demorando todo con chicanas”, destacó Ariel, papá de la primera denunciante que tuvo el Caso Próvolo y que pasó a ser identificada a lo largo de toda la causa como Testigo de Identidad Reservada 1.
De la impotencia al pedido de justicia
El 25 de noviembre de 2016, Ariel se enteró de los primeros –y tenebrosos- detalles del incipiente Caso Próvolo por los medios de comunicación. “Media hora antes de que empezara a salir en los medios, me habían llamado de la fiscalía y me dijeron que mi hija había denunciado y que, a partir de ese momento, iba a quedar identificada como Testigo de Identidad Reservada y protegida. Al principio, ella comentó que había sido testigo de uno de los abusos. Pero luego, en la medida en que amplió su declaración, tomó fuerza y dijo que había sido víctima también. Fue todo muy difícil para mí”, recuerda Ariel a cinco años de ese día en que su vida cambiaría para siempre.
Según sus propias palabras, a Ariel y su familia se les vino el mundo abajo y sentían que no habían vivido esos últimos años. “Es mi primera hija, hipoacúsica, y verla tan vulnerable, como un tesoro sagrado que estaba aprendiendo a manejarse hizo que se me desmoronara todo. Yo la llevé al Próvolo porque vi que iba a poder aprender cocina y que tenía otros talleres, creí que era lo mejor para ella. Pero también noté que en un momento no quería ir más al lugar. Realmente nunca me imaginé que era porque estaba pasando eso, que estaban abusando de ella y sus compañeros y compañeras en un lugar así, entre curas y monjas. Esa es mi impotencia ahora”, reconstruye con una voz que cada vez se apaga más al repasar esos días, esas semanas posteriores.
Cada vez que su hija debía regresar al Próvolo, la niña lloraba, mientras que Ariel no terminaba de entender el porqué de esa secuencia. “Ella se ponía firme y decía que no quería ir, y yo pensaba que era algo característico de la adolescencia. Al ser mi primera hija, yo estaba empezando a lidiar con una adolescente, y a ello se sumaba su condición de hipoacusia que hacía que fuese todo más difícil de entender. Lo que es peor es que en la familia estábamos relativamente tranquilos, porque se suponía que dentro del Próvolo había una profesional que justamente tenía la función de acompañar a los chicos y chicas que estuviesen atravesando un momento así. El detalle es que esa psicóloga es una de las que está siendo juzgada ahora por ocultadora. Te das cuenta de que todo era un circo y que el encubrimiento fue increíble”, sigue Ariel.
Desde el momento en que la entonces adolescente –quien hoy ya tiene 30 años y ha conformado su propia familia- se convirtió en la denunciante clave, su padre, su madre y sus hermanas se convirtieron en un bloque de contención recíproca. Y nunca se abandonaron uno al otro. Estuvieron desde el primer momento juntos marchando por las calles mendocinas, pidiendo justicia y visibilizando los años oscuros en el instituto católico.
La condena, algo de alivio y lo que falta
Tres años después de que esas primeras denuncias salieran a la luz y más víctimas fueran animándose a denunciar los ataques sexuales que sufrieron, el 25 de noviembre de 2019 se conoció la condena contra Corradi, Corbacho y Gómez. A principios de agosto de ese año había comenzado el juicio en el Fuero Penal de la Justicia de Mendoza y a lo largo de esos más de tres meses se reprodujeron las cámaras Gesell en las que las víctimas denunciaban y detallaban los abusos de los que fueron víctimas. Otros testigos declararon y, cerca del mediodía de ese lunes 25 de noviembre de 2019, el tribunal dio lectura a la histórica condena. Los sacerdotes Corbacho y Corradi fueron sentenciados a 45 y 42 años de prisión, mientras que Gómez fue condenado a 18 años de cárcel. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de abuso sexual simple, abuso sexual agravado y corrupción de menores (todos los chicos sordos y las chicas sordas abusadas tenían menos de 18 años al momento de los ataques sexuales).
La condena fue transmitida en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial de Mendoza, mientras que a los Tribunales provinciales habían llegado camarógrafos y reporteros de distintas partes del mundo. Porque, más allá de lo resonante del caso y de contar con dos curas imputados (en la primera causa, más las dos monjas de la segunda causa del caso Próvolo), el caso en Mendoza había permitido reflotar denuncias similares en las sedes del instituto Próvolo de Verona (Italia) y de La Plata (Buenos Aires). En ambas denuncias estaba involucrado Corradi, y recién en Mendoza le había llegado el momento de enfrentar a un tribunal y ser condenado.
“El día de la condena a los curas, yo estaba un poco más tranquilo. Fue el día más alegre desde que comenzó el juicio, por decirlo de algún modo. Porque esa condena permitió que no en la actualidad no exista más el instituto y todas sus sedes estén cerradas. Recuerdo que ese día le dije a mi hija que se había empezado a acabar todo. El mundo pudo entender que las víctimas y sus familias decíamos la verdad, fue un momento muy especial”, destacó Ariel.
Ese día también comenzó la lucha en pos de que haya una condena igual de ejemplar para las grandes encubridoras y facilitadoras de los abusos, según se desprendía de las denuncias de las víctimas. Se trata de las 9 mujeres que, desde mayo de este año, están en juicio e imputadas como autoras de algunos abusos –en el caso de una de las dos monjas acusadas- y como encubridoras y partícipes de los hechos por los que ya fueron condenados los curas.
“Ahora, con más razón y que todos saben lo que sucedió en el Próvolo, no entendemos que se siga dilatando el juicio. Creímos que iba a ser más fácil al ya haber una primera condena que confirmaba los abusos, pero todo se está dilatando. Lo que están intentando hacer es callar al Caso Próvolo. Hace un tiempo se le negó a la prensa hablar del juicio y nosotros nos hemos manifestado para evitar eso. Los hechos ocurrieron, los curas fueron condenados y hoy estamos frente a una de las principales ocultadoras, una monja que ocultó una violación con pañales”, destacó con impotencia Ariel.
