Los fiscales del caso Provólo apelaron el polémico fallo a través del cual absolvieron a Kumiko Kosaka, Asunción Martínez y Graciela Pascual, quienes habían sido acusadas de participes primarias en la causa por abuso de menores.
Este lunes, el Ministerio Público Fiscal informó que los recursos contra la sentencia de las Dras. Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y María Belén Renna habían sido presentados formalmente.
Según explicaron, Alejandro Iturbide, Fiscal Jefe, y Gonzalo Nazar, Fiscal Adjunto Penal, plantearon “todos y cada uno de los vicios de la sentencia, pidiendo su entera anulación a la Suprema Corte de Justicia, en pleno, es decir, con intervención de sus siete miembros dada la trascendencia de los temas aludidos que exceden el interés de las partes de este caso al referirse al tratamiento de personas con discapacidad”.
Entre los agravios principales se destacan:
1- No haber valorado el testimonio de las víctimas conforme las pautas internacionales en casos de abusos sexuales ocurridos en la infancia, para mujeres en su mayoría, y personas con discapacidad.
2.- Haber quitado valor a los informes del E.De.A.A.S. (Equipo de Abordaje en Abuso Sexual dependiente del MPF) bajo el argumento de “trabajar sus profesionales sólo con sesgo de confirmación de los hechos”, siendo que las tres juezas en momentos inmediatos anteriores a la sentencia e incluso en tiempo concomitante, dictaron otras sentencias condenatorias valiéndose de informes del mismo organismo, sin queja alguna, y considerando valioso el aporte de sus profesionales.
3.- No haber tratado veintidós pruebas invocadas por la Fiscalía, entre testimoniales y documentales, que podrían haber dado un rumbo distinto a la sentencia. No hay una sola palabra sobre estas pruebas.
4.- Haber mejorado la posición de los defensores, en varias situaciones, realizando planteos que ellos no efectuaron y considerando pruebas que no produjeron en el debate.
Absolución, llanto y desconsuelo
Kosaka tenía 6 imputaciones como partícipe primaria y una como autora de uno de los abusos. La fiscalía había pedido 25 años de prisión y 10 de inhabilitación para estar al frente de niños.
En tanto, para la exrepresentante legal del Próvolo de Mendoza Graciela Pascual habían pedido 18 años de cárcel como partícipe primaria.
Por su parte, para la monja, Asunción Martínez la parte acusatoria había pedido 10 años de prisión, imputada como partícipe primaria por los abusos.
