La muerte de Eric Mamaní puso bajo la lupa los controles a construcciones clandestinas en Mendoza. Comunas como Ciudad y Luján de Cuyo indican que son escasas las clausuras por construcciones clandestinas porque estar al margen de la ley ocasiona complicaciones para los desarrolladores. Los colegios profesionales denuncian que los monitoreos son escasos o están tercerizados.
El martes pasado a las 19.30 un pequeño de 6 años cayó a un pozo en una obra de construcción en Guaymallén y perdió la vida, dejando en evidencia la necesidad de extremar los controles en estos proyectos para mejorar las condiciones de seguridad.
En Mendoza son los municipios los que tienen la potestad de otorgar los permisos para construir, conforme a los planos y los requisitos que están en los códigos de edificación.
De acuerdo con lo informado por comunas como Ciudad de Mendoza, con una gran extensión territorial, y Luján de Cuyo, no es frecuente que estos proyectos prosigan sin la autorización correspondiente, porque después se complica para acceder a la escritura y representa una traba para la venta de estos emprendimientos inmobiliarios.
No obstante, se detectan obras sin haber pasado por todo el circuito hasta su aprobación y son clausuradas. En Capital, el secretario de Desarrollo Urbano, Juan Manuel Filice, dijo en diálogo con Los Andes que son de tres a cinco por mes las edificaciones que quedan con la banda de clausurado y aclaró que es poco frecuente verlas porque la mayoría de los planes habitacionales, ya sean del Instituto Provincial de Viviendas (IPV) o de otros como Procrear, tienen varias auditorías internas.
“Hay mucho control, pero además, una obra clandestina después no tiene los avales para la adquisición de los servicios y las escrituras. Con esto no decimos que no exista el problema, pero es poco frecuente verlas”, explicó Filice.
La Ciudad tiene un cuerpo de 25 inspectores que hacen los relevamientos a construcciones, instalaciones y ascensores. Y a la vez hay privados que intervienen, como técnicos en seguridad e higiene, ingenieros y arquitectos que deben certificar lo que están haciendo.
En Luján de Cuyo, el jefe de Gabinete, Esteban Alasino, detalló que por semana se detectan cinco proyectos que no están sujetos a la normativa y aseveró que no son las edificaciones que inician desde cero, sino “aquellas que ya están construidas por el privado y quiere hacer ampliaciones”.
“Nosotros al cuerpo de inspectores le sumamos drones y con estas imágenes vamos detectando aquellos que no están dentro de la legalidad. La gran mayoría de los emprendimientos con fines comerciales siguen la normativa porque, si no, no pueden comercializar y recuperar sus inversiones”, recalcó Alasino.
Los Andes intentó comunicarse con Guaymallén para conocer qué estadísticas de clausuras manejan, pero desde el área de prensa informaron que no contaban con un vocero que ofreciera esos números.
La comuna de Marcelino Iglesias había sancionado en reiteradas oportunidades a los constructores del predio donde ocurrió la tragedia. Ayer el municipio emitió un comunicado en el que dejó constancia de que “Idandi S.A. (la firma de Florentino Paco) sistemáticamente incumple y viola las normativas municipales. Al día de la fecha, los loteos cuestionados son irregulares, sus construcciones clandestinas y han sido continuamente sancionados por parte del municipio, utilizando todas las medidas establecidas en el Código de Edificación, con paralizaciones de obra, multas y clausuras; las cuales la empresa ha reconocido”.
“Desde el año 2015 se han aplicado más de 200 sanciones en los distintos emprendimientos de las diferentes empresas vinculadas a los hermanos Paco. Asimismo, se le ha dado intervención a Edemsa, a través de reiterados pedidos de corte de servicio de suministro eléctrico, dada la falta de condiciones de habitabilidad de las construcciones. Además, se han realizado inspecciones convocando a la Subsecretaría de Trabajo, AFIP y Migraciones. Una vez agotadas las instancias administrativas, el municipio ha llevado estos casos a la Justicia”, agregó el escrito.
Preocupación de ingenieros y empresarios de la construcción
Desde el Centro de Ingenieros, Daniel Dimaría, manifestó: “Vemos con preocupación la gran cantidad de construcciones que se realizan sin controles. Tenemos dos grandes ejemplos, como las consecuencias del terremoto de Turquía y lo que ocurrió en Guaymallén, de que se avance en proyectos sin seguimiento técnico”.
“Lamentablemente vemos que hay municipios que dejan abiertos los controles a terceros para alentar las inversiones. Y esto de Guaymallén deja de manifiesto que las inspecciones deben ser permanentes. Lo que termina sucediendo después es que el que compra lo hace como si se hubieran cumplido con todas las normas de seguridad”, añadió.
Dimaría denunció que “la mayoría de los municipios dice que hacen los controles, pero en la práctica van poco y nada y dejan las inspecciones abiertas”.
“El profesional a cargo de la obra pide la inspección pero van cuando quieren. Lo que debe controlarse es la instalación eléctrica, sanitaria y de estructura. El único municipio que lo hace es Capital, el resto se maneja con la inspección abierta”, apuntó.
En la Cámara de la Construcción de Mendoza, Gerardo Fernández, apuntó que hay una gran demora en la autorización de los trámites municipales y muchas veces esto provoca la informalidad en las construcciones. “Hay un gran problema que no estamos viendo. Hay que eficientizar los controles y el papeleo para no llegar a la pérdida de inversiones. El impacto directo de esto se ve en la economía local. Si generamos mano de obra genuina y el sector impulsa empleo, es un círculo virtuoso que lamentablemente le estamos poniendo palos en la rueda”, opinó Fernández.
Finalmente, el titular de la Comisión Fundadora de Mendoza de los profesionales de la Seguridad y la Higiene, Matías Aciar, puntualizó: “Por segundo año consecutivo Mendoza es la quinta provincia en el ránking de los accidentes laborales. Siempre hacemos referencia que los inspectores o quien tiene el poder de policía son responsables de esto por acción u omisión. Es el caso del nene que cayó a un pozo”.
Aciar también cuestionó que “Mendoza no tiene una cultura de la prevención” e insistiió en la necesidad de jerarquizar las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud laboral y de las normas de seguridad, “quienes en su minoría están matriculados”, según indicó.
