El 25 de noviembre de 2019, exactamente 3 años después de que se conocieran las escalofriantes y aterradoras denuncias de varios jóvenes sordos y sordas que habían sido abusados sexualmente en el instituto religioso Antonio Próvolo (Carrodilla) de manera sistemática y sostenida cuando eran menores de edad, dos curas y un ex jardinero del lugar fueron condenados como autores de los abusos.
El cura Nicola Corradi (quien falleció a los 85 años en julio del año pasado) fue condenado a 42 años de prisión, mientras que el también cura Horacio Corbacho (62) fue sentenciado a 45 años de cárcel. El ex jardinero Armando Gómez (51), en tanto, fue condenado a 18 años de prisión. Todos fueron encontrados culpables de abusar sexualmente de niños y niñas que estudiaban y dormían en el colegio religioso.
Un año y 6 meses después de esa condena, también en los Tribunales Provinciales y en un contexto de pandemia de coronavirus, comenzaba el segundo juicio por los abusos cometidos en el Próvolo mendocino, juicio que continúa su marcha en la Justicia penal local. Fue el 3 de mayo del 2021 –fecha de la que se cumple exactamente un año este martes- y en esta oportunidad, son 9 las mujeres imputadas y sentadas en el banquillo de acusadas.
Entre ellas hay una monja japonesa, quien se desempeñó un tiempo en el Próvolo y está imputada como autora de varios de estos abusos (además de como partícipe y encubridora de otros cometidos por los curas ya condenados). Esta religiosa se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria mientras transcurre el segundo juicio, al tiempo que las otras 8 imputadas están en libertad, aunque imputadas como partícipes por omisión (en la acusación se considera que estaban al tanto de los abusos y no los denunciaron). Se trata de otra monja, la ex representante legal del colegio, 4 ex directoras, una psicóloga y la ex cocinera del instituto.
A un año del comienzo del segundo juicio es muy poco lo que se ha avanzado en el desarrollo de este proceso vinculado a los abusos sexuales a niños y niñas en el Próvolo. De las 266 personas que está previsto que declaren en el juicio, a 365 días calendario (con fines de semana y días no hábiles incluidos) del inicio, solamente lo han hecho 23 de ellas, lo que representa menos de 10% del total.
Sin embargo, el ritmo con el que se celebran las audiencias –que comenzaron en virtualidad plena en el contexto de pandemia- es normal y hasta ágil: se han celebrado ya 153 audiencias, un buen número si se tienen en cuenta los fines de semana, días no hábiles, feriados y ferias judiciales. Recientemente se fijó que habrá audiencias hasta el viernes 30 de diciembre de 2022, aunque podría llegar a extenderse el plazo.
Teniendo en cuenta estos datos, la pregunta se hace inevitable entonces: ¿por qué se ha avanzado tan poco en el desarrollo del juicio contra las 9 mujeres acusadas de haber tenido participación en el abuso sexual de niños sordos y niñas sordas en el Próvolo?
Los motivos del lento avance
Las dos primeras mujeres –hoy imputadas- que fueron detenidas en el Caso Próvolo fueron la monja japonesa (sobre quien pesan las acusaciones más importantes) y la ex representante legal del Próvolo lujanino. En el caso de la religiosa, su detención se produjo hace exactamente 5 años, a principios de mayo de 2017 y luego de que varias víctimas acusaran formalmente a la mujer de haberlas “entregado” para ser abusados en el lugar y hasta, incluso, haber cometido algunos de los abusos posteriormente denunciados.
Sobre la monja pesaba desde fines de abril de 2017 una orden de captura internacional emitida por el fiscal Gustavo Stroppiana, quien instruyó la causa durante su etapa investigativa. Pero fue la monja quien se entregó por sus medios en Buenos Aires para ponerse a disposición de la Justicia, mientras que su abogado negó rotundamente que haya existido un pedido de captura.
Las otras imputaciones contra autoridades, directoras y ex trabajadoras, en tanto, fueron sucediéndose con el transcurrir de la investigación y las declaraciones de las víctimas en cámara Gesell –acompañadas de psicólogos, psiquiatras e intérpretes de Lengua de Señas oficiales, que fueron grabadas-. Allí los chicos y las chicas acusaron a las hoy imputadas de haber tenido participación y conocimiento de los abusos.
Luego de la condena a los curas y al ex jardinero, los abusos en el Próvolo quedaron confirmados. Llegó entonces el momento de llevar adelante el segundo de los juicios, donde se pretende determinar la participación –o no- de las mujeres imputadas. Y, en el caso de la monja más joven, de determinar si también es la autora de algunos de los abusos. Ese fue el juicio que comenzó el 3 de mayo de 2021.
Planteos de nulidad
La pandemia, la virtualidad y semi presencialidad de las audiencias –especialmente al principio- marcaron el contexto macro de este juicio. Sin embargo, lo poco que se ha avanzado desde lo concreto en el juicio no tiene que ver específicamente con esto. Las audiencias preliminares (donde se discute la prueba que se tendrá en cuenta durante el debate) se extendieron durante casi un año.
“También la constante interposición de acciones dilatorias presentadas por la defensa de las religiosas, las cuales fueron siempre rechazadas. En esencia, se trataba de los mismos planteos realizados durante la etapa de investigación y que ya habían sido objeto de análisis y rechazo por distintos magistrados”, sostuvo uno de los abogados que acompaña a las víctimas, Lucas Lecour, quien además es presidente de la ONG Xumek.
Cambio de juez y denuncia de dilaciones
A las semanas de haber iniciado el juicio, un cambio en la conformación del tribunal también frenó provisoriamente el debate. Y es que los abogados de la monja imputada como autora y partícipe de algunos abusos recusaron al juez Horacio Cadile, quien presidía entonces el tribunal. Y lo hizo con una denuncia –en la que adjuntó copias- referida a que el magistrado se burlaba de la monja en un grupo privado de WhatsApp que compartía con otros fiscales.
Aunque se intentó impulsar un jury contra Cadile por esta denuncia, finalmente el pedido no tuvo cabida y Cadile no llegó al juicio, aunque debió renunciar al tribunal. La jueza María Belén Salido ocupó el lugar vacante en el tribunal, mientras que la presidencia quedó en manos de la jueza Gabriela Urciuolo.
“A un año de iniciado el juicio, solo han podido declarar 23 testigos de más de 266 personas que serán citadas. Esto es debido a los constantes entorpecimientos que provocan los abogados de las religiosas, y que el tribunal tolera sin tener en cuenta el grave daño que las dilaciones ocasionan a las víctimas. Es decir, solo han declarado menos de 10% de la totalidad de las personas en 12 meses de juicio. De seguir este ritmo, el juicio se demoraría 9 años más”, acusó Lecour.
Revictimización
Consultados por Los Andes, fuentes judiciales destacaron que el tribunal deben considerar todos los planteos de las partes para prevenir cualquier pedido de nulidad que pueda surgir, ya que significaría un riesgo de que todo el juicio pierda valor, así como los avances. Además, resaltaron que muchas veces las demoras también tienen que con que las víctimas sufren algunas recaídas o descomposturas durante sus declaraciones o con que no llegan en el horario en que estaba previsto.
“Las nuevas declaraciones de las víctimas no estuvieron exentas de situaciones revictimizantes que provocaron que, en ocasiones, algunas sobrevivientes tuvieran que ser asistidas por médicos del tribunal o ser llevadas a la guardia hospitalaria. Esto sumado a que debieron asistir a declarar en numerosas oportunidades, llegando una de ella a tener que presentarse en 23 oportunidades a los estrados del Poder Judicial, donde se le realizan numerosas preguntas que nada tienen que ver con los hechos que se imputan. A las víctimas se las interroga sobre cuestiones personales bajo el pretexto de verificar su credibilidad, lo que provoca un desgaste emocional en las víctimas que terminan muy afectadas luego de tantas audiencias”, agregó el abogado Lecour.
En ese sentido, destacó que, ante la recomendación de psicólogos referida a que un o una testigo no se encuentra en condiciones psíquicas y emocionales de declarar, se ha ordenado -a instancias de la defensa- la realización de un nuevo examen a fin de determinar si lo que afirman dichos profesionales es así. “La última de las víctimas en declarar durante el mes de abril lo hizo por más de 10 jornadas, debiendo parar en alguna de ellas por el grave estado emocional le provocaban tantas preguntas”, agregó.
Durante la investigación del caso (o instrucción), todas las declaraciones en cámara Gesell de los chicos y las chicas que fueron víctimas de los abusos en el instituto católico fueron grabadas.
En estos testimonios, acompañados por psicólogos, psiquiatras e intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) oficiales, los denunciantes dieron detalles de los abusos y de quienes participaron (involucraron, de una u otra manera, a las mujeres hoy imputadas también). Y, teniendo en cuenta la situación de revictimización y lo difícil de repasar estos episodios, fueron estas mismas grabaciones las que se reprodujeron durante el primero de los juicios para no volver a citar a las víctimas (salvo en excepciones).
Apartaron a los intérpretes oficiales
Sin embargo, lo referido a los intérpretes de Lengua de Señas también ha dado que hablar en el segundo juicio que cumple hoy un año. Y es que los abogados de las imputadas –principalmente los de la monja japonesa- denunciaron a los y las intérpretes que acompañaron a los chicos y chicas de tergiversar las declaraciones de las víctimas en perjuicio de las imputadas. Si bien no es la primera vez que se los denuncia –ya se había hecho durante la instrucción y la denuncia había sido archivada-, se decidió en esta oportunidad apartar a los intérpretes del juicio.
“Los y las intérpretes denunciadas y apartadas son personas cercanas a las víctimas, situación que las afecta gravemente, vulnerando un derecho humano fundamental: que la comunidad sorda cuente con intérpretes de confianza, toda vez que son ellos su canal de comunicación con las personas oyentes y además, por su función, ellos conocen aspectos muy íntimos de su vida privada que les sobrevivientes no están dispuesto a revelar a cualquiera. En consecuencia, perseguir a los intérpretes que vienen participando desde el inicio de la causa mediante una denuncia penal y sacarlos de su intervención en este segundo juicio constituye una forma de revictimización especial, ya que obliga a las víctimas a tener que entablar un nuevo vínculo de confianza con intérpretes desconocidos o callar otra vez los abusos sexuales sufridos en el instituto”, destacó Lecour, quien resaltó que es tan importante la función que cumplen los intérpretes en las personas sordas e hipoacúsicas, que en el caso de que no se pudiese entablar un vínculo seguro entre ambos, el resultado sería nuevamente el silencio de las víctimas y la impunidad de los abusadores.
Prohibido informar
Otro de los cuestionamientos planteados por los abogados de las víctimas es que el tribunal haya hecho lugar al pedido de los abogados de la monja para que se prohibiera a las partes dar información de lo que sucedía dentro de la sala de debate.
“En principio, como en cualquier acto de gobierno de una república, todos los debates son públicos. Sin embargo, cuando se trata de causas en la que se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes, puede ordenarse que estos sean a ‘puerta cerrada’. Esto no significa de ninguna manera que el debate sea secreto o que las partes no puedan dar información sobre lo que sucede dentro de la sala de audiencias, sino que, para resguardar la intimidad de las víctimas, no se permite el ingreso de personas ajenas al juicio y se sugiere que la información que se transmita no afecte la honra de las mismas.
Decimos ‘se sugiere’ porque jamás una norma podría censurar previamente a alguna de las partes, sólo se puede pensar en responsabilidades ulteriores por la afectación a algún derecho de las víctimas”, destacó el abogado y presidente de Xumek, Lucas Lecour, quien insistió en que “lo que se resguarda siempre es la intimidad de las víctimas, nunca la intimidad de los o las imputadas, las partes o el tribunal”.
El abogado de un grupo de las víctimas involucradas en este segundo juicio criticó que los jueces hicieran lugar a este planteo. “Llamativamente el tribunal hace lugar al pedido de los defensores de las monjas e, inmediatamente, comienzan estos a denunciar a periodistas que informan sobre el avance de la causa. Y lo hacen simplemente por ejercer debidamente su labor republicana de informar a la población el estado de un proceso judicial de suma trascendencia.
Los denunciantes saben que esas denuncias resultan infundadas y contrarias a la Constitución. No obstante, se las utiliza como un medio más de silenciamiento y amedrentamiento contra quienes se animen a enfrentar el poder de la Iglesia, provocando que otros periodistas eviten dar a conocer los avances del juicio”, agregó el abogado.
Incluso el propio Lecour fue denunciado también por dar información a la prensa sobre las situaciones de revictimización en la que se encuentran los y las sobrevivientes que prestaron declaración en este segundo debate.
Reclamo por el incumplimiento en las reparaciones
La condena durante el primer juicio a Corradi, Corbacho y Gómez por abusos a niños y niñas en el Próvolo mendocino fue una noticia mundial. Más si se tiene en cuenta que el ya fallecido Corradi tenía denuncias por abusos también en las sedes del Próvolo de Verona, Italia –de donde era oriundo el sacerdote- y en la de La Plata. Las víctimas y denunciantes celebraron y se emocionaron con la condena en Mendoza.
Por esto mismo es que la condena fue replicada en medios de todo el mundo. Sin embargo, más allá de lo referido a la prisión para los culpables, la sentencia también contemplaba una serie de acciones y medidas de reparación que involucraban al Gobierno de Mendoza y que apuntaban a que el Ministerio de Salud, la DGE y el IPV garantizara asistencia a los chicos, facilidades en lo referido a seguimiento psicológico y psiquiátrico, al acompañamiento escolar –con intérpretes de LSA- y a garantizar la posibilidad del acceso a una vivienda digna.
Sin embargo –a excepción de una reunión con autoridades del IPV por este último punto-, desde el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo denunciaron que hasta el momento prácticamente no se ha avanzado con las medidas reparadoras fijadas por la Justicia.
