La cantidad de asesinatos registrados en 2020 en Mendoza -91 casos- muestra una baja sensible en relación a homicidios contabilizados en 2019, pero entre ellos, los femicidios se mantienen igual que el año pasado, con siete víctimas fatales, entre ellas el caso más conmocionante del año: la muerte de la adolescente Florencia Romano (14).
En total, la cantidad de muertes violentas registradas este año suman, entre hombre y mujeres, 91 víctimas, en tanto que el año pasado la cifra llegó a 101. La baja, así, es de un 12%, según cifras del Ministerio Público Fiscal.
Los especialistas incluyen esta disminución de asesinatos en la baja generalizada de delitos que se registraron durante los meses de aislamiento social que vivió todo el país por la pandemia de Covid-19.
Tal es así que en los meses de “cuarentena dura” -abril y mayo- las muertes bajaron casi un 50% -un caso cada seis días-, en general por ajustes de cuenta por droga o enemistades, o bien disputas familiares, aunque también hubo algún robo que terminó con una muerte.
Luego de la cuarentena los números se estabilizaron, llegando a sumar, en todo el año unas 60 muertes violentas en los departamentos que conforman el Gran Mendoza. En tanto que en el Este, durante todo el año se registraron siete homicidios; en el Valle de Uco, cuatro; y en el Sur provincial cuatro. En la mayoría de los crímenes, el trabajo de la Fiscalía de Homicidios y los policías de Investigaciones han logrado detener a los sospechosos.
Por otra parte, y a contramano de las estadísticas habituales –donde los meses más calurosos registran la mayoría de los crímenes- este año los meses más “calientes” resultaron ser julio (13 muertes) y septiembre (8 casos).
Justamente entre julio y septiembre ocupó importantes espacios en los medios el que parecía ser el “caso del año: el secuestro y la muerte de empresario Diego Aliaga (51)
El martes 28 de julio, Aliaga y una mujer salieron de su casa de Godoy Cruz para ver una propiedad que había adquirido en Guaymallén. Cámaras de seguridad lo mostraron más tarde arribando a una casa en Guaymallén, donde iba a montar una clínica con la familia Barrera.
Allí fue secuestrado y luego llevado –vivo o muerto- hasta un depositó en la calle Jujuy de Guaymallén. Tras una larga investigación del fiscal federal Fernando Alcaraz y de la Policía de Mendoza, el 10 de septiembre el cuerpo de Aliaga fue encontrado en un campo inculto de Lavalle. Sólo tenía ropa interior, un trapo en la boca y, en la cabeza, una especie de capucha.
Por el caso están detenidos Diego Barrera (50), su esposa Bibiana Sacolle (46) y los hijos de la mujer, Gastón (28) y Lucas Curi (26), además de Yamil Rosales (32), chofer de la empresa de transporte de los Barrera.
Femicidios
Si el caso Aliaga concitó la atención pública por el entramado del crimen y los actores del caso –la víctima, vecino de Palmares; los detenidos, residentes de Dalvian-, por la violencia y por su compleja resolución, sin duda alguna que el femicidio de la adolescente Florencia Romano (13), conmocionó los cimientos de la sociedad, por la violencia del caso y por el fallido accionar policial, que disparó las protestas callejeras.
El 12 de diciembre, los padres de Florencia Romano (14) denunciaron que la adolescente había desaparecido. La chica se dirigió desde su casa de Guaymallén a una vivienda ubicada en Maipú donde vivían Pablo Arancibia (33) y su pareja, Micaela Méndez (27). Ambos fueron detenidos e imputados por femicidio. Arancibia dijo que la niña había estado en su casa, pero luego se había retirado. Pero la investigación determinó que la niña no había salido y que allí fue asesinada y luego tirada en una acequia. En la muerte pudo incidir que una operadora del 911 no hizo caso a un llamado que alertaba sobre gritos en el domicilio del crimen.
Pero la muerte de Florencia es la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas mendocinas. Porque si bien este año se han registrados siete femicidios –la cifra incluye el “travesticidio” de la trabajadora sexual Melody Barrera (27)- la cantidad de casos por abuso sexual con acceso carnal es verdaderamente alarmante: 380 casos, entre enero y noviembre de 2020.
Si se analiza la cifra, se puede ver que la violencia machista es una verdadera pandemia que se extiende por toda la provincia: 242 casos en el Gran Mendoza; 71 en el Este provincial; 33 en el Valle de Uco y 34 en los departamentos del Sur.
Pero los femicidios del 2020 guardan otro dato escalofriante: si bien la cifra es igual a la de 2019 y muy inferior al 2018 (cuando se registraron 14 homicidios de mujeres), de los 7 femicidios ocurridos en este año que termina, cuatro han tenido como víctima a menores de edad: a la muerte de Florencia Romano (14) hay que sumar a otras tres niñas: Tatiana Guzmán (15) -asesinada en San Rafael- y Aldana González (16) y Sheila Ares (10), fallecidas durante un incendio intencional. Por otra parte, hay que decir que todas estas muertes han sido resueltas y sus presuntos autores han sido detenidos e imputados. Estos son todos los casos:
Abuso y muerte en San Rafael
Tatiana Guzmán (15) murió el 18 de julio, luego de recibir cinco puñaladas cuando fue atacada –tal vez con intenciones de someterla sexualmente- en la localidad de Atuel Norte, San Rafael.
La adolescente estuvo internada desde el 7 de julio en terapia intensiva del hospital Schestakow. Ese día un hombre –detenido e identificado luego como Diego Ángel Lea (38)- ingresó por la ventana de la vivienda de Tatiana, en Calle 6 de Atuel Norte y la llevó al baño, donde habría intentado abusar sexualmente.
Al parecer, la víctima se resistió por lo que el atacante le aplicó cinco puñaladas en el abdomen y le produjo cortes en el rostro y en el cuello. Por esta última herida los investigadores creen que intentó degollarla. Luego del salvaje ataque, el hombre escapó. Familiares de la joven víctima lograron identificarlo cuando huía: era un vecino de la adolescente, conocido como “El Tapado”.
Tras ser detenido el jujeño Lea fue imputado por “abuso sexual simple en grado de tentativa en concurso real con homicidio crímenes causa y femicidio en concurso ideal en calidad de autor”.
Un policía acusado
“Homicidio agravado por el odio a la expresión de género (travesticidio) en concurso ideal con homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía”, es la figura penal que recayó sobre Darío Jesús Chaves Rubio (31), el policía acusado de asesinar a la trabajadora sexual Melody Barrera (27).
La mujer trans fue atacada a balazos en la madrugada del 29 de agosto en la esquina de Correa Saá y Costanera, en Guaymallén. Se encontraba ofreciendo servicios sexuales en la vía pública cuando un sujeto le pegó seis tiros y escapó a bordo de un auto.
La fuga quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona y los investigadores de la división Homicidios tenían el dato de que el rodado era un Volkswagen Bora.
La misma marca de vehículo tiene el detenido, un auxiliar de la comisaría 34 del barrio Bancario, de Godoy Cruz. El efectivo también fue señalado por la declaración de un testigo, que asegura haberse cruzado con el policía antes del hecho y que le manifestó que iba “a buscar un arma y a cagar a tiros al travesti”.
La mató por problemas laborales
El 31 de agosto, el hijo de Dora Hidalgo (67) –empleada de un salón de eventos de Coquimbito, Maipú- denunció que su madre había desaparecido en el lugar. Cuatro días después, la presencia de moscas delató que la mujer había sido colocada en un profundo pozo de agua ubicado en el predio.
Las tareas de excavación comenzaron el 4 de septiembre y un día después, bomberos y policías dieron con los restos Dora. Al cadáver le faltaba la cabeza, que nunca sería encontrada. La víctima fue degollada -tenía heridas cortantes en el cuello- y luego la arrojaron por ese orificio de unos 80 metros de profundidad. Por la caída tuvo múltiples fracturas
Luego se detuvo a un empleado del salón, José Daniel Moreira (31), quien había tenido algunas discusiones con la mujer. Fue imputado por femicidio.
Incendio intencional
El 19 de octubre, Ema Zapata (70), su bisnieta Aldana González (16) y su nieta Sheila Ares (10), murieron en un incendio que se inició en una vivienda ubicada en Moyano al 300, en San José, Guaymallén. Murieron por intoxicación con monóxido de carbono, mientras dormían en las habitaciones.
Las pericias indicaron que alguien había iniciado el fuego de forma intencional al arrojar un objeto encendido por la ventana. A través de las cámaras de seguridad se pudo ver que esa persona era Julio Villarruel (54), expareja de una mujer que también vivía en esa casa, pero que no se encontraba en el momento del incendio.
Villarroel quedó imputado por “triple homicidio agravado por haber sido cometido con un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso ideal con triple homicidio agravado por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja”.
