Entre otros objetivos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se propone garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua potable, como así también el acceso a los servicios básicos de saneamiento para todos los habitantes del planeta. Estos derechos, que se colocan al mismo nivel que la educación, la salud y la alimentación, son cruciales para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.
Pero en la Argentina no se están cumpliendo. Hacerlo requeriría de un enfoque integrado para la gestión de las aguas superficiales y subterráneas, considerando a su vez cómo se vinculan a los diferentes sectores de la sociedad.
En nuestro país, el valor social del agua subterránea no puede dejar de asociarse a los importantes beneficios para el abastecimiento potable de la población. Su disponibilidad local y alta confiabilidad, incluso en época de sequías, hacen que sea esencial para el suministro tanto en áreas urbanas como rurales, no solo para el consumo humano, sino también para el riego en agricultura. Todavía más: en muchos sectores de la llanura pampeana suele ser el único recurso disponible como agua para consumo. De ahí que sea esencial considerar el flujo subterráneo como un factor central para alcanzar las metas de la ONU.
El caso del Gran La Plata
En este contexto, zonas como la del Gran La Plata -que incluye a La Plata, Berisso y Ensenada- enfrentan importantes desafíos a la hora de proveer agua potable a su millón de habitantes.
Para abordar la cuestión, conviene diferenciar aquí las áreas urbanas, periurbanas y rurales.
En las urbanas, el abastecimiento del suministro está gestionado por una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina: Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), que brinda el servicio a partir del uso conjuntivo de aguas superficiales (acueducto desde el Río de la Plata) y subterráneas (acuífero Puelche), representando estas últimas aproximadamente el 60% del total abastecido. No obstante, las posibilidades de disponibilidad y distribución de agua a la población chocan con el creciente aumento demográfico y el desarrollo socioeconómico de la Región.
Tanto es así que, en los últimos 20 años, en respuesta al crecimiento poblacional y la consecuente mayor demanda de agua potable, el sistema de abastecimiento de agua vía red pública experimentó fuertes variaciones en el volumen de captación, tanto de fuentes superficiales como subterráneas. Eso hizo que el volumen de producción se disparara en un 80% y que la captación de agua subterránea subiera 36 hm3/año, lo que representa un 48% más de lo que se producía en 2003. A esto cabe agregar que, debido a la antigüedad media de 60 años de las cañerías, en la actualidad hay grandes fugas de agua estimadas en un 45% del volumen total. Esto implica que gran parte del suministro que circula por el sistema de red retorne al sistema subterráneo sin un adecuado aprovechamiento.
La problemática se extiende a las áreas periurbanas, donde existen alrededor de 200 barrios populares con casi 50.000 familias que son abastecidas por la operación de cooperativas locales. El acceso al agua en estos barrios es, en su gran mayoría, a través de conexiones no formales de la red pública y captaciones subterráneas domiciliarias y comunitarias. Algo que plantea serias incertidumbres en cuanto a la disponibilidad y calidad del servicio.
Finalmente, en territorios rurales, la carencia de suministro público lleva a los ciudadanos a realizar captaciones subterráneas autogestionadas, informales, domiciliarias o comunitarias.
Principales desafíos
Como se indicó, este esquema general está fuertemente afectado por los cambios de uso y cobertura del suelo de las últimas dos décadas, como parte de un proceso de urbanización que se vio acompañado por un constante crecimiento poblacional.
En este marco, mejorar el acceso al agua potable, tal como reclama la ONU, requerirá de la readecuación y ampliación de las plantas y redes de agua.
En áreas urbanas, será crucial mejorar la infraestructura existente para satisfacer la creciente demanda. En las zonas periurbanas y rurales, se deberán desarrollar tecnologías sostenibles que se adapten a las características hidrogeológicas y socioeconómicas, por ejemplo, fortaleciendo la calidad constructiva de pozos.
En este sentido, resultará prioritario el rol del Estado para garantizar el acceso al agua segura mediante políticas públicas, inclusivas y efectivas. A riesgo de ser redundantes, cabe insistir en la necesidad de considerar las diversas realidades urbanas, periurbanas y rurales, asegurando un acceso equitativo y sostenible para toda su población.
Con todo, la combinación estratégica multidimensional de enfoques políticos, tecnológicos, administrativos, ambientales y comunitarios, fundamentada en un sólido conocimiento de la hidrodinámica regional, en integración con una óptima gestión del recurso hídrico, y con una participación activa tanto del Estado como de la comunidad será fundamental para el éxito de estas iniciativas. Solo así podremos garantizar un futuro en el que el agua potable sea accesible para todos, contribuyendo al bienestar y desarrollo sostenible al que nos comprometen las Naciones Unidas.
(*) *El autor es geólogo . Además es decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata e investigador Superior del Conicet.
Producción y edición: Miguel Títiro - mtitiro@losandes.com.ar
