Conductores asociados a las plataformas que los vinculan a pasajeros para completar viajes (Uber y Cabify son las que están activas en Mendoza), realizaron esta mañana un “apagón” en Mendoza. De esta manera, muchos de los trabajadores no se conectaron al servicio, por lo que la disponibilidad de autos para completar trayectos se vio resentida durante la mañana del lunes.

Según destacó Jorge Sandri, uno de los conductores y además presidente de la Asociación Civil de Conductores y Personal de Plataformas Electrónicas (Accoppe), se trata de una medida autoconvocada por un grupo de conductores de Mendoza. La medida de fuerza incluyó, además, una caravana en los vehículos que partió del Parque Central y tuvo como destino la Casa de Gobierno.

“Tenemos tarifas precarias. Más allá de que en el último anuncio Uber haya decidido subir el kilómetro recorrido a 14 pesos, con el cobro de la comisión -que es en promedio de 30%, aunque hay conductores a quienes les sacan 50%-, estamos ganando menos que el año pasado”, detalló Sandri a Los Andes.

Desde las 9 de hoy los conductores se concentraron en el Parque Central para dirigirse en sus vehículos (principal recurso de su día a día laboral) a la Casa de Gobierno. “Hace unos días fuimos hasta el Ente de Movilidad Provincial a plantear nuestra situación y nos dijeron que no pueden hacer nada, ya que todo está establecido en la Ley de Movilidad; y que para cambiar algo, habría que modificar los artículos. Entonces nos movilizamos a Casa de Gobierno para solicitar al Ejecutivo que interceda en la cantidad de vehículos que pueden desarrollar la actividad. Y también pedimos que el Gobierno pueda regular las tarifas, como ya lo hace con taxis y con colectivos”, destacó Sandri.

Según destacan los conductores que se han plegado a la medida, el hecho de que las tarifas sean dinámicas y que la empresa fije los precios de referencia; sumado a la comisión que se les descuenta, que hay pocos viajes y que deben pagar tasas e impuestos para poder desenvolverse -esto fijado por la Ley de Movilidad-; llevan a que estén con menos ganancias de las que tenían antes de la pandemia y del último aumento.

“El problema sigue siendo el mismo de siempre. Antes el kilómetro recorrido estaba a 10,50 pesos, y la empresa lo subió a 14. Pero con el cobro de la comisión (que empezó a efectivizarse), nos quedan 9,50 pesos de bolsillo por kilómetro recorrido”, sintetizó.

Mema: “Al que no le gusta, puede irse”

El Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, apuntó a “un grupo minúsculo, que es funcional a otro grupo minúsculo de taxis” en donde “lo que no encontraron por la Justicia, porque perdieron, lo quieren buscar con protestas”.

Consideró también que el reclamo de los usuarios debe hacerse “a la empresa” porque “ellos tienen un contrato con una empresa; es como si vos tenés un problema con tu banco, en donde las comisiones que te cobran son muchas: cambiás de banco o le reclamás al banco”.

“La Ley de Movilidad es muy clara en ese sentido: las plataformas electrónicas son transportes privados entre particulares, donde hay una intermediación a través de una plataforma electrónica. Nadie está obligado a estar ahí, al que no le gusta, puede irse. Esa es la libertad que hay de las plataformas electrónicas”, sostuvo.

Para el Gobierno, la apuesta es en tener “un servicio de calidad y una herramientas más para el usuario, esa es la iniciativa primordial de la ley de movilidad”. En ese sentido, Mema aclaró que “las empresas tienen que prestar el servicio en base a las reglas que cada una de ellas pone, lo único que hacemos nosotros es regular las condiciones de seguridad y de prestación mínima”.

“En ese marco, cada uno puede hacer lo que mejor les convenga, si hay personas a las que no les conviene porque el auto es caro, el seguro es caro, pueden dejar de prestar el servicio, nadie los obliga, no tienen una concesión del Estado”, insistió.

Para el funcionario “es importante la posibilidad de seguir ampliando ese servicio, nosotros queremos que cada vez haya más vehículos para que haya menos gente utilizando su vehículo particular y mejoremos las condiciones medioambientales, de movilidad, de un transporte sustentable dentro de la provincia”.

“Se los ha recibido un montón de veces dentro del Ente de Movilidad pero se les responde eso, que es un servicio que está claro y en donde todos sabían las condiciones cuando ingresaron a prestarlo. No tenemos ninguna competencias más que la de controlar los requisitos que dispone la ley”, concluyó.