Mendoza se encamina a tener su propia ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Esta semana, Diputados aprobó un proyecto que venía del Senado y lo mandó para una segunda revisión a la cámara alta.
En caso de transformarse en ley, los privados que pretendan contratar con el Estado, no deberán estar involucrados en casos de coimas o tráfico de influencias.
“Es una ley en contra de la corrupción. La norma establece determinadas pautas para las empresas que contraten con el Estado, incluye a la Provincia, los municipios y los organismos autárquicos”, explicó el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Jorge Difonso (CM).
“Establece un programa de integridad para las empresas, un código de conducta y procedimientos, entre otros requisitos. Son tareas para prevenir los delitos”, agregó.
En diciembre de 2017, el Congreso le dio sanción definitiva a la ley de Responsabilidad Penal aplicable a las personas jurídicas privadas. En el artículo 28, se invita a las provincias a adherir a la norma.
En Mendoza, los senadores Juan Gantus (PJ) y Juan Carlos Jaliff (UCR), y los diputados Marcos Niven (PD) y Pablo Priore (Pro) presentaron sus iniciativas para sumarse a la legislación nacional. En agosto del año pasado el proyecto de Gantus obtuvo media sanción en el Senado y pasó a la cámara baja. Desde que Difonso está al frente de LAC empezaron a tratar el proyecto y le sumaron el texto de las otras propuestas. Además, hicieron consultas a especialistas y técnicos.
“En cuanto ordenamos los expedientes lo empezamos a estudiar. Trabajamos con profesionales, el Ministerio Público Fiscal y el laboratorio de transparencia de la Universidad de Mendoza”, dijo Difonso.
Según el exintendente de San Carlos, el tratamiento del proyecto en la comisión fue técnico y se escuchó el aporte de todos los bloques por lo que esperan que en el Senado se apruebe en las próximas semanas sin reparos.
“El despacho tuvo mayoría sin problemas. No se politizó el tema. Es una ley que necesita reglamentación pero está muy completa”, señaló Difonso.
La ley
El proyecto apunta a la transparencia en las contrataciones del Estado y a la lucha contra la corrupción. Establece un régimen penal aplicable a las personas jurídicas privadas, involucrando a las empresas que contraten con la Provincia, los municipios y los entes autárquicos.
Para que las empresas puedan contratar con el Estado deberán cumplir un Programa de Integridad que deberá contener un código de ética o de conducta; reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquiera otra interacción con el sector público y capacitaciones periódicas sobre el programa a directores, administradores y empleados.
También, tendrá que incluir el análisis periódico de riesgos, canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos y una política de protección de denunciantes contra represalias.
La iniciativa dispone que las personas jurídicas privadas deberán presentar al momento de su inscripción o renovación de su inscripción en los registros correspondientes, una declaración jurada indicando que no tienen sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos en la Ley Nacional N° 27.401 (cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión prevista en el artículo 268 del Código Penal, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balances e informes falsos agravados).
