El segundo de los mega juicios por abusos a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo) entró en su recta final. Luego de que la parte acusatoria (el fiscal Alejandro Iturbide y los abogados de los denunciantes) cerraran sus alegatos con los pedidos de pena para las acusadas, a partir de este martes será el turno de los abogados de las 8 mujeres imputadas en dos de las tres causas que se juzgan.
En este segundo mega juicio (tercero de la causa si se tiene en cuenta que hubo uno abreviado y donde condenaron al ex monaguillo Jorge Bordón a 10 años de prisión), se encuentran en el banquillo de acusadas 9 mujeres en total, entre las que se destacan las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, la ex representante legal Graciela Pascual, 4 ex directoras, la ex cocinera del lugar y una psicóloga.
Todas las mujeres están siendo juzgadas como partícipes primarias de los abusos por las que ya fueron condenados en el primer mega juicio los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi -ya fallecido-, quienes fueron condenados a 45 y 42 años de prisión respectivamente, y el ex jardinero, Armando Gómez (fue penado a 18 años de cárcel). Todos ellos, junto con el ex monaguillo Bordón, fueron encontrados culpables y condenados como autores de los múltiples y sistemáticos abusos sexuales cometidos contra niños que estudiaban y dormían en el instituto religioso.
Además, la monja Kosaka tiene acusaciones formales como autora de algunos abusos contra los chicos y chicas, por lo que -en lo referido al pedido de condena realizado por la parte acusatoria- es una de las más comprometidas. La defensa de religiosa, en tanto, pidió su absolución en el juicio.
LAS MONJAS Y LA EX REPRESENTANTE LEGAL DEL PRÓVOLO, CON PEDIDO DE PRISIÓN
A fines de julio culminaron los alegatos en una de las tres causas que es parte de este juicio. En ella, la monja japonesa Kumiko Kosaka se encuentra imputada como autora del delito de autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores.
Tanto Iturbide como los abogados de los denunciantes -la mayoría, ya confirmados como víctimas de los abusos de Corradi, Corbacho, Gómez y Bordón- solicitaron para la monja una pena de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde hayan menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.
Por su parte, los abogados de Kosaka -con Carlos Varela Álvarez a la cabeza- solicitaron la absolución de la monja e insistieron en que lograron demostrar “con certeza que Kosaka no participó, ni supo, ni vio ninguno de los hechos que durante años la han señalado falsamente”. Además, los abogados de la monja acusaron al fiscal y a los querellantes de haber “demonizado” la imagen de Kumiko Kosaka durante la investigación y durante el juicio que está en marcha.
Tanto Iturbide como los abogados de las víctimas recogieron el guante ante esta acusación y acusaron a los abogados de Kosaka de haber mentido en la valoración de la prueba. Además, enérgicos, solicitaron al abogado que trate correctamente a las víctimas y no les falte el respeto.
Por fuera de Kosaka, en las otras dos causas que están en juicio se encuentran las otras 8 mujeres imputadas. Una de ellas, y quien también se encuentra comprometida -a juzgar por el pedido de condena de la parte acusatoria- es la ex representante legal del instituto religioso que dependía directamente del Vaticano. Se trata de la trabajadora social Graciela Pascual, quien llegó al juicio con 35 acusaciones y de las cuales se mantuvieron tres al momento de solicitar la condena. En este caso, el fiscal y los abogados de los ex alumnos pidieron una pena de 18 años de prisión, además de inhabilitación al considerar a Pascual partícipe por omisión (se considera que no prestó auxilio a las víctimas y encubrió los abusos).
Por su parte, la también monja Asunción Martínez -quien se desempeñó como madre superiora de Kosaka en el Próvolo mendocino- fue acusada por el mismo delito en un hecho. El pedido de pena aquí de la parte acusatoria llegó a 10 años de prisión y 10 de inhabilitación.
Para la ex directora Gladys Pinacca y para la ex cocinera del instituto Noemí Paz, en tanto, los pedidos de condena ascendieron a 3 años de prisión (por lo que sería en suspenso). Mientras que Pinacca llegó al debate acusada de partícipe en 30 episodios, en el caso de Paz la imputación la incluye en el mismo hecho por el que fue acusada la monja Martínez.
En ese sentido, el fiscal y los abogados querellantes consideraron que correspondía a Pinacca y a Paz una calificación distinta, y que en lugar del delito de Omisión, es el de Encubrimiento agravado el que cuadra en estos casos. No obstante, como ese delito esta prescripto, solicitaron que se declare inconstitucionales los artículos 60 y 63 del Código Penal, justamente el que establece los casos en que se aplica la prescripción.
A partir de hoy, martes 30 de agosto, se reanudaron las audiencias con los alegatos de las defensas y luego con las réplicas, en caso de que sea necesario. Al cierre de los alegatos, las acusadas pueden hacer uso de la palabra, mientras que luego se conocerá la sentencia del tribunal.
SIN ACUSACIÓN PARA 3 EX DIRECTORAS Y LA PSICÓLOGA
Aunque el juicio inició con las 9 mujeres imputadas en tres causas, al momento de los alegatos de la parte acusatoria, el fiscal decidió no mantener la acusación contra las ex directoras del Próvolo Valeska Quintana, Laura Gaetán y Cristina Leguiza, así como tampoco acusaron finalmente a la psicóloga Cecilia Raffo.
Tanto Quintana como Gaetán llegaron al proceso con dos acusaciones, mientras que Leguiza acarreaba con 11.
“En una clara muestra de objetividad, responsabilidad y transparencia del fiscal Alejandro Iturbide y de los abogados de las víctimas, y ante la falta de pruebas que acrediten con la certeza necesaria para el dictado de una sentencia condenatoria sobre el conocimiento directo de los abusos sexuales que sufrían los niños y niñas que asistían al instituto Próvolo, no se mantuvo la acusación de cuatro de las imputadas”, destacaron en un comunicado los abogados querellantes Sergio Salinas y Lucas Lecour, quienes representan a un grupo de víctimas. Las otras, en tanto, están acompañadas por el abogado Oscar Barrera.
No obstante, en el comunicado firmado por un grupo de los abogados querellantes destacan que el hecho de no se probara el conocimiento directo de los abusos sexuales “no significa que el actuar de las mismas (NdA: las 3 mujeres sobre quienes no se mantuvo la acusación) no haya sido, al menos, imprudente, al no advertir, conforme al rol esencial que tenían dentro de la institución religiosa, la cantidad y gravedad de los abusos sexuales que sufrían permanentemente niños y niñas”.
Además, marcan la diferencia entre las otras imputadas, sobre quienes se mantuvo las acusaciones y se hizo un pedido de condena.
“El Ministerio Público Fiscal y las querellas consideramos que existe la certeza necesaria para el dictado de una sentencia condenatoria, por lo que solicitamos para la ex representante legal del Instituto, Graciela Pascual, la pena de 18 años de prisión e inhabilitación. En el caso de la monja y cuidadora del albergue de niñas y niños pequeños, Asunción Martínez, solicitamos la pena de 10 años de prisión e inhabilitación”, destacan sobre las dos mujeres más comprometidas -según ellos- por las pruebas.
En cuanto a la ex directora Gladys Pinacca y a la cocinera Noemí Paz, se explayaron en el pedido de 3 años de prisión condicional. “En estos dos últimos casos, se las acusó a las imputadas por el delito de omisión de prestar auxilio y encubrimiento agravado”, concluyeron.
