La intención del Gobierno nacional de desregular las prestaciones por discapacidad ha generado reclamos por parte de los usuarios, sus familias y los prestadores. Es que aseguran que se trata de un retroceso de años, sobre derechos ganados para asegurar un acceso igualitario a la asistencia en salud y educativa que necesitan.
Se conoció que circula el texto de un decreto que apunta a desregular el nomenclador, en el cual se establecen los valores de prestaciones y servicios que deben ser cubiertos por el sistema de salud en relación a las personas con discapacidad.
Según explican, esto implica que se fija un valor que debe ser respetado por todas las financiadoras de cualquier índole, ya sean obras sociales, prepagas o cobertura estatal. De este modo, según explican los involucrados, se garantiza que indistintamente de la cobertura con la que se cuente y el poder adquisitivo, todos pueden acceder a los mismos niveles y calidad de atención en igualdad de condiciones.
En este marco se incluyen institutos que brindan educación, rehabilitación y otras actividades, transporte, medicamentos y hogares.
En Mendoza hay unas 5.000 personas que dependen de estos servicios y son 110.000 asistidos a nivel nacional. Son brindados por 105 instituciones en toda la provincia y 1.925 en el país.
El nomenclador está establecido en la Ley 24.901 de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad en Argentina y determina los derechos y beneficios que deben recibir ellas en el país. Los reclamantes explican que de eliminarse, cada obra social o prepaga fijará sus propios valores lo que implica que quienes presten el servicio opten por quienes ofrecen un mejor valor. Esto implicaría que quienes tienen una cobertura que paga menos tengan más dificultades para acceder ya que los servicios tienen cupos, o que deban esperar o pagar de su bolsillo la diferencia. Además, advierten que favorecerá que se generen servicios de distinta calidad en el caso de los que reciban menores valores lo que implicaría que haya servicios de primera calidad y de segunda para quienes tienen menos poder adquisitivo.
“Con esta medida insensible retrocedemos 25 años”, aseguró Laura Triviño, madre de un chico con discapacidad y una de las personas que lideró en Mendoza junto a otras familias, la adhesión de la provincia a la mencionada ley nacional. Fue una lucha ardua a la que le pusieron cuerpo y alma allá por 2011 y hoy volvieron a encontrarse. “Ayer en la Legislatura nos encontrábamos con las mismas madres de aquella vez”, contó.
Disposiciones
El texto de referencia es el Proyecto de Decreto N°/O 25, según detalla el Foro Permanente de Promoción y Derechos de las personas con discapacidad, que ha advertido sobre las consecuencias y, junto a otras entidades, lanzado un petitorio para recolección de firmas a través de la plataforma Change.org.
“Pese a que funcionarios del Gobierno nacional desmentían la implementación de dicho proyecto, hoy podemos comprobar que el mismo avanza y ya está con dictamen firmado el 24/05/2024 por la Secretaría de Legal y Técnica. Ahora solo falta la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Alberto Francos y el Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei”, publicó la organización.
Y replicó su contenido: “Se determina que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley 24.901 y su modificatoria fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.
Como ante otras situaciones similares, el reclamo ganó la calle para hacerse visible y el miércoles se realizaron marchas en diversas provincias de las que participaron usuarios de los servicios, familias y prestadores para pedir que no se hagan modificaciones. En Mendoza, la convocatoria llegó hasta la Legislatura donde fue entregado un pedido por parte de las familias a los legisladores.
“Es un proyecto de decreto que es algo distinto a una ley, porque solo requiere firmas, no pasa por el Congreso, no se debate y la vía es mucho más rápida para que se modifique algo”, dijo Triviño con preocupación.
Refirió que se trata de un retroceso en cuanto a derechos ganados, en particular para aquellos con menores recursos y detalló que en Mendoza hay más de 200.000 personas con discapacidad y que la mayoría son niños y jóvenes que son los que usan estos servicios para asistir a un tratamiento o atención de su salud de otra índole, para ir a un instituto o al colegio.
La solicitud de firmas reclama que no se desregule el Nomenclador y que haya un aumento de aranceles ya que además aseguran que los que se pagan actualmente están muy desactualizados
Refieren que la norma actual asegura el acceso a los tratamientos necesarios y servicios de manera oportuna, sin discriminaciones, para garantizar su calidad de vida y su pleno desarrollo. Puede firmarse en la plataforma.
Para Triviño, los prestadores optarán por prestar servicios a los financiadores que ofrezcan mejores valores, y quienes paguen menos se quedarán sin prestadores o deberán abonar la diferencia de su bolsillo. Explicó que desde Mendoza se está alzando fuerte la voz porque en la provincia ya está sucediendo. Dijo que la obra social de los empleados públicos locales, OSEP, paga hoy un valor muy inferior al nomenclador a quienes les prestan servicios.
“OSEP tiene su propio nomenclador, hoy está pagando hasta 45% menos de que lo dice el nomenclador nacional entonces hoy las familias de OSEP se encuentran con que no pueden acceder a ciertos institutos porque no la reciben o no podemos conseguir transporte porque lo que pagan es una risa”, explicó.
“Hoy el valor nacional por transporte es $700 pesos por kilómetro recorrido y OSEP paga $363 por el mismo servicio”; detalló y luego agregó: “Las familias tienen que sacar préstamos para pagar la diferencia que cobra el transportista por llevarlos”.
Consideró que ante esto la gente se va abocar al sistema público y que se van a perder muchas fuentes de trabajo.
“Es que es un pedido de empresarios de obras sociales y prepagas, hacerlo sería quebrar el servicio de prestaciones y no volver a como es ahora porque ningún otro gobierno va a querer reestablecerlo”, dijo con dureza. “Tenemos que luchar con uñas y dientes”, afirmó. Por eso dijo que están pensando en armar una “movida nacional con las mamás”.
Prestadores
Gustavo Kreschma, director general de Naranjito y coordinador de la filial de Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos en Mendoza es la voz local del Foro. Remarcó que se quiere volver a un sistema que había hace décadas cuando no había nomenclador ni nadie que regulara.
“A las instituciones les afecta porque se rompe el sistema; lo que tiene actualmente Argentina es un sistema de hace más de 25 años que es orgullo a nivel regional y a nivel mundial”, afirmó Kreschma.
Consideró que va a producir es una desigualdad en la accesibilidad de las personas con discapacidad porque las obras sociales que tengan mayor poderío económico van a contratar instituciones, van a fijar los aranceles, y las instituciones en vez de trabajar con forma universal la atención, sin importar qué cobertura médica tengas, va a elegir a quien le pague más”, detalló para entender de qué se trata.
Esto dificultará el acceso porque tienen un cupo dado que trabajan con personas que requieren atención específica y hay una capacidad determinada. “O van a tener prestaciones de baja calidad, porque ya no va a haber un sistema que te obligue a cumplir con ciertos estándares en cuanto a cantidad de horas profesionales que tiene una institución, cantidad de personas atendidas por grupo, una serie de cosas que hacen que eso tenga un costo”, dijo Kreschma en relación a que además las instituciones que reciban gente de prestadoras que pagan menos reducirán sus costos e incluso cree que algunas deberán cerrar.
