Mañana es el Día D para el sistema educativo de Mendoza. La jornada que las autoridades han estado planificando varios meses y que muchos padres ansían también: este 1 de marzo, a primera hora de la mañana, los niños, niñas y adolescentes mendocinos de todos los niveles volverán a las aulas. El regreso presencial a las escuelas será escalonado, respetando ciertos protocolos sanitarios y de distanciamiento, por lo que el movimiento en los establecimientos no será el pleno y al que estábamos acostumbrados en la normalidad prepandemia. Todo esto en un contexto de conflicto entre el Gobierno y el gremio de los docentes, que ha anunciado un paro para hoy mismo.
Teniendo en cuenta que la pandemia del coronavirus no ha llegado a su fin todavía y que es fundamental no bajar la guardia, además de las medidas sanitarias que ha adoptado cada escuela, también se mantienen las excepciones para que trabajadores que forman parte de grupos de riesgo concurran a trabajar.
Se trata de aquellos que cuentan con licencias particulares de todo tipo, vinculadas a la pandemia de Covid-19 (por encontrarse dentro de los considerados grupos de riesgo o con enfermedades preexistentes, por ejemplo). En tanto, desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aportaron sus cifras y no son lejanas a las que maneja el gobierno escolar. Desde el sindicato destacaron que 11% de los trabajadores (6.700) no están en condiciones de regresar a la presencialidad.
El gremio convocó a un paro para mañana y destacó entre los fundamentos la falta de condiciones edilicias adecuadas para la presencialidad, el cierre de cursos, el ajuste salarial y “la negativa permanente del Gobierno a paritar, entre otros”.
Ante esta situación, el director general de Escuelas, José Thomas, declaró el viernes que el anuncio del paro le daba “tristeza, sabiendo que la gran mayoría de los docentes que hablan con nosotros quieren estar en la escuela, quieren estar con sus alumnos, quieren tener presencialidad”.
A la espera de la vacuna
De la misma manera en que no todos los alumnos regresarán de un día para el otro a clases, tampoco lo harán los docentes y celadores. Esos cerca de 6.000 trabajadores que comenzarán el ciclo lectivo con licencias que los eximen de trabajar presencialmente son una cantidad que podrá variar en la medida en que los establecimientos educativos actualicen sus listas de recursos humanos, con las nuevas licencias que puedan irse sumando o aquellas que lleguen a su fin.
Y si bien el regreso a la presencialidad en las aulas no está vinculado de forma estrecha a la vacunación de los docentes y resto del personal educativo, se espera que cuando comience la campaña de inmunización a estos trabajadores, esos 6.000 licenciados disminuirán drásticamente.
“Una aclaración importante es que las excepciones no contemplan el cuidado de familiares. Por esto, por ejemplo, hay muchas trabajadoras con bebés que están yendo a trabajar presencialmente o compañeros y compañeras con adultos mayores a cargo que también asisten a los establecimientos. A esto se suma la nueva disposición del Ministerio de Trabajo de Nación, que exceptúa de trabajar a un adulto del hogar cuando sea indispensable su presencia para el cuidado de niños que no tienen clases presenciales o bien tienen jornada escolar acortada. Esta debe ser reglamentada por la Provincia, lo cual no ha sucedido. Por lo tanto, la organización del hogar es realmente imposible”, destacaron a Los Andes desde el secretariado del SUTE.
En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial trascendió que se trata de una disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación a la que Mendoza, al igual que otras tantas provincias argentinas, no ha adherido.
Diferencias por los edificios
Otro de los reclamos que hicieron públicos desde el SUTE tiene que ver con el estado de los establecimientos escolares y las falencias de infraestructura en muchos de ellos que le juegan en contra al regreso a la presencialidad. “Durante 2020 no se arregló ningún edificio. El ‘ahorro’ presupuestario en educación llega casi a los 3.200 millones de pesos y año tras año lo presupuestado para infraestructura se subejecuta. Las consecuencias están a la vista: problemas de servicios básicos, falta de espacio para la matrícula, baños en condiciones desastrosas, nula ventilación, falta de conectividad, entre otras. También es difícil arrojar números, porque existen más de 1.300 edificios y 2.100 escuelas. Pero sin dudas, y por nuestro relevamiento, entre 30% y 40% de los establecimientos no presenta condiciones adecuadas”, destacaron desde el SUTE.
En ese sentido, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Guillermo Carbonell, destacó el viernes último que en ninguna escuela que no cuente con los tres requisitos fundamentales (agua, electricidad y baños) se regresará a la presencialidad. “Hay edificios que no están en condiciones óptimas. Pero desde hace cinco años a esta parte venimos trabajando para que la mayor cantidad de escuelas estén operativas. El objetivo es que funcione al 100% lo que tiene que ver con agua, electricidad y baños; al menos para el inicio de clases”, destacó.
Respecto a las condiciones en general, admitió que se trata de un ciclo muy difícil de cerrar, ya que las escuelas que fueron arregladas hace cinco años necesitan volver a ser refaccionadas ahora y así permanentemente con todas.
“Para el lunes no se pueden arreglar las 1.350 escuelas y que queden impecables; en eso estamos trabajando para ahora y los próximos tres años. Podríamos haber entregado algunas escuelas más para el lunes en mejores condiciones. Pero ha habido un vandalismo muy importante. Lo que es un hecho es que las escuelas que se abran, van a estar en condiciones. Si no lo están, no se abren. Y van a ser muy pocas las escuelas que no funcionarán, tomando el total de 1.350 edificios que hay en la provincia”, destacó Carbonell.
