El segundo de los mega juicios por abusos sexuales cometidos en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo), caso que incluye ataques sexuales, corrupción y maltrato a niños sordos y niñas sordas que estudiaban y dormían en el lugar, comienza a llegar a su fin en el Polo Judicial Penal de Mendoza.
Por el caso ya hay 4 condenados -los dos curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, el ex jardinero Armando Gómez y el ex monaguillo, Jorge Bordón-, todos ya confirmados como autores de los abusos sexuales y con penas que van desde los 45 años de cárcel (en el caso de Corbacho) hasta los 10 años, en el caso de Bordón (se acordó esa condena en un juicio abreviado y luego de que el ex monaguillo confesara la autoría de los abusos). La sentencia contra Bordón se conoció en 2018, mientras que la de los tres restantes se emitió en noviembre de 2019.
En este segundo juicio (o tercero, si se tiene en cuenta que, aunque estaban en la misma causa, la condena a Bordón se dio en un proceso distinto a las de los curas y Gómez) hay 9 mujeres imputadas. Y sobre ellas pesan distintas imputaciones, que van desde autoras de algunos abusos hasta encubrimiento y participación primaria. Lo que debe determinar el tribunal en este caso es la participación de estas mujeres (entre las cuales hay dos monjas, la representante legal del lugar, 4 ex directoras, una cocinera y una psicóloga) en los episodios por los que ya fueron condenados los 4 abusadores.
Pero, además, hay también denuncias concretas por abusos cometidos contra los niños y las niñas por una de las imputadas, la monja japonesa Kumiko Kosaka, quien más comprometida se encuentra en base a las imputaciones y acusaciones con que llegó al juicio.
Clima hostil
Luego de casi 3 meses de alegatos (en calendario), en las últimas horas culminó la exposición de todas las partes (fiscalía, abogados querellantes -de las víctimas- y abogados defensores) en lo que tiene que ver con los pedidos de resolución del juicio y enfocados únicamente en las acusaciones contra Kosaka. En un ambiente por demás tenso y hostil, en especial luego de que los abogados de la monja acusaran al fiscal y los abogados de los ex alumnos de mentir y “contaminar” las declaraciones de los denunciantes, los pedidos de las partes quedaron bien definidos.
Por un lado, el fiscal Alejandro Iturbide y los abogados de las víctimas -representadas por Sergio Salinas, Oscar Barrera y Lucas Lecour, entre otros- solicitaron para la monja la condena de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde hayan menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.
En ese sentido, durante su exposición, Iturbide y los abogados de las víctimas de los abusos ahondaron en que está probado que la religiosa japonesa es autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores.
A su turno, los abogados de Kosaka -con Carlos Varela Álvarez a la cabeza- solicitaron la absolución de la monja e insistieron en que lograron demostrar “con certeza que Kosaka no participó, ni supo, ni vio ninguno de los hechos que durante años la han señalado falsamente”. Además, acusó al fiscal y a los querellantes de haber “demonizado” la imagen de Kumiko Kosaka durante la investigación y durante el juicio que está en marcha.
Tanto Iturbide como los abogados de las víctimas recogieron el guante ante esta acusación y, al momento de la réplica, acusaron a los abogados de Kosaka de haber mentido en la valoración de la prueba. Además, enérgicos, solicitaron al abogado que trate correctamente a las víctimas y no les falte el respeto.
Ya finalizados los alegatos del debate en lo referido a las imputaciones que pesan sobre Kosaka, se pasó a un cuarto intermedio y el lunes 14 de agosto se reanudarán las audiencias, esta vez para continuar con los alegatos que involucran a la monja Asunción Martínez (superiora de Kosaka), a la ex representante legal del lugar, Graciela Pascual, y a las ex directoras, la psicóloga y la ex cocinera, todas con desempeño en el Próvolo durante los años en que se cometieron los abusos ya confirmados en el primero de los juicios contra los curas, Gómez y Bordón.
A diferencia de Kosaka, que tiene imputaciones como autora -en conjunto con aquellas como partícipe y encubridora-, las otras 8 imputadas tienen acusaciones como partícipes primarias y necesarias (también como encubridoras).
De 25 años de prisión a absolución, los dardos cruzados al momento de pedir las condenas contra la monja Kosaka
A principios de mayo comenzaron los alegatos en este nuevo juicio contra 9 mujeres que se desempeñaban en el Próvolo mendocino en los años en que se cometieron los abusos. Se trata de la continuidad del caso por el que ya habían sido condenados Bordón (a 10 años de prisión), Gómez (a 18 años de cárcel) y los curas Corradi y Corbacho a 42 y 45 años de prisión, respectivamente. Corradi falleció en julio de 2021, en un hogar para ancianos donde cumplía con su condena en la modalidad de prisión domiciliaria. Y lo hizo siendo cura, puesto que el único que puede expulsarlo de esa condición es el Papa, aunque la investigación canónica no llega a una sentencia aún. Por esto mismo es que Corbacho, detenido en la cárcel de Boulogne Sur Mer, continúa siendo sacerdote aún también.
De regreso al juicio contra Kosaka y las otras 8 imputadas, a comienzos de mayo comenzaron los alegatos. Quien primero expuso fue el fiscal, Alejandro Iturbide, quien se explayó en toda la prueba que -considera- compromete y prueba que la monja es autora y partícipe de distintos abusos sexuales contra ex alumnos y ex alumnas del Próvolo.
El 19 de mayo, al momento de terminar su exposición, Iturbide solicitó 25 años de prisión para Kosaka, además de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos educativos y de cuidado a niños, niñas y adolescentes.
Luego de los alegatos y del pedido del fiscal, fue el turno de los abogados que representan a los denunciantes, muchos de ellos ya víctimas confirmadas durante el primero de los juicios. El pedido de pena de la querella fue el mismo que el de la Fiscalía: 25 años de prisión para Kosaka.
Y fue el jueves 8 de junio pasado cuando comenzaron con sus alegatos los abogados Carlos Varela Álvarez, Enoc Ortiz y Valeria Corbacho. A lo largo de 17 días (hábiles), los abogados contestaron las acusaciones de los querellantes y del Ministerio Publico Fiscal. La exposición culminó el lunes pasado
Si bien por disposición de los jueces del tribunal -y a pedido de los abogados de la monja- existe una prohibición para informar en detalle lo que transcurre en la sala de debates -fundada en la protección de los involucrados en la sensible causa-, puertas para adentro; los abogados de Kosaka han recurrido en reiteradas oportunidades a comunicados públicos enviados a algunos periodistas para informar su participación durante el debate.
Precisamente en uno de esos comunicados, viralizados en cadena de WhatsApp el 24 de julio, Varela Álvarez, Ortiz y Corbacho se refirieron a los detalles de su exposición al momento de los alegatos y donde solicitaron la absolución de su defendida.
“Se ha podido establecer la debilidad de las acusaciones basadas en contradicciones, hechos imposibles, mentiras, derivados esencialmente de la contaminación a que han sido expuestos muchos de los testigos y denunciantes”, detallaron en el comunicado los abogados de la monja, dejando bien en claro la hostilidad que se respira en la sala.
“La defensa ha destacado que el sistema de interrogatorio y contrainterrogatorio aceptado por todos, como regla esencial del juicio adversarial, ha permitido establecer la verdad de los hechos en relación a Kosaka, que prueban que jamás tuvo conocimiento de hechos de abuso y que jamás ha realizado acto similar en perjuicio de las personas allí cursantes o albergados”, agregan.
En tal sentido, los abogados de Kosaka sostienen que “se ha dado por tierra con los falsos mitos de la prohibición de la lengua de señas, o de la calidad de la educación, comida o albergue o malos tratos por parte de la religiosa o de la institución y de la calidad de entregadora que se le atribuyó perversamente a Kosaka”.
Además, acusaron a “voluntades ajenas a la verdad” de manipular testimonios y “obtener en la prensa y en la sociedad una versión de horror sobre Kosaka”. Al momento de hacer uso de la réplica, el fiscal acusó a los abogados de las monjas de mentir en la valoración de la prueba. Además, junto a los abogados de las víctimas, solicitaron que se trate con respeto a las víctimas y denunciantes.
Cómo sigue el juicio
A partir del lunes 14 de agosto, cuando se reanude el juicio, será el momento de continuar con los alegatos de las otras 8 imputadas. Según indicaron fuentes judiciales, se estima que aquí los tiempos no se estirarán tanto como ocurrió con la primera de las causas (que involucraba a Kosaka).
Si bien no hay plazos oficiales ni previstos para la finalización de este juicio por los abusos sexuales en el instituto religioso Antonio Próvolo cometidos contra niños sordos y niñas sordas, se estima que podrían restar -al menos- 2 meses más. De esta manera, y de no mediar inconvenientes, la sentencia podría llegar a conocerse antes de que termine el 2023.
