El Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) de Mendoza anunció la actualización de multas por fallas en el servicio de agua y cloacas, tras 26 años sin sufrir cambios.
A través del Boletín Oficial, la entidad modificó el marco regulatorio con la Resolución 135 y actualizó los precios en base a los aumentos tarifarios que aplicaron los operadores durante todos esos años, por lo que las multas aumentaron un 5000%.
Las cifras mínimas, por ejemplo, pasaron de $5.000 a $250.000; y por sanciones más graves, Aysam y el resto de los prestadores del servicio podrían pagar hasta $25 millones.
“La resolución simplemente viene a actualizar los valores de las sanciones que se le aplicaban a los operadores en ese momento, hace 26 años que no se actualizaba esto”, comenzó diciendo al respecto Mario Darque, director del EPAS, en diálogo con Los Andes.
El funcionario aseguró que se trata de “una herramienta que hay que implementar porque va de la mano con toda la crisis hídrica que está declarada en la provincia”: “Con esta política general orientada tanto al que consume como al administrador de agua, tenemos que estar concientizando que debemos controlar el tema del agua”, completó.
Desde 1996, cuando se privatizó el servicio y la empresa prestadora se convirtió en OSM S.A., en Mendoza regía la Resolución 35, que establecía sanciones de hasta $10.000 según “la gravedad del hecho”.
“El modo de actualizar ha sido mediante los índices que fueron aplicándose a las actualizaciones de las tarifas de Aysam. Aysam anualmente pide los ajustes de tarifas, y así fue que sucesivamente se fueron aplicando los aumentos en el agua, que son los ajustes tarifarios”, explicó Darque sobre el método de renovar las multas.
Aunque reconoció que “los valores que nosotros tenemos de una a otra suenan importantes”, en referencia a la diferencia absoluta entre las multas de 1996 y las de ahora actualizadas, el director del EPAS manifestó que “este es un llamado de atención hacia el operador, a los efectos de que se cuiden las clandestinidades, el uso inadecuado del agua, y demás”. Aysam, en tanto, prefirió no referirse al tema, ante la consulta de este diario.
SANCIONES Y MULTAS
Con la premisa de “la nueva realidad hídrica provincial y en la necesidad del uso racional del recurso hídrico, particularmente el uso humano del agua potable”; se considerarán “consecuencias graves las que, por su naturaleza y duración, comprometan la regularidad, continuidad o calidad en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento”, según indica la resolución. De esta manera, el EPAS resolvió cuatro tipos de clasificación para cortes sancionables, en base a la cantidad de usuarios afectados.
Pero el mayor impacto de la actualización surge de las cinco categorías de multas, que van desde los $250.000 hasta los $25 millones, dependiendo de la reincidencia, la duración de los cortes e inundaciones de efluentes cloacales, entre otros factores.
“Cuando hablamos de la categoría 1, que era hasta $5.000, con esta actualización es hasta $250.000. La que le sigue es hasta $500.000, y anteriormente era hasta $10.000. Una falta de presión de agua, por ejemplo, tiene una base del orden de los $5.000 a los $130.000″, ejemplificó Mario Darque.
A partir de esta nueva normativa, “uno tiene una base, un punto de partida, para aplicar las sanciones”, explicó, aunque aclaró que “se evalúa cada zona”.
Al parecer, la aplicación de las multas no sería inmediata, ya que el director del EPAS dijo que el directorio está empezando “una política de concientización y de control”: “Tomaremos dos o tres meses para empezar a aplicar la norma con valores actualizados”, sentenció.
LA IMPORTANCIA DE LOS RECLAMOS
Por otro lado, Mario Darque hizo hincapié en los reclamos, que pueden surgir a partir de los los vecinos o de los propios inspectores del EPAS: “Es la única forma de que podamos llevar registro y dar prioridades. Como ente de control, nosotros oficialmente tenemos todas las herramientas legales para sancionarlos en caso de que no cumplan con las normas”. Por eso, el funcionario destacó la importancia de que los usuarios hagan el reclamo ante el EPAS, en caso de que Aysam u otros prestadores no solucionen las fallas.
El director del EPAS no dudó al afirmar que “son numerosos los reclamos”. En el 2020, por ejemplo, “hubo 905 reclamos registrados oficialmente por falta de suministro de agua de Aysam; y 37 más por los operadores de gestión comunitaria. Por falta de presión, en el 2020 hubo 196 por Aysam y 15 por nuestros inspectores”, detalló el funcionario.
En el 2022, sin embargo, el EPAS registró 54 reclamos por Aysam y 2 por los operadores de gestión comunitaria, según datos aportados por el director. “Evidentemente, Aysam ha mejorado el tema de la presión del agua”, analizó Darque, y agregó que “incluso van a tener que ajustar y vigilar las conexiones clandestinas, porque ahí tenemos una pérdida de agua que necesitamos que alguien se ocupe y dé algún tipo de solución”.
Otra de las medidas urgentes para el funcionario es la aplicación de medidores de consumo, ya que “sin medir no vamos a poder saber qué debemos hacer”. “El medidor le va a ayudar tanto al usuario, a abonar lo que realmente consume; como a los operadores, para saber la medición del caudal inicial que ingresa al sistema y las pérdidas controladas”, explicó Darque.
En conclusión, el director del EPAS aseguró: “Estamos todos abocados a la problemática de la crisis hídrica. Estas son herramientas que estamos implementando para ayudar, como las sanciones y las mediciones”.
