Tierra del Fuego aprobó este jueves una legislación que prohíbe la cría de salmones en jurisdicción provincial, y especialmente en aguas del Canal Beagle.
La norma fue sancionada por unanimidad en la Legislatura fueguina y era un anhelo de instituciones y entidades ambientalistas desde el 2018 cuando se instaló con fuerza el posible establecimiento de salmoneras en el lecho marino del Beagle.
En diálogo con Télam, el viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, dijo que se trata de una “decisión importante porque va en el sentido de la transición productiva que tiene que hacer tanto la Argentina como todo el mundo: la de pasar de explotaciones altamente insustentables a otras que no lo sean”, indicó.
“Tanto por lo que significa como introducción de una especie exótica, como por los impactos que tiene sobre la flora y la fauna local, más la competencia desleal que hace de especies autóctonas, la salmonicultura como está planteada en la actualidad solo significa un beneficio económico para un sector muy acotado y un alto perjuicio para una región cuya potencialidad del ambiente, explotado de manera sustentable, resulta crucial para pensar el futuro de otro modo”, consideró Federovisky.
En otro sentido, el viceministro destacó que la provincia hizo uso del “principio precautorio”, “un eje esencial de la política ambiental moderna”, agregó.
“Cuando una actividad se presume dañina para el ambiente no debe permitirse que comience hasta que no estén dadas todas las garantías de que no va a perjudicar los recursos naturales. En el caso de la salmonicultura, esas garantías no están dadas, y por eso corresponde no avanzar en proyectos de estas características”, explicó el funcionario.
Además de ONG’s, referentes científicos del Conicet y entidades académicas como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf) se habían pronunciado en contra de la cría de salmones en el Beagle, informó Télam.
El surgimiento de la iniciativa
La iniciativa llegó al parlamento fueguino a través del bloque de diputados del Movimiento Popular Fueguino, y motivó un amplio debate en comisión.
El diputado Pablo Villegas, quien presentó el proyecto de siete artículos, aseguró “una clara y contundente definición institucional que destaca la importancia que tiene para los fueguinos la protección y conservación de nuestros recursos naturales”, afirmó.
También dijo que el proyecto “dejó de ser nuestro” para “ser parte de todo el pueblo fueguino”.
Por su parte la diputada María Laura Colazo, del Partido Verde, llamó a avanzar en una “agenda ambiental” de la provincia y pidió el análisis de otras leyes como la creación del área nacional protegida Península Mitre, en el sureste de la isla.
A su vez, otros legisladores como la oficialista Mónica Acosta (de Forja, el partido del gobernador Gustavo Melella) y el opositor Federico Sciurano (UCR Cambiemos) destacaron la sanción de la ley.
“Chile está sufriendo la degradación de su ambiente marino por las salmoneras. En esta sesión histórica estamos atendiendo no solo el impacto ambiental, sino el económico para la industria turística de la Patagonia austral”, dijo Sciurano.
Fundamentos
La organización “Sin azul no hay verde”, el programa marino de la Fundación Rewilding en Argentina, explicó que entre las consecuencias de la salmonicultura se encuentran “las mortandades de salmones masivas, la intensificación de blooms de algas tóxicas (como la marea roja), la introducción de especies exóticas, la alteración de los ecosistemas y pérdida de fauna local, la generación de zonas ´muertas´ y el enmallamiento de mamíferos marinos”.
La organización destacó que, a lo largo de los años, las empresas salmoneras “se han visto envueltas en numerosos escándalos relacionados a los escapes, mortandades y el uso indebido de antibióticos”.
La salmonicultura hubiese representado “una amenaza para la economía de la provincia ya que, en Ushuaia, la mitad de las familias dependen del turismo, una actividad que no podría convivir con el impacto ambiental de la industria. Esta ley es un ejemplo del cuidado de un modelo económico y productivo sostenible, que respeta tradiciones culturales y prácticas artesanales que generan puestos de trabajo genuinos”, manifestó David López Katz, miembro de “Sin azul no hay verde” en Tierra del Fuego.
En tanto, la vocera de la campaña Océanos de Greenpeace, Estefanía González, dijo que la ley “sienta un precedente histórico para el resto del país y el mundo, evita un desastre ambiental y es un gran triunfo de la ciudadanía y las organizaciones civiles y ambientales”.
“La decisión va a ser una señal para que en Chile, esta industria tenga también un fin. Para que se entienda que los mares patagónicos son un patrimonio único y tienen que ser protegidos”, agregó González.
