Un fiscal salteño ampliará mañana la imputación inicial a un médico investigado por la supuesta venta de plasma de convaleciente para pacientes con coronavirus, que está acusado de tentativa de fraude a la administración pública, y le agregará el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.
Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, citó al médico Martín de la Arena para mañana, miércoles 21 de octubre, a las 10, para ampliar la imputación inicial que pesa sobre él.
El profesional se encuentra acusado del delito de tentativa de fraude a la administración pública en dos hechos, en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial.
Ahora, el fiscal le imputará el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, también en carácter de autor.
En el decreto de imputación, Flores repasó las actuaciones iniciadas de oficio el 26 de septiembre pasado, con la posterior imputación por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración pública en dos hechos, en grado de tentativa en concurso real y en el carácter de autor.
Los voceros indicaron que el fiscal entendió que debe ampliarse la imputación contra el médico porque, en su carácter de director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, incumplió las normativas que regulan la incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón.
Flores agregó que de la Arena, como director del Centro de Hemoterapia Regional (CRH) de la Provincia de Salta, habría intervenido simultáneamente como socio gerente de la empresa Hemosalta SRL, entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía para la ejecución del servicio.
El CRH se creó en 2009, y De la Arena fue designado en julio de 2010 como director, mientras que, en abril de 2013, el Ministerio de Salud Pública aprobó el convenio de Suministro de Sangre Humana y Componentes Sanguíneos con la empresa Hemosalta SRL.
Sucesivamente, en diciembre de 2013 y luego en 2016, el imputado fue designado nuevamente en el cargo.
Del informe remitido por el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), surgió que la empresa Hemosalta SRL es prestadora de esa obra social y que desde 2002, su titular es De la Arena.
El IPSS adjuntó al informe el detalle de las prestaciones facturadas por la empresa Hemosalta SRL de 2019 a 2020, con los códigos facturados de prácticas de hemoterapia por transfusión de plasma, glóbulos rojos, sangre sin leucocitos, plaquetas o leucocitos y crioprecipitados.
El fiscal de Delitos Económicos Complejos consideró que se violentó el bien jurídico protegido, es decir la “administración pública”, y que se comprobó, a prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionario, a sabiendas que estaba interviniendo en un contrato u operación como funcionario público y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada.
El médico fue imputado el 5 de octubre pasado, por el delito de tentativa de fraude a la administración pública en dos hechos, en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial.
En su condición de socio gerente de Hemosalta SRL, dedicada a la realización de servicio transfusional hospitalario, y siendo prestador de la obra social provincial Instituto Provincial de Seguros de la Salud de Salta (IPS), habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC-plasma (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.
La primera presentación fue rechazada por la obra social, porque pretendía el pago de $69.000, y asimilaba la práctica como la de plaquetoferésis, y posteriormente solicitó, a través de una nota a sanatorios y clínicas privadas, el cobro de $30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPSS.
En otra causa, pero también relacionada a la investigación de la supuesta venta de plasma de convaleciente para pacientes de coronavirus, la directora del CRH, Betina Saracino, fue imputada el 8 de octubre pasado, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autora.
