Marcela tiene 54 años y trabaja en una empresa de venta de autos. Sin embargo, su atención, su angustia y su preocupación hoy pasan por otro lado. Y es que la mujer vive una verdadera pesadilla junto a su hijo Lautaro (19), quien atraviesa una crítica situación relacionada a adicciones y consumo problemático.
Hace cuatro años el joven se encuentra inmerso en una dura situación de vulnerabilidad: cayó en las adicciones y ello lo llevó a dejar el colegio y hasta el fútbol, deporte que lo apasiona y para el que -prácticamente- vivía, ya que jugaba en un importante club de Las Heras.
Marcela sabe que su hijo es la principal víctima de este infierno, pero también ve como, poco a poco, va quedando atrapada en él. Porque cuando ella se va y el joven se queda solo en la casa donde viven ambos –en Las Heras-, Lautaro le saca todo lo que encuentra a su paso. Y lo vende para poder comprar cocaína. Además, lo van a buscar periódicamente por deudas.
“Mi hijo tiene, además, un certificado de discapacidad, ya que presenta un leve retraso mental y esquizofrenia. Por eso hice la presentación para judicializarlo hace más de un año, y que quede bajo mi responsabilidad. Es la única manera que encuentro para que pueda quedar internado, porque si no, lo llevo al hospital Carlos Pereyra. Pero como la internación tiene que ser voluntaria y él no quiere quedarse, a los 15 días sale. Y está otra vez en la calle, y con problemas”, destaca compungida la mujer.
La presentación judicial fue hecha ante la Asesoría 12 del Tribunal de Gestión Judicial Asociada en Familia (Gejuaf), con sede en Las Heras. Con el número de expediente 130694585-0-, lo que Marcela necesite es que se determine la capacidad del joven, para que, de esa manera -y si así se dispone-, sea su madre la responsable y pueda determinar la internación de su hijo a fines de que se pueda sentir contenido y abordado por especialistas.
“El problema de adicción a la cocaína de mi hijo gravísimo. Tiene toda la boca y las manos quemadas por fumar cocaína. Cuando hice la presentación, me dieron un papel provisorio y me dijeron que la resolución iba a demorar un año. Pero ya pasó más de un año, y yo no puedo llevarlo y que se quede si no es su voluntad”, agrega Marcela, casi al borde del llanto.
“Mi hijo no puede cumplir los tratamientos. Anda toda la noche en la calle. Lamentablemente, si esto no cambia, me lo van a matar. O se va a matar él solo”, resume la mujer.
El desesperado pedido
Cada vez que Marcela ha intentado llevar a su hijo a un hospital especializado en salud mental (lo ha hecho, por lo general, al Hospital Carlos Pereyra), se encuentra con la misma situación: no pasa más de 15 días en el lugar. Y como la voluntad de Lautaro no es la de quedarse y continuar un tratamiento, desde el efector no tienen otra alternativa que darle el alta.
“Esto se repite todo el tiempo. Lo llevan, está dos semanas en el lugar. Y, como él no quiere quedarse, lo dejan irse. Mientras tanto, él sigue en la calle, él me roba todo para venderlo y comprar droga, él me martiriza todo el tiempo pidiéndome plata y yo ni siquiera puedo dormir”, repasa con angustia Marcela.
Para institucionalizarlo en una clínica o centro privado, le han pasado varios presupuestos. Pero la obra social de la mujer –quien vive en su casa de Las Heras con su hijo y un sobrino- rechaza la cobertura de estos tratamientos y acompañamientos.
Hace 2 semanas, la mamá de Marcela –y abuela de Lautaro- falleció. Además del dolor que significó para la mujer perder a su madre, esto también le significó a Marcela quedarse prácticamente en soledad a cargo de Lautaro. Y también esto la lleva a colapsar y sentir que todo se le viene abajo cada vez con más frecuencia.
“Estoy en una situación desesperante, nos hemos quedado él y yo solos. Yo necesito que mi hijo se pueda quedar en el hospital, con la atención de los profesionales. Pero no hay voluntad de su parte, ya ha estado internado en varios lugares, pero nunca se puede quedar. Yo sé que no es una cuestión de elección y que él no elige no quedarse, sino que es la misma adicción la que lo lleva a querer salir y volver a la calle. Pero no cumple los tratamientos, vuelve a la calle y cada vez está peor”, lamenta, con tono angustioso y desesperado. “Mi hijo se torna cada día más peligroso”, advierte.
Ante los constantes rechazos de la obra social para cubrir el tratamiento de su hijo en los distintos centros privados llevaron a que más de una persona le recomendara accionar por su cuenta y con un abogado para lograr que se le dé cobertura al tratamiento. Pero Marcela aclara que no tiene dinero ni siquiera como para contratar a un abogado particular.
“Todavía tengo mi trabajo, pero tengo que estar pidiendo permiso todos los días por algo que ha pasado con mi hijo. Tengo miedo de perder el trabajo en cualquier momento”, sigue.
La necesidad del fallo judicial
Para que Lautaro pueda quedar internado en algún hospital especializado en salud mental, necesita dar él mismo su propio consentimiento. No obstante, su madre sabe que se trata de un círculo vicioso, ya que la abstinencia lo lleva a no querer quedarse, y siempre termina volviendo a lo más oscuro de su vida.
Por esto mismo es que, amparándose en el certificado de discapacidad, Marcela ha pedido a la Justicia de Mendoza que se expida sobre la capacidad del joven. En caso de resolver que tiene una discapacidad, Marcela tiene la ilusión de que sea ella y su criterio lo que permitan mantener al joven en un espacio de voluntad por fuera de lo que –considera ella- es una voluntad eclipsada por la adicción del propio Lautaro.
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