La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó este viernes una presentación judicial con el objetivo de garantizar que las empresas de transporte respeten el derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en servicios de media y larga distancia.
Según un comunicado emitido por la Secretaría de Transporte, esta acción se suma a más de 350 sanciones y 1.000 intimaciones ya dirigidas a las empresas por incumplimientos en este aspecto.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, había dicho que la desregulación (decreto 883/23) permite a las empresas del sector ajustar su oferta en función de la demanda, eligiendo libremente rutas, tarifas y horarios. Sin embargo, esta medida “no libera a las compañías de su responsabilidad de cumplir con el sistema de protección para personas con discapacidad”.
El recurso judicial, impulsado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, solicita que la Justicia ordene a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (Celadi) que rectifique su incumplimiento respecto al sistema de protección integral de las personas con discapacidad.
El derecho de las personas con discapacidad a viajar de forma gratuita en transporte de media y larga distancia sigue vigente y no fue modificado con la desregulación del transporte automotor.
“Desde el Gobierno nacional se continuará controlando que se cumpla la obligación de ofrecer transporte gratuito a las personas con discapacidad”, destacan las autoridades, subrayando la importancia de garantizar la accesibilidad en el transporte público.
“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para controlar que el derecho de las personas con discapacidad se cumpla”, dijo el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
En tanto, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), los representantes del sector mostraron su rechazo a la reciente avalancha de sanciones y multas, argumentando que las empresas ya no cuentan con subsidios estatales y enfrentan una creciente presión financiera