Comenzó la cuenta regresiva y cada vez resta menos para que el segundo de los mega juicios por abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo) tenga su sentencia. Durante la mañana de este lunes, ya finalizados los alegatos en los que hubo pedido de condena -de la parte acusatoria- para 5 de las 9 mujeres que habían llegado al juicio (entre ellas, dos monjas), terminó la etapa de réplica y dúplica, por lo que ahora será el momento del Tribunal de fijar una nueva audiencia para lo que se conoce como última palabra.
Se espera que la fijación de esta audiencia final se oficialice durante la mañana de hoy, ya que los jueces han solicitado que se entregue el convenio a través del cual los responsables del ya desaparecido Instituto Próvolo -al menos en Mendoza cerró sus puertas-, la asociación civil Obra San José accedió a hacerse cargo del resarcimiento económico por el que una de las víctimas de los abusos había entablado una demanda e iniciado un juicio.
Por los abusos en el Próvolo mendocino ya fueron sentenciados a 45 y 42 años de prisión los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, además del ex jardinero Armando Gómez (18 años de cárcel) y del ex monaguillo Jorge Bordón (10 años tras las rejas). Todos fueron condenados en septiembre de 2018 (Bordón) y en noviembre de 2019 (los curas y Gómez) como autores de sistemáticos abusos sexuales contra niños y niñas en el instituto religioso que funcionaba en Carrodilla.
Las mujeres que están siendo enjuiciadas en este momento, en tanto, están en el banquillo y como acusadas de haber sido partícipes de esos abusos, mientras que la monja japonesa Kumiko Kosaka también está acusada como autora de algunos de los ataques sexuales.
QUÉ ES LA AUDIENCIA DE LA PALABRA FINAL Y CUÁNDO TENDRÁ LUGAR
Técnicamente hablando, al entrar en la recta final de cualquier juicio penal y cuando ya finalizaron los alegatos -donde la parte acusatoria y de los abogados defensores se explayan sobre cómo consideran que debería resolverse el debate-, se le ofrece al imputado o a la imputada que haga uso de la “última palabra” antes de que llegue el momento en que los jueces deben elaborar su sentencia.
No es una etapa en la que puedan explayarse demasiado sobre su inocencia, por ejemplo -para eso fueron los alegatos de la parte defensora-, sino que pueden referirse a ellos mismos o ellas mismas y dejar un mensaje final antes de la sentencia.
El segundo de los mega juicios por los abusos sexuales en el Próvolo -si bien este es el tercer juicio de la causa, es el segundo en el que llegan varios imputados juntos a juicio- encuentra en su etapa final a 5 mujeres imputadas de las 9 que habían llegado acusadas al estrado.
Las imputadas, y sobre quienes la fiscalía y los abogados de las víctimas elevaron pedidos de condena, son la monja japonesa Kosaka, su superior Asunción Martínez, la ex representante legal del instituto Graciela Pascual, la ex directora Gladys Pinacca y la ex cocinera del instituto Noemí Paz.
Kosaka se encuentra imputada como autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores.
Tanto Iturbide como los abogados de los denunciantes -la mayoría, ya confirmados como víctimas de los abusos de Corradi, Corbacho, Gómez y Bordón- solicitaron para la monja una pena de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde hayan menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.
Por su parte, los abogados de Kosaka solicitaron la absolución de la monja e insistieron en que lograron demostrar “con certeza que Kosaka no participó, ni supo, ni vio ninguno de los hechos que durante años la han señalado falsamente”.
La ex representante legal Pascual, en tanto, llegó al juicio con 35 acusaciones, de las cuales se mantuvieron tres al momento de solicitar la condena. En este caso, el fiscal y los abogados de los ex alumnos pidieron una pena de 18 años de prisión, además de inhabilitación al considerar a Pascual partícipe por omisión (se considera que no prestó auxilio a las víctimas y encubrió los abusos).
Por su parte, la también monja Asunción Martínez -quien se desempeñó como madre superiora de Kosaka en el Próvolo mendocino- fue acusada por el mismo delito que Graciela Pascual en un hecho y el pedido de pena de la parte acusatoria asciende a 10 años de prisión y 10 de inhabilitación.
Para la ex directora Gladys Pinacca y para la ex cocinera del instituto Noemí Paz, en tanto, los pedidos de condena ascendieron a 3 años de prisión (por lo que sería en suspenso).
La audiencia de “última palabra” deberá tener lugar dentro de los próximos 15 días hábiles -a partir de mañana-, ya que son los plazos que establece la ley.
UN ABOGADO MENDOCINO RECLAMARÁ AL VATICANO Y LA ONU POR UN CURA ENCUBRIDOR
Uno de los abogados que acompaña a las víctimas y denunciantes es Sergio Salinas, integrante de la ONG Xumek. Tanto Salinas como su socio, Lucas Lecour (también miembro de Xumek) fueron designados como miembros de la ONG internacional ECA (Pongamos Fin a los Abusos Clericales, según su sigla en inglés) por Argentina.
Y el propio Salinas solicitó formalmente que la audiencia de “última palabra” en este segundo mega juicio por abusos en el Próvolo mendocino sea fijada lo más cerca posible de la fecha límite del plazo de los 15 días hábiles. Porque Salinas viajará al Vaticano y a Ginebra (Suiza) en representación de ECA -ya estuvo en 2019- y con distintas misiones relacionadas con el Caso Próvolo y otro escandaloso y doloroso caso de abuso eclesiástico registrado en Argentina.
Por un lado, Salinas reclamará en el Vaticano y expondrá ante la ONU la situación actual del Caso Próvolo en Mendoza, tanto en lo que hace a la Justicia ordinaria como a la causa canónica que está llevando adelante la propia Santa Sede. Los curas Corradi y Corbacho (este último ya fallecido) están siendo foco de una investigación eclesiástica que se inició luego de los abusos y que, hasta el momento, no tiene ninguna resolución. Uno de los desenlaces de esta investigación podría ser la expulsión como cura de Corbacho, quien está preso en la cárcel, aunque continúa siendo sacerdote.
Pero, además, Salinas también representará a ECA en la oficialización del rechazo a nivel mundial para que se postule al obispo de Buenos Aires, Víctor Manuel “Tucho” Fernández, como representante de la Doctrina de la Fe en la Santa Sede. Y es que Fernández está denunciado por haber sido encubridor del cura Eduardo Lorenzo, quien abusó sexualmente y de manera sistemática de distintas víctimas cuando eran niños.
En diciembre de 2019, cuando se oficializó el pedido de captura contra Lorenzo por cinco casos de abusos a niños, el sacerdote se quitó la vida. Pero la causa continuó, y Fernández -quien había dispuesto el traslado de Lorenzo luego de que se conocieran las denuncias- fue señalado como encubridor de Lorenzo. Incluso, el propio Fernández organizó una misma en la memoria de Lorenzo días después del suicidio, algo que terminó en escrache luego de que los familiares de las víctimas tomaran conocimiento de la ceremonia y llegaran al lugar.
Lo que más indignación generó fue que la misa en honor a Lorenzo se celebró en la misma parroquia donde las 5 víctimas habían denunciado haber sido abusados por Lorenzo, quien había sido capellán del Sistema Penitenciario Bonaerense.
Es precisamente este obispo, Fernández, quien ha sido postulado ahora para ingresar a la Doctrina de la Fe, postulación que rechazan desde ECA.
