Hoy temprano el Gobierno de la provincia envió notificaciones a los anestesistas que renunciaron para que se reincorporen a prestar servicios en los efectores públicos donde se desempeñaban. Se trata de los 68 médicos que tomaron esta decisión en el marco del conflicto que mantienen con el Estado por cuestiones salariales y de condiciones de trabajo.
Es el segundo paso que se toma tras aprobarse la Emergencia en Anestesiología en Mendoza. El primero fue una reunión mantenida el viernes por la mañana entre funcionarios y referentes de la Asociación Mendocina de Anestesiología para tratar de acercar posiciones. La respuesta que tendrá la convocatoria es todo un misterio ya que la entidad que los agrupa no dejó entrever su postura frente a la disposición.
Así, tras la solicitud, se aguarda su respuesta para tratar de recuperar la normalidad en las actividades quirúrgicas del sector público de la salud. Es que debido al conflicto han debido suspenderse cirugías programadas, lo cual según estimaciones ascendía a unas 5 mil hasta la semana pasada.
En caso de que no haya una respuesta positiva se contemplan sanciones estipuladas en la norma aprobada el martes en un tratamiento exprés en la Legislatura. El texto establece en su artículo 3 que las renuncias de los anestesiólogos “se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días corridos de presentada la misma”. De esta manera, el Gobierno de Rodolfo Suárez se asegurará de no contar por los próximos 4 meses de renuncias de los profesionales del sector, salvo que sean por razones de fuerza mayor. Durante este período, el profesional que haya presentado su renuncia, deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales”, expresa. Señala además que en caso de incumplimiento, “será de aplicación la sanción de suspensión en el ejercicio profesional de 1 mes a 5 años.
Nuevas convocatorias
Asimismo, transcurrida esta primera instancia de llamado y según sean los resultados, de ser necesario se procederá a abrir una convocatoria a otros profesionales para cubrir la demanda.
En el artículo 4, se expresa que se podrá convocar a ex residentes y/o ex jefes de residentes de anestesiología egresados del Sistema Provincial de Residencias y/o a profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos 5 años, “con el fin que presten servicios, incluidas las guardias, tanto de semana como de fines de semanas y/o feriados”. En este artículo se eliminó, tras el pedido de la oposición, la posibilidad de convocar a jubilados con menos de 5 años de haber dejado de trabar, y que tuvieran su matrícula vigente.
La ley
La ley 9391 aprobada el martes fue impulsada por el gobierno. El artículo 1 declara la emergencia en anestesiología por un plazo de 120 días “con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna”, y este plazo podrá ser prorrogable “por otro periodo igual por única vez”, con ratificación legislativa. Este punto fue uno de los cambios a la ley, ya que anteriormente el plazo de la emergencia estaba planteado en 18 meses.
Tras la búsqueda de acuerdo con la oposición, se agregó un artículo, el 8, que prevé la conformación de una “Mesa de Diálogo” con la participación de todos los sectores (oficialismo, oposición y organizaciones de anestesiólogos) para intentar llegar a acuerdos para solucionar el problema de fondo. La duración de esta mesa será hasta que se mantenga la emergencia en el sector y el primer paso ya se dio con una convocatoria realizada el viernes.
Si bien el Poder Ejecutivo consideró que el encuentro fue “muy positivo”, no surgieron de allí señales de que los profesionales que forzaron la declaración de Emergencia para el sector en la Legislatura vayan a cambiar de actitud para sumarse “voluntariamente” a la convocatoria hecha por el Gobierno con el objetivo de que presten servicios nuevamente en los quirófanos de los hospitales.
