Ante una situación que describen como apremiante, médicos de 21 entidades de Mendoza que reúnen diversas especialidades, decidieron suspender el viernes la atención de obras sociales y prepagas. Esto implica que para acceder a la consulta recibirán a los pacientes de manera particular por un valor de $6.000 y de $8000 para Psiquiatría.
De este modo, el costo de la salud se encarecerá para los usuarios en tanto deberán agregar esto a lo que ya pagan por mes a las prestadoras. En este contexto, aún no ha surgido algún actor que apunte a resolver el problema y evite la carga sobre los pacientes. Las prestadoras no han mostrado resultados y el gobierno provincial explica que es algo en lo que no interviene. Consultada Defensa del Consumidor por Los Andes, explicaron que no tiene injerencia en denuncias por este tipo de temas, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), un organismo nacional, es la que puede recibir denuncias pero actuar para resolver casos individuales.
Desde el Colegio de Abogados aceptaron que el conflicto entre médicos y obras sociales podría afectar derechos de los pacientes. Señalaron que para que no ocurra las prestadoras deberán devolver el costo que tuvo que pagar el paciente por la consulta no cubierta.
Federico Sangrá, presidente de la Comisión de Derecho al Consumidor del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial opinó en ese sentido.
“Sí, se podrían ver afectados derechos en principio, esto según el caso, pero respecto del usuario con la obra social, eso se podría salvar o no se vería afectado en principio el derecho, siempre que la obra social le reconozca el reintegro del gasto que ha hecho el usuario, en este caso el paciente”, detalló.
Ante esto explicó que se puede presentar el reclamo en la misma obra social. “Los prestadores o los médicos, por su parte, van a tener que facturar y estar obligados a hacer eso para que cada paciente, cada usuario de obra social, después pueda solicitar el reintegro en las obras sociales”, explicó.
Además, detalló otra situación que puede presentarse: “Puede darse el caso de que si determinado prestador dice o publicita que acepta obras sociales y después cuando el paciente va, no la recibe en los términos en que la obra social en principio hubiera contratado, es decir, le cobra, en ese caso también habría un incumplimiento por parte del prestador”.
Por otra parte, en cuestiones de urgencia o al menos que requieran una solución pronta, Sangrá refirió que se puede apelar a una medida judicial. “Entiendo que en este caso, en principio, el conflicto está en lo que son consultas médicas, porque, en el caso de que fueran cosas urgentes y donde no está la prestación por parte de la obra social, siempre está la opción, más allá de la cuestión relativa a los derechos del consumidor, de la acción judicial de amparo contra la obra social para la prestación del servicio”, mencionó.
Cómo actuar
En definitiva, habrá que tener en cuenta entonces pedir un comprobante del pago ya que será el recurso para cualquier reclamo. Por un lado, prestadoras consultadas por este diario la semana pasada dijeron que estaban evaluando cómo proceder, pero para reclamar en cualquier caso, será necesaria la constancia.
Asimismo, si no hubiera respuesta positiva para un reintegro se puede pensar en un reclamo por otras vías.
Defensa del Consumidor no sería el canal. Desde el área dijeron que no tienen injerencia en el asunto y que no reciben denuncias sobre esto. Explicaron que la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 indica que no puede actuar en este conflicto porque exceptúa a los profesionales con matrícula, en este caso los médicos. Manifestaron que sí reciben denuncias de consumidores en el caso que sean por mala prestación de servicio de la prepaga, en cuyo caso señalaron que habrá que evaluar la situación.
En tanto, desde el gobierno local volvieron a subrayar que no interviene. “La provincia no tiene competencia en esa materia. Para eso el órgano regulador e interventor es la Superintendencia. Hay una veta de consumo para el caso de la medicina prepaga, que podría ir a Defensa del Consumidor, pero los reclamos primero deben darse en la SSS porque es un órgano especializado y que debe dar respuesta a eso. Tienen incluso previsto un trámite especial”, apuntó una fuente.
Además, volvieron a hacer referencia a que se trata de un problema nacional y que también está ocurriendo en otras provincias como Córdoba o Santa Fe.
Desde la SSS dijeron que por ahora han recibido reclamos con un volumen habitual, es decir que no notan un aumento. Claro, el cambio llevaba ayer dos días hábiles y quizás habrá que esperar un proceso natural a través del cual primero se vaya a las prestadoras y luego, si no se tienen resultados, que la gente quiera hacer reclamos.
Asimismo señalaron que la Superintendencia actúa cuando se realiza el reclamo con comprobante y en el caso que el copago no corresponda. Hay una línea gratuita para consultas de beneficiarios y usuarios del Sistema Nacional de Salud: 0800-222-72583 (SALUD). Atiende en horario de 9 a 17 hs.
El conflicto
Sucede que tras muchos reclamos desoídos 21 entidades médicas de Mendoza han dispuesto desde el viernes pasado no atender más obras sociales y prepagas. Ya venían reclamando sobre el bajo valor que cobraban por prestación a lo que se suma las dilación para el pago que puede llegar a 90 días, lo que diluye más el monto en un contexto inflacionario.
Las entidades nuclean a las especialidades de terapia intensiva, dermatología, cirugía general, pediatría y neurocirugía, obstetricia, oftalmología, cardiología, otorrinolaringología, endocrinología, urología, ortopedia y traumatología, traumatología, gastroenterología, hepatología, neurología, anestesiología, medicina familiar, medicina respiratoria, neonatología y psiquiatría.
Habían solicitado la actualización hasta el que consideran un valor ético mínimo tras advertir que la situación les resulta insostenible.
“Esta determinación se ha tomado en respuesta a los repetidos retrasos en las actualizaciones correspondientes y las demoras en el cobro de dichos honorarios, situaciones que persisten a pesar de las múltiples negociaciones que hemos llevado a cabo con los distintos agentes de pago”, afirmaron en un comunicado.
Cristian Palomba, vicepresidente de OBUM, la asociación de Ginecólogos y Obstetras de Mendoza, detalló que el valor actual es de $2.000 o $3000 pero que incluso hay casos peores. Contó el caso de un profesional que cobró una consulta de abril a junio y era de $1.150. Agregó que esto se arrastra desde al menos 4 o 5 años y ha generado un déficit y que ha agravado los últimos meses.
