El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente de la Nación Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial durante los primeros minutos del jueves 21 de diciembre revolucionó y convulsionó a distintos sectores de la sociedad, así como también a oficinas y dependencias públicas. Y una de ellas, sin dudas, es la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), de la que dependen las oficinas provinciales y que -desde hace 65 años- tiene una participación activa, ineludible y mecanizada al momento de comprar y vender vehículos.
Aunque no ahonda en demasiados detalles técnicos ni en la manera en que se hará la transición, la norma firmada por Milei y que cumple hoy una semana de vigencia apunta a la digitalización de la mayoría de los trámites, así como también a la eliminación de otros.
En pocas palabras, el DNU establece que estas dependencias dejen de funcionar como “ventanillas de cobro” de impuestos ajenos a la dirección nacional y elimina la emisión y renovación físicas de la tarjeta verde (pasa a no tener fecha de caducidad) y de la tarjeta azul (desaparece). Todos estos trámites, además, pasarán a cumplimentarse por internet y sin tener que asistir presencialmente a las oficinas seccionales.
A modo de efecto colateral de estos cambios, la lupa (con un signo de interrogación que siembra incertidumbre en su funcionamiento a futuro) se posa también en las conocidas plantas de Verificación Física del Automotor. Y es que, al eliminarse trámites físicos y apuntarse a la documentación y firmas digitales, las seccionales del Registro Automotor ya no emitirán tarjetas ni documentación clave, sino que todo quedará centralizado en la Dirección Nacional.
Si bien el decreto nada dice sobre las plantas verificadoras y su funcionamiento con esta modificación integral -ni siquiera las menciona-, en Mendoza la incertidumbre ya está instalada entre sus encargados. Y tiene que ver con el detalle de que, de acuerdo a lo detallado en el DNU, cualquier vehículo que se venda o se compre se inscribiría y traspasará con un simple trámite on line.
Más allá de las elucubraciones, al igual que los responsables de las seccionales de los Registros de Propiedad Automotor, los encargados de las plantas prefieren ser cautos y esperar a ver cómo se acomodan y van cuadrando las modificaciones en la realidad.
“Hay muchas cosas en las que aún no se sabe cómo se van a aplicar los detalles que plantea el DNU. Nosotros estamos atentos, leyendo la letra chica, para ver qué va a pasar con las plantas. Hay expectativa”, confirmaron a Los Andes desde el Centro de Policías Retirados de Mendoza (Cerpol), que son quienes administran las plantas verificadoras en la provincia.
Y, al igual que ocurre con las seccionales del Registro de Propiedad Automotor, desde Cerpol explicaron que, de momento, continúan trabajando como lo han venido haciendo tradicionalmente.
Incluso, el propio ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona ya se encargó de aclarar aquellas furibundas versiones que sostienen que los encargados de los registros se hacen millonarios con estas dependencias. Y esto no hace más que incrementar las dudas sobre la factibilidad de aplicar los cambios, tal y como han sido planteados.
“La gente no está informada sobre cómo se maneja ese dinero. Del impuesto del automotor, 3% son impuestos provinciales y otro 3% queda son impuestos municipales, queda muy poco para los encargados de los registros. Les pedí a los registros que publiciten a donde va el dinero y que lo expliquen. Parece que todo el dinero va a los registros y al Estado Nacional, y no es cierto”, destacó Cúneo Libarona en declaraciones a Infobae.
CÓMO FUNCIONAN LAS PLANTAS VERIFICADORAS AUTOMOTORAS DE MENDOZA Y CUÁLES SON LOS PRECIOS
En Mendoza hay 8 plantas verificadoras de automotores y todas son administradas por Cerpol. Estas se encuentran en calle Independencia de Godoy Cruz (la más concurrida, ya que nuclea a todo el Gran Mendoza), en San Rafael, en General Alvear, en Malargüe, en Tunuyán, en Tupungato, en San Martín y en Rivadavia. A ellas se suman los 8 centros de grabados de autopartes, función que excede a los responsables de la verificación, aunque comparten edificio con los verificadores. Ellos están nucleados dentro de la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos (CamGrab).
Las funciones de uno y otro están bien delimitadas. En el caso de la verificación, es un control que se hace en todos los vehículos, tanto 0 km (los nuevos tienen hasta un año para pasar por este proceso antes de que sea exigible) como en los usados que están en proceso de venta. Cada auto tiene su propio número de motor y de chasis, y debe coincidir con el de la tarjeta verde que tiene los datos del propietario. Son los verificadores quienes se encargan de constatar que estos datos coincidan y no haya alteraciones ni irregularidades.
Es el formulario 12 el que, de estar firmado, certifica que el verificador constató que todo está en orden y los números coinciden. En el caso de los autos usados, se exige que esté expedido sí o sí para poder proceder a la compra o venta.
“Esto se hace con la intención de que no hayan cambiado el motor y coincida con el número de chasis del vehículo, para evitar casos de autos mellizos. Un caso de autos mellizos es, por ejemplo, cuando alguien saca la patente de un auto y la coloca en otro auto de la misma marca. En ese caso, coincide la patente con el modelo, pero no coincide con la información que figura en la tarjeta verde. Y, por lo general, estos episodios se dan para cometer delitos”, explicaron desde Cerpol.
Incluso, muchas veces -para intentar ocultar esta irregularidad (que constituye un delito)-, lo que se hace es limar el número del motor, para que no se lo pueda leer y comparar con el del chasis. En caso de que el verificador advierta que está limado, debe dejar constancia de esta irregularidad y no firmar ni entregar el formulario 12. Y, sin formulario 12, se estanca la venta del vehículo.
De hecho, al momento de detectar esta incongruencia se debería iniciar todo un proceso judicial para incautar el rodado. Claro que no siempre sucede, aunque esto es algo que tiene más que ver con delitos y complicidades y que no hacen al funcionamiento general del sistema.
El Registro de la Propiedad Automotor y sus dependencias no se encargan de revisar físicamente los autos, sino que estas dependencias cruzan los datos informatizados que llegan desde las plantas y, de no haber irregularidades, proceden a concretar el traspaso.
El costo de verificación por cada vehículo, que es el trabajo que llevan adelante en las plantas, es de 6.000 pesos. No hay diferenciación entre el tipo de rodado -moto, auto, camioneta o camiones-, aunque sí por unidades. Es decir, si hay que revisar un vehículo con un tráiler, el valor es de 6.000 pesos por cada unidad a verificar.
“Nuestra parte es una función pública y social. Los retirados de la policía, nucleados en Cerpol, son fedatarios y evitan estafas en la venta ilegal de automotores. Y nuestra función es brindarle a la ciudadanía una protección para que no adquiera un vehículo adulterado y, por tanto, sea engañado en su buena fe”, agregaron los responsables de la verificación.
GRABADO DE AUTOPARTES, LA PARTE MÁS COSTOSA DE LOS TRÁMITES
Aunque no depende de Cerpol, en el mismo lugar donde está la planta verificadora del Gran Mendoza -calle Independencia 498 de Godoy Cruz- se encuentra la sede central del centro de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos.
Esto es jurisdicción de CamGrab y es un trámite que se debe hacer con los autos 0 kilómetro, ya que -de fábrica- no tienen ni el chasis ni el motor grabados. A diferencia de la verificación -requisito que tiene hasta un año para completarse si el auto es nuevo, siempre y cuando no deseen venderlo antes-, el grabado de las autopartes se exige desde el momento en que el auto sale a la calle.
El número se inscribe físicamente en las distintas autopartes del vehículo (incluido motor y chasis) y tiene un costo de 29.000 pesos por vehículo (o de 36.000 si se incluye el grabado en los cristales).
IRREGULARIDADES Y DEMORAS EN REGISTROS, PLANTAS Y GRABADO DE AUTOPARTES
Desde que se creó la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (en 1958), en el país el sistema para poner en norma cualquier vehículo que tenga intenciones de salir a la calle es el que rige hasta ahora. Y regirá hasta que se implementen las modificaciones ya oficializadas en el DNU.
Desde entonces, todo se ha ido aceitando hasta lograr que los engranajes del sistema adopten cierta constancia y regularidad, y el acostumbramiento ha hecho lo propio también. Sin embargo, y según coinciden los referentes en el tema, no es un sistema infalible y tiene cientos de aspectos que pueden ser mejorados. “Es perfectible, no perfecto”, describen.
Los robos y la compra y venta de autopartes en el mercado negro son una realidad que ni siquiera la exigencia del grabado obligatorio puede contrarrestar. Y cada vez que es noticia alguno de estos episodios, también queda expuesto que tampoco la verificación es infalible (intencionalmente o no).
Referentes de las sedes del registro de automotor en Mendoza confiesan que la función de las plantas de verificación es crucial. Y aclaran que, para evitar delitos, en ocasiones podría ser recomendable pensar en una intervención.
No obstante, insisten en que un cambio radical como el que propone el DNU de Milei es “inaplicable”, ya que atentaría contra la seguridad del sistema, aún con sus fallas.
Otra crítica común tiene que ver con las demoras de los turnos. Y es que suele ser una constante que en las oficinas del Registro de Propiedad Automotor se entreguen turnos de un día para el otro -o, a lo sumo, para 48 horas-. No obstante, cuando se tramita un turno en la planta verificadora y para grabar las autopartes, puede haber demoras de hasta 15 días.
Esto termina convirtiendo en algo completamente inútil al primero de los turnos, en el RPA, ya que en el lugar van a exigir el formulario 12 que entregan en la planta verificadora. Pero el propietario del vehículo no cuenta aún con él, ya que el turno es posterior.
Estas son los constantes padecimientos que llevan a que se vea como urgente una reforma. No obstante, los actores del sistema que lo operan en la actualidad coinciden en que cambiar y hacer todo online no pareciera ser la mejor alternativa.
“Tanta burocracia ha llevado a un cansancio, pero tampoco creemos que la solución sea llevar a no hacer nada presencial y todo sea online. Se necesita que haya una autoridad que constate y verifique que está todo en orden y no que solo alcance con la firma del vendedor de un auto quien, bajo su responsabilidad legal, diga que está todo en orden. Quizás la alternativa no sea hacer cien trámites, pero tampoco pasar a cero de repente”, insistieron desde Cerpol.
Los actuales protagonistas del sistema también están convencidos de que las modificaciones que plantea el DNU de Milei no cuenta con la juridicidad necesaria en algunos puntos referidos al régimen jurídico de automotores.
Además, tienen dudas de que puedan pasarse todos los trámites a online. Y es que, destacan, Argentina no es un país con una conectividad plena e igualitaria garantizada en todos sus rincones, por lo que mutar todos estos trámites a la digitalización sería un dolor de cabeza para las provincias y ciudades más remotas.
