Bruno Nicolás Bussanich tenía 25 años, era hincha fanático y socio de Rosario Central y llevaba poco más de un mes trabajando en la estación de servicio Puma, ubicada en la zona oeste de Rosario (Santa Fe). A las 22 del sábado pasado, mientras Bruno se encontraba en una oficina de la estación ubicada el sector de GNC, otro joven –encapuchado- se acercó hasta el lugar y, desde afuera y sin siquiera decir una palabra, estiró su brazo hasta quedar a pocos centímetros de Bruno, le disparó a quemarropa a la altura del pecho y huyó. Toda la secuencia tomó apenas tres segundos.
Bruno, quien falleció en el acto, ni siquiera conocía a su asesino. De la misma manera en que los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Celentano –asesinados a comienzos de la semana pasada- y el chofer de colectivo Marcos Iván Daiola –falleció el sábado tras ser baleado el jueves último- tampoco conocían a quienes los asesinaron.
Los asesinatos de Bussanich, de Figueroa, de Celentano y de Daiola tienen algo en común: todos fueron ultimados por sicarios y en medio del enfrentamiento entre bandas narcos rosarinas y el Gobierno de esa ciudad.
“Esta guerra no es por territorio, es contra (NdA: el gobernador de Santa Fe, Maximiliano) Pullaro y (el ministro de Seguridad y Justicia Pablo) Cococcion. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar más inocentes por año”, se lee en la cruda nota de amenaza que se encontró en el lugar en que Bruno fue asesinado el sábado.
“Lo nuevo de todo esto son las muertes, esta cadena de muertes. Pero no estamos hablando de otra cosa, la inseguridad viene de hace tiempo ya, excepto por las cuatro muertes –dos taxistas, un colectivero y un playero- de inocentes”, destacó Alejandro Di Palma, dueño de la estación de servicio donde fue asesinado el joven de 25 años por un sicario, a Los Andes.
“Reclamamos abiertamente el tema de seguridad, necesitamos que haya resultados concretos. Todas estas secuencias de películas, filmaciones y fotos que se ven ahora son parte de una ficción. Nosotros necesitamos que se resuelva esta realidad”, destacó el hombre a Los Andes.
“Después de lo que pasó acá en la estación de servicio el sábado, ayer (por el domingo) yo pedí que pusieran una guardia policial, y ni siquiera me la mandaron. Me dijeron que no podían porque no hay gente. Pero vos no podés iniciar una guerra para la que, resulta, no tenés ejército”, se quejó el empresario.
Esta mañana, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri participaron de una conferencia de prensa en la que anunciaron un mega despliegue de fuerzas de seguridad nacionales en las calles rosarinas y una lucha sin tregua contra el narcotráfico. Hace exactamente 10 años, en abril de 2014, también el Gobierno nacional anunciaba lo mismo en una Rosario que ya estaba cercada y en jaque por este delito.
“Ahora van a hacer un operativo saturación durante los próximos días, algo que ya se hizo hace unos años. Y los resultantes de todas estas maniobras diseñadas para propender a combatir el narcotráfico se ven en el día a día. Esto ya se anunció y no cambió nada, no creo que haciendo lo mismo que ya se hizo vaya a haber resultados”, siguió el dueño de la estación.
A SANGRE FRÍA
El sábado 9 de marzo, cerca de las 22, Bruno Bussanich se encontraba en el interior de una oficina con salida al playón de la estación de servicio ubicada en calle Mendoza al 7.600, en Rosario. El sector donde estaba Bruno era el de GNC, y fue en ese momento en que –según se observa en las cámaras de seguridad, fue sorprendido por otro joven quien –con una campera con capucha (la tenía puesta en ese momento para cubrirse el rostro)-, llegó desde la calle, se paró al lado de él y le disparó sin mediar palabras.
“En ese momento, en la estación de servicio, había 3 personas trabajando. Bruno estaba en la parte de GNC y me enteré de lo que había pasado porque los compañeros avisaron todo en un grupo de WhatsApp que tenemos con la gente de la estación”, resumió Di Palma.
La consternación por los cuatro asesinatos registrados en Rosarios durante la última semana trascendió los límites de esa ciudad y de la provincia de Santa Fe. No solo por lo sangriento de los episodios en sí, sino por la nulidad de conexión entre las víctimas entre sí y con los sicarios que los ultimaron. Y, por ende, por el mensaje que se intenta dar.
“Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes”, concluye la nota –manuscrita- que se encontró en la estación de servicio donde fue asesinado Bruno el sábado. “Zona norte, zona sur, zona oeste unidos”, es la intimidante firma de la amenaza.
Teniendo en cuenta que las víctimas son trabajadores –en estos casos de servicios esenciales- y no hay conexión entre ellas, sumado a la advertencia de la nota, el mensaje parece ser claro: los peligrosos delincuentes (vinculados al narcotráfico) han decidido ir contra ciudadanos elegidos “al azar”, pero con consecuencias que no solo amedrenten a los otros rosarinos, sino que –además- mantengan sitiada a la ciudad.
Tras la muerte de los colectiveros, la UTA (Unión Transportista Argentina) anunció un paro por tiempo indeterminado en el servicio de transporte público en esa ciudad. Además, luego de la reciente muerte de Bruno Bussanich, las estaciones de servicio anunciaron que suspenderían la atención al público en horario nocturno (entre las 22 y las 6).
“Bruno era un chico que empezó a trabajar el 1 de febrero, que necesitaba un laburo. Y en poco más de un mes tuvo la mala suerte de estar en el momento más inoportuno. Pero si no hubiese sido Bruno, hubiese sido cualquier otro trabajador. Es claro que se está buscando dar un mensaje. Fue toda una secuencia a quemarropa; no fue un robo, fue un asesinato. Y buscaron un lugar cinematográfico que garantice que iba a ser visto por todo el mundo como está pasando con el video”, lamentó Di Palma.
La estación de servicio Puma que pertenece a este hombre, y donde trabajaba Bruno, se encuentra en la zona oeste de Rosario, a unas pocas cuadras del club más notable de la Ciudad, el Jockey Club Rosario.
ENTRE EL MIEDO Y EL RECLAMO
Luego de la seguidilla de asesinatos perpetrados por sicarios en Rosario –fueron cometidos entre el martes y el sábado pasados-, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan esclarecer el asesinato de Bruno –por un lado- y otros 10 millones para quienes hicieran lo propio con los asesinatos de los dos taxistas y del colectivero.
La sangrienta ola de asesinatos en Rosario se sucede como consecuencia de las últimas medidas restrictivas dispuestas por Pullaro y con respecto a las controles, requisas y visitas a detenidos en el Sistema Penitenciario de Santa Fe, dentro de los presos de alto riesgo y vinculados a delitos de narcotráfico (emulando al presidente de El Salvador, Nayib Bukele). Y es que los propios hechos evidencian que muchos ataques y golpes se siguen craneando desde las celdas.
En una de las últimas requisas en la unidad penitenciaria 11 –donde están detenidos sicarios y otros internos peligrosos- hallaron cuchillos, teléfonos celulares y hasta la tarjeta SIM de un celular.
“Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros familiares. Va a haber muerte de inocentes. Taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes” fue el aterrador mensaje que se leyó en un pasacalle que apareció el sábado pasado en Autopista y Circunvalación, también en Rosario. Ese mismo día ejecutaron de un balazo a Bruno.
“Lo que se vive en las calles de Rosario es inseguridad, y ese es el reclamo de todos los vecinos. Se necesitan acciones concretas. El Estado no se puede desentender y esto no es contra el gobierno de Pullaro, ya que esto es algo que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. Ya no hay más justificativos. Hasta ahora, toda esta acumulación de tropas, de llegada de personal de las fuerzas de seguridad, ya pasó, ya se ha visto y no dieron resultado”, concluyó Di Palma a Los Andes.