El asesinato de Lucio Dupuy, el chiquito de 5 años de La Pampa que falleció hace una semana, ha instalado el debate en cuanto a los criterios para otorgar la guarda de los menores cuando sus padres están separados. La violenta muerte de este niño, la presunta autoría de su madre y su novia en el hecho y los maltratos previos, más los reclamos del papá por no haber conseguido la tutela, resultan un disparador para preguntarse cómo procede la Justicia a la hora de digitar el futuro de los más pequeños.
Cuidado personal y régimen de comunicación
Estos son los términos que rigen a partir del 2015, año en el que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. El primero de ellos hace referencia a la tradicional tenencia del menor y el otro hace alusión a los conocidos como horarios de visita.
Con parejas divorciadas, hay dos caminos posibles para ordenar la cotidianidad de sus hijos. En primer lugar, un acuerdo de las partes que debe ser homologado en un juzgado de Familia para su ejecución.
Esto se da si hay buena voluntad y predisposición de las partes y la resolución es en cuestión de horas con abogados de por medio. Lo complejo pasa cuando hay desacuerdos en los modos de vida de los niños, en sus horarios, en el entorno donde viven y, sobre todo, si hay negligencia o maltrato de alguno de los progenitores.
Ante estas situaciones empiezan las denuncias cruzadas y la disputa para ver quién se queda con la criatura. Si esto sucede interviene un juez que abre un expediente e inicia una investigación.
“Se requieren los antecedentes de los padres, se piden pericias psicológicas y a veces psiquiátricas de todos los involucrados y se hace un análisis en cuanto al lugar de residencia y a las dinámicas familiares”, explicó Carlos Neirotti, titular del Primer Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.
“Son procesos complejos antes de llegar a una sentencia y suelen durar más de un año. Puede haber intervención de peritos de partes, declaración de testigos y hasta la utilización de la cámara Gesell”, agregó el magistrado.
Durante todo este recorrido hay resoluciones provisorias, y si existen acusaciones de violencia o abusos sexuales, se imponen prohibiciones de acercamiento de alguno de los mayores hacia la víctima.
Escuchar al niño, siempre
Dentro de todas las pruebas que se tienen en cuenta, los profesionales deben conocer los deseos y la postura de los chicos antes de definir.
“Es obligación escucharlos y valorar lo que dicen, de acuerdo a su edad y su madurez. No siempre se hace lo que ellos quieren, pero si se considera”, remarcó Neirotti.
“Definimos que es lo conveniente para cada niño en cada caso. Evaluamos las aptitudes para ejercer el rol parental, con quien es mejor que pase la mayor cantidad de días y a quien le damos el régimen de comunicación; hay también familias que terminan con el tiempo repartido de igual manera. Las resoluciones no tienen vencimiento y pueden extenderse hasta la mayoría de edad, pero a veces se modifican por cambios de domicilios, de colegio u otros acontecimientos”, completó el juez, que además remarcó que hasta 2015 había una tendencia a darle prioridad a las madres en cuanto al mayor cuidado de sus hijos, aunque con el Código actual hay igualdad absoluta y no se distingue sexo ni orientación sexual.
La relación con la perspectiva de género
El caso de Lucio en La Pampa y la incomprensible tenencia por parte de su madre a pesar de los antecedentes de maltrato, llamó la atención de muchos especialistas de la Justicia que cuestionan a jueces o juezas que, ante estos conflictos, rápidamente fallan en favor de las mujeres para no ser señalados como machistas.
Uno de estos críticos es Gianni Venier, reconocido abogado penalista de Mendoza y ex ministro de Seguridad. “Percibo complicaciones en el ámbito de la Justicia de Familia por la perspectiva de género. He visto cosas llamativas y el mal uso del sistema cuando no se ajusta a la prueba”, dijo el letrado.
Venier fue concreto: “Algunos ante el temor de que les hagan un escándalo o un escrache social, dan como válido todo lo que dicen las mujeres, y no siempre es así”.
“Mendoza adhirió al programa de PrimLos jueces deben escuahra eras Infancias de Unicef, que otorga el derecho del niño a estar con sus dos padres. Que se priorice esto y no la cuestión de género”, añadió.
Por último, el ex funcionario hizo un aporte al sistema en general. “Se necesita algo más claro y ágil; que se hagan las pericias el mismo día de la denuncia para rápidamente dictar medidas o resolver detenciones e imputaciones. Que el análisis de los hechos sea claro y concreto”.
Casos testigos
La única diferencia entre la historia de Lucio Dupuy y esta nena mendocina de 3 años, es que ella fue trasladada al hospital Fleming a tiempo. Había sufrido golpes, quemaduras de cigarrillo y suministro de cocaína en sangre propiciados por su progenitora, una mujer con adicciones.
La niña tenía 5 meses de vida cuando el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) le dio la guarda provisoria a Mariano, su papá, debido al peligro que implicaba vivir con su madre. La medida se estableció hasta que se decidiera la situación judicial, sin embargo, a partir de allí comenzó un verdadero calvario para este muchacho de Godoy Cruz, de 32 años.
“La Justicia lenta y burocrática le restituyó mi hija a su madre luego de numerosas denuncias falsas. Nunca se me escuchó; la jueza argumentó que era humana y podía equivocarse y así fue que se la entregó nuevamente ¡Una locura! Yo vivía aterrorizado de que me la devolviera muerta en un cajón”, le contó Mariano a Los Andes.
Su pronóstico no fue demasiado desacertado. Si bien la pequeña no murió estuvo al borde, porque en enero de 2020, con un año y tres meses, fue golpeada y torturada.
“Se argumentaron las mismas mentiras que se dijeron con Lucio, es decir, que se había golpeado con cajas de juguetes y cosas de ese tipo. Su madre contó que la droga se había caído sin querer en la boca de la beba”, recordó.
Fue allí cuando la Justicia determinó para ambos padres una restricción de acercamiento. Mariano sigue sin entender por qué le aplicaron la sanción.
Lo cierto es que la menor pasó a manos del programa de Familias de Acogida de Mendoza, que intercedió para que permaneciera junto a una familia temporaria hasta que el expediente avanzara.
Posteriormente, el juzgado le otorgó el cuidado de la nena a la novia de Mariano, pero con la vigencia de la prohibición de acercamiento impuesta para él. La mujer accedió al requisito y es quien vive y cuida hoy a la menor, que sigue lejos de su papá desde hace dos años.
La otra historia tiene como víctimas a un chiquito que hoy tiene 10 años y a su mamá, quienes sufrieron violencia física y verbal de parte del padre del nene.
“Hicimos la denuncia hace ciuatro años. Mi hijo ya había tenido maltratos y lo veníamos tratando de forma interdisciplinaria, hasta que los mismos especialistas me aconsejaron judicializar el tema”, relató la mujer.
Iniciado la causa aseguró que no sólo siguieron padeciendo la situación sino que, además, se encontraron con los destratos de la Justicia: “Demoras, burocracia, mala atención y falta de contención”.
“Empecé el trámite en un ETI de Godoy Cruz. Me sentí muy mal, denigrada, y entre que no estaba segura de denunciar, llegaron a preguntarme por qué no lo hice antes”, confió.
Respecto a los tiempos del sistema, la mujer manifestó: “Recién a las dos semanas le pusieron la prohibición de acercamiento provisoria y hace un año que la sentencia quedó firme con la imposibilidad de estar cerca de su hijo, más el cumplimiento de una terapia. Creo que en la Justicia hay gente incompetente y realmente te da pánico lo que pueden llegar a resolver”, concluyó.
