La comunidad huarpe Juan Bautista Villegas, de Lavalle, reclama la falta de agua por el bloqueo del arroyo Tulumaya por parte de algunos privados. Ante esto, interpusieron una acción de amparo para que el Departamento General de Irrigación tome cartas en el asunto y proceda a quitar los tapones particulares que, según afirman, son los que han desviado el líquido desde agosto del año pasado provocando, entre otros daños, la pérdida de sus animales.
Además, a través de su representante legal, los habitantes originarios afirman que esta acción viola un tratado que protege los humedales de esa zona ya que las Lagunas de Guanacache, donde desemboca este arroyo, fueron declaradas sitio Ramsar o humedal de importancia internacional.
“Interpusimos una acción de amparo contra Irrigación porque desde noviembre estamos solicitando que saquen los tapones particulares que desvían el agua. Creemos que quienes se la están llevando son propietarios de las fincas de los costados del arroyo Tulumaya, que tiene unos 6 kilómetros y es el que irriga los humedales de los que se sirven los integrantes de los pueblos huarpes. Y es uno de los dos sitios Ramsar de la provincia”, explicó el abogado de las comunidades, Fidel Bustelo.
Por otro lado, indicó que el pasado martes hubo una audiencia de conciliación con Irrigación, la cual fracasó, y que el último jueves se emitió una medida precautoria que ordena a Irrigación quitar los tapones. “Cuando hemos llevado las pruebas nunca nos negaron que sea mentira. Han muerto animales por la falta de agua”, señaló el letrado.
La denuncia
Según consta en una de las denuncias -realizada el 17 de febrero- el arroyo Tulumaya de Lavalle “ha sido alterado en su curso normal del agua, desviándolo hacia emprendimientos particulares. Esta maniobra delictiva se ha realizado mediante la construcción de un tapón o construcción dentro del arroyo Tulumaya para que el agua no siga su curso y en consecuencia desviándola para intereses particulares”. En el mismo documento se señala que las máquinas de Irrigación intentaron romper dicho tapón pero que particulares evitaron que esto sucediera.
Según indicó Bustelo, pese a que Irrigación se había comprometido a realizar los trabajos correspondientes, transcurrieron los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021 y “esta repartición no cumplió con su obligación legal de evitar el desvío ilícito”.
El 17 de febrero, según señalan los damnificados, llegó una contestación de Irrigación de parte del subdelegado de aguas de esa zona, en la que se manifestaba que se habían dispuesto las medidas necesarias para retirar el tapón de agua sobre el arroyo y para “restablecer las condiciones naturales para el normal escurrimiento de las aguas” priorizando la maquinaria que, debido a las lluvias, no estaban disponibles para su uso por encontrarse en la cuenca del río Mendoza.
Soluciones con precaución
Marcelo Landini, subdelegado de Aguas de la Cuenca del río Mendoza comentó que luego de enterarse de que la sentencia de la jueza Fabiana Martinelli devino en abstracto con el pedido de amparo que emplazaba a la institución gubernamental a actuar en 48 horas, igual, ya habían estado trabajando.
“Cuando nos notificaron ya habíamos trabajado sobre el tapón y la limpieza del arroyo. Fue la última semana de febrero, sin saber que teníamos el amparo. Actualmente quedan dos obras civiles (tomas) que están en el medio del recorrido del arroyo y estamos averiguando, con una máquina al lado, a quién le pertenece esta obra y si hay permiso o derecho de riego vinculado a ellas”, explicó el funcionario de Irrigación.
Agregó que, en el caso de que no hubiera nada vinculado a estas obras civiles, harán las notificaciones pertinentes y el retiro por clandestinidad. “Hemos estado trabajando sobre el tema, tomando las seguridades del caso. Es un cauce que normalmente no mantenemos porque es un arroyo natural adonde llega el canal Tulumaya. Generalmente lleva agua sobrante de riego, de tormenta o de componente aluvional, que luego las comunidades aborígenes usan para riego”, detalló Ladini.
En caso de que haya que retirarlo, desde Irrigación señalaron que es un trabajo de dos horas pero que prefieren ser precavidos, por ahora, nutriéndose de antecedentes o de lo que legalmente corresponde. “Estamos solucionando el tema con las seguridades del caso”, cerró el funcionario.
Resolución judicial
La jueza Fabiana Martinelli, quien intervino con celeridad entendiendo la situación de las comunidades, emplazó a que el Departamento General de Irrigación realice “la inspección del arroyo Tulumaya constatando el estado del curso de las aguas, procediendo a su limpieza y al retiro de cualquier obstrucción natural o artificial del curso, destrucción de obras ilegales en el plazo de 20 días” y no de 48 horas, como planteaba el amparo interpuesto.
En la orden judicial también se contempla la realización de inspección ocular para el día viernes 19 de marzo por parte de miembros de la Justicia para evaluar la necesidad de adopción de otras medidas tendientes a proteger la salud de las personas y animales que habitan en el lugar.
“Este reclamo tiene muchos años, pero en agosto directamente se quedaron sin agua y empezamos con la nota en noviembre en la Justicia. Lo que hay que entender es que Irrigación recién se movió cuando intervino la Justicia. El 19 de marzo la jueza Martinelli va a ir a constatar in situ qué se ha hecho”, finalizó Bustelo.
