El gobierno de San Luis fue denunciado por aspirantes a policías, quienes aseguran que adulteraron los resultados de los exámenes para generar un “bochazo masivo” y así reducir el gasto.
El Instituto Superior de Seguridad Pública convocó a hombres y mujeres para rendir el examen que los habilite a cursar el periodo necesario para ingresar a la Policía de San Luis.
Los aspirantes recibieron un cuadernillo con conceptos básicos que formarían parte de la prueba que permite ser parte activa de la institución académica.
Las redes sociales explotaron en los últimos días cuando los estudiantes contaron que las evaluaciones fueron adulteradas, que los conceptos requeridos no formaban parte del material de estudio y que por el contrario se habría priorizado a un reducido grupo.
De 3.329 personas, que fueron dividas en grupos de 4, sólo aprobaron 29. Al parecer, una determinación deliberada del Gobierno Provincial para evitar contar con más policías, lo que les permite reducir la inversión en seguridad.
Ante la protesta de los estudiantes, el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, decidió darles una segunda oportunidad.
“Esto no significa que se va a bajar de ninguna manera la rigurosidad y la exigencia de la prueba. Se va a aprobar con el 60%, son 70 minutos de examen y treinta preguntas que, si están bien contestadas, suman puntos. Las que no estén contestadas quedan en cero y las mal contestadas, restan puntos”, afirmó.
El segundo recuperatorio no tendrá las mismas preguntas, será cambiado por completo. La rectora les recordó a quienes asistan nuevamente a rendir, que después seguirá una segunda etapa.
“Es un esfuerzo personal, deben saber que las personas que aprueben este recuperatorio van a rendir un segundo examen que es sobre las denominaciones básicas de Derecho, que no es nada fácil”, advirtió.
No obstante, autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública se mostraron preocupadas por el pésimo rendimiento académico de los aspirantes y desmintieron las denuncias que apuntan contra el sistema de evaluación al asegurar que el mismo se desarrolló en colaboración con la Universidad de La Punta.
A su vez detallaron que los evaluados tuvieron serios problemas para comprender textos, para llenar los formularios de inscripción y muchos no supieron establecer los límites provinciales.