Juan Ignacio Reta tiene 13 años, concurre a la escuela Carlos Varas Gazari, de Ciudad, y fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en 2019. Bruno Ledda, de 20 años, también con un grado de autismo, es oriundo de San Martín y alumno brillante durante la primaria y la secundaria. Aunque ambos están cubiertos por una obra social (en el caso de “Juani”, una conocida prepaga), los dos padecen la misma problemática: miles de vueltas y obstáculos para intentar sin resultado que les autoricen acompañantes terapéuticos.
Estos profesionales resultan fundamentales para quienes padecen autismo. En definitiva, la necesidad de incorporar a un acompañante terapéutico es parte de un abordaje integral del equipo médico que trabaje con los pacientes, pero puede atender las necesidades de niños, jóvenes y adultos mayores con diferentes patologías y problemáticas, con o sin certificado de discapacidad.
Juani y Bruno tienen sus respectivos certificados, aunque a la hora de contar con esta prestación, no les sirve para nada. En el caso de Juan, sus padres están afrontando en forma privada al profesional ya que la prepaga no autoriza a una maestra especial egresada de la Universidad Nacional de Cuyo como acompañante terapéutica.
La situación de Bruno es aún más grave: debió dejar de estudiar porque su obra social no le autoriza al profesional “por razones legales”. “Este año está perdido, una pena porque es muy inteligente. Tenía pensado seguir programación en un terciario”, contó Nora, su mamá, a Los Andes.
La misma impotencia siente Mariana Falbo, la madre de Juan Ignacio: “Este año, la persona que acompañaba a mi hijo no pudo continuar y fue así que encontramos una maestra especial con 26 años de experiencia en una escuela especial de la Provincia. Ya jubilada, empezó a trabajar como prestadora de salud matriculada. Presentamos todos los formularios el 2 de marzo y 25 días después nos reenviaron el correo fundamentando que faltaban completar algunos datos totalmente triviales”.
“Vuelta a enviarlo, vuelta a esperar y el correo regresó un mes después rechazando a esta profesional porque su título no cumple con los requisitos”, agregó preocupada.
“La maestra está perfectamente capacitada, sucede que existe un tema con la incumbencia de títulos, que van cambiando con los años. Pero esto es un detalle, la situación es mucho más profunda, vergonzosa, desesperante. Burocracia e ineficiencia en su máxima expresión”, se quejó.
En eso está hoy la familia de Juani. Esperando que las autoridades evalúen. “Y así se pasa el tiempo, por eso estamos afrontando nosotros los gastos del prestador”, agregó su mamá, mientras señaló que la mayor impotencia es no poder hablar jamás con una persona que escuche y comprenda el caso.
“Me la paso llamando y atiende un call-center. Nadie jamás me puso en contacto con quien corresponde. Hace muchísimos años que tenemos la misma prepaga, incluso antes de que Juani fuera diagnosticado”, repasó Nora. “Lo más deficiente, además de la burocracia, es la comunicación. Verdaderamente deplorable”, sumó.
Mariana recuerda un episodio de 2021 con uno de los acompañantes. “No cobró en todo el año y nadie nos respondía los miles de reclamos que elevamos. Finalmente, nos enteramos que el motivo fue absurdo y jamás comunicado: había un error en la razón social de la factura, algo que con muy poco se podría haber solucionado enseguida”, señaló la mujer, que sumó la “mala voluntad” a la lista de críticas hacia la prepaga.
La impotencia de una madre
Nora, mamá de Bruno y viuda, habló de las dificultades que padece con su obra social. Como agravante, Bruno, que es meticuloso, detallista y extremadamente sensible, desea estudiar con todas sus fuerzas y el sistema no se lo permite.
Al finalizar la secundaria, siempre con el apoyo de un acompañante, Bruno estudió Óptica y Contactología, aunque se le hizo imposible continuar por la misma situación. Fue así que se involucró con su verdadera pasión, la programación y el mundo de las computadoras.
“Pero sin acompañante terapéutico es imposible y no es porque no tenga la capacidad, sino por otras cuestiones relacionadas con su trastorno”, indicó la mujer. Y enumeró que es un chico sensible, sin picardía y que no comprende las bromas.
En este caso, se supo que las trabas para autorizar la prestación tienen origen en un impedimento legal que poseen los acompañantes terapéuticos ya que no están colegiados.
Es decir, al no estar matriculados no pueden acceder a seguros por responsabilidad civil y mala praxis, requisitos obligatorios que a nivel central solicitan para trabajar en el área de Salud Mental de los afiliados. Esta dificultad que padecen los profesionales afecta a numerosos pacientes.
Según pudo saberse, algunos acompañantes terapéuticos trabajan con pacientes afiliados a ciertas obras sociales porque los casos se terminan judicializando. Sin embargo, la realidad indica que no cumplen con los requisitos por no tener formación de grado en Mendoza, como sí sucede en otras provincias. Esto hace que carezcan de matrícula.
“A veces siento bronca porque veo a muchos presos que sí reciben esto, tienen todos los derechos del Estado, internet, teléfonos, televisión. Pero mi hijo necesita el apoyo para estudiar y soy jubilada, no puedo recurrir fácilmente a un abogado”, enfatizó NOra en diálogo con este diario.
El 29 de marzo, cuando fue publicado en Los Andes el primer reclamo de esta familia, la obra social convocó a esta preocupada madre a una cita. “Pensé que era para destrabar el tema, pero no. Nada concreto”, dijo. Mientras tanto, Bruno sigue en su casa sin acompañante.
Qué dicen las autoridades
La directora del área de Discapacidad deMendoza, Gabriela Juárez, dijo a Los Andes que cuando un profesional indica a un paciente una prestación como un acompañante terapéutico, la práctica debe cumplirse por ley y en ese sentido, sostuvo, son las obras sociales las que deben dar explicaciones cuando no se cumple.
Del mismo modo se manifestó Juan Carlos González, defensor de las Personas con Discapacidad de Mendoza, quien sostuvo que las obras sociales “deben dar la cara”.
Indicó que los conflictos que a diario se suscitan con las distintas mutuales son innumerables y que se agudizaron luego de la pandemia. “El Gobierno debe dar respuesta, pero también las obras sociales tienen la obligación de dar la cara”, reclamó González.
Finalmente, desde OSEP, que recibe a una importantísima cantidad de afiliados en esta situación, se aseguró que las prestaciones se autorizan con indicación previa del profesional. “No tenemos inconvenientes con esto, pero hay que considerar qué casos requiere un acompañante. Para esto es clave la guía del profesional médico”, señalaron ante la consulta.
