En Mendoza hay actualmente, por lo menos, 200 padres o madres que no pueden ver a sus hijos porque el Poder Judicial no se los permite, o bien porque uno de los progenitores desobedece la orden impuesta desde este organismo. Para peor, la pandemia y las restricciones derivadas de la prevención contra el Covid-19 profundizaron esta problemática.
A raíz de esto, son muchos los que sufren la llamada obstrucción de vínculo e impedimento de contacto provocando, entre otros, daños psicológicos y emocionales a los niños. Por ello, quienes componen la asociación Infancia por Más Justicia (organización heredera de lo que alguna vez fuera Padres de la Guarda) están llevando adelante acciones para superar estas barreras que demandan, según cuentan, demasiado tiempo para su resolución.
Los Andes conversó con algunos de esos padres afectados, para dar a conocer sus historias y para ponerle rostros a la situación por la que pasan muchos mendocinos, algunos en silencio y otros, desde una organización que le pone voces a sus reclamos.
“Los chicos son rehenes”
Evelina Coria, de 39 años, desde 2017 no ve a sus dos hijos. Según contó, su expareja ejercía violencia “económica, física y psicológica” contra ella. “Cuando decido separarme de él le pongo una prohibición de acercamiento. La Policía constató las lesiones y eso no le gustó mucho. Después de un tiempo recibí una denuncia en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios de la Dirección General de Protección de Derechos de las Personas Menores de Edad (ex OAL), donde me acusaba de ejercer violencia sobre mis hijos. Así que tomaron medidas para separarme de ellos por tres meses, sin pruebas. Y a pesar de que yo tenía las pruebas de violencia”, detalló la mujer.
Luego a Evelina le dieron el cese de la medida, pero nunca le devolvieron a sus hijos. Por esta razón se judicializó todo y lleva cuatro años sin vinculación. “Los niños crecen en una infancia infeliz. Empiezan a creer que su mamá es mala, que sus abuelos maternos no los quieren. Los chicos son rehenes”, argumentó Evelina. Según aseguró, los hijos están en tratamiento psicológico y psiquiátrico por toda la situación.
“Hay irregularidades, creemos que en el Ejecutivo y en la Justicia hay violencia institucional. Yo veo que, si bien deben ser criteriosos, porque hay niños que sufren flagelos y violencias, no pueden separar automáticamente a esos niños y después dejarlos a la deriva. Por ejemplo, me han dado visitas para que siguiera viendo a mis hijos, pero luego dejaron de estar al tanto de si me dejaban verlos”, describió.
Para Evelina, los daños son irreversibles. “Hay muchas mamás que están en esta situación, pero también abuelas y abuelos. El centro de vida cambia y se suele retomar el contacto cuando los chicos son mayores de edad. Ahí tratan de acercarse de nuevo y se dan cuenta que el rechazo era parte de un lavado de cabeza. Pero para eso pasan muchos años”, terminó.
Víctima de denuncias falsas
Matías Pelayes, de 36 años, contó que en julio de 2019 dejó de ver a su hija por una denuncia falsa, de la que ya fue sobreseído. La denuncia, según contó a Los Andes, fue por privación ilegítima de la libertad y por violencia de género, pero dijo que luego se demostró que era falsa. A los dos meses fue sobreseído, pero en enero de 2020, por otra denuncia de abuso sexual le quitaron a su hija -según Pelayes sin investigar- y por ello estuvo 32 días en Contraventores y 2 meses en el penal. Así, la niña pasó a estar en una casa cuna, ya que su madre, por problemas de salud, tampoco podía cuidarla.
“Fue un momento muy duro. Yo no tenía antecedentes, mi currículum es impecable, tengo un negocio. Fueron todas denuncias sin fundamento”, remarcó Matías, quien narró que una vez que salió de la cárcel pudo sacar a su hija de la casa cuna y ahora vive con su abuela. “Lo que quiero es recuperar el vínculo con la nena. El Estado me impide verla por denuncias falsas”, reiteró. A pesar de que que su hija está bien, dice que llora constantemente y se orina encima debido a la experiencia vivida.
Para Pelayes, la Justicia trabaja muy lento por burocracia. Para citar un ejemplo respecto a los ritmos, Matías contó que ha presentado pericias psicológicas, pero cuando estas finalmente llegan al juez, ya se ha vencido el plazo de validez, por lo que tiene que empezar todo el proceso de nuevo.
“Con la organización he logrado mucho, es muy importante lograr que no se corte el vínculo con los niños”, aseguró.
Seis años sin contacto directo
Celia Fernández cuenta que es una de las mamás que lleva más tiempo sin vínculo directo con sus dos hijos. Casi seis años, dijo, desde noviembre de 2015. Su historia es trágica. Los problemas comenzaron cuando el padre de sus hijos murió en un accidente de tránsito. En ese momento, los abuelos paternos de los niños comenzaron a hacer, según sus palabras, “impedimiento de contacto y obstrucción al vínculo por motivos de disputas familiares”.
“Así empezó esta batalla judicial. Ellos aluden que se ha comprobado que es cierto que maltrato a mis hijos y por esa razón me niegan el vínculo a mí y a su hermanita de dos años”, contó Celia, haciendo referencia a otra hija que tuvo con otra pareja.
Como parte de esta “batalla”, en 2016 logró la revinculación con sus dos hijos, con pericias de por medio, pero los abuelos le negaron la revinculación diciendo que no era “verdad lo que se ha demostrado”. “Los chicos fueron escuchados, dijeron que les gustaba estar con su mamá y compartir tiempo juntos. Pero la jueza fue recusada y mandaron el caso a la Sala de Apelaciones. Allí, lo que se tenía que resolver en tres meses demoró tres años”, lamentó.
Celia dijo que luego de tantos trámites burocráticos y de “manipulación” llegó un momento en el que sus propios hijos empezaron a rechazarla, según ella, debido al tiempo que ha transcurrido sin vínculo y sin contacto. “El sistema ayuda a que esto pase. Todo el sistema funciona mal y hace que los chicos se vean vulnerados en sus derechos. Estar con su mamá es parte de su identidad. Emocionalmente afecta y construyen una realidad que no es así”, describió.
Por último, Celia contó que todo esto la ha desgastado económica y emocionalmente, y que ha tenido que realizar tratamientos para llevar adelante esta lucha. “Mucha gente no sabe adónde ir, no sabe qué hacer y a veces cae en manos de abogados que cobran una fortuna y no hacen nada”, terminó.
La asociación en Mendoza
En Infancia por Más Justicia Mendoza, compuesta por más de 200 padres, madres y familia extensa, luchan, como dicen, “por una niñez feliz, con pleno goce de sus derechos”.
Están en proceso para trabajar en conjunto con la Municipalidad de Capital y con el Gobierno de Mendoza.
“Es imperativo entender que los tiempos de la Justicia no son los mismos que los de la niñez. Debemos poner el foco en que procesos judiciales sostenidos en el tiempo sólo llevan a la desvinculación”, comentaron. “No podemos seguir sosteniendo como sociedad que la excusa para este flagelo sea la falta de personal, el colapso del sistema familiar, y en este tiempo que transcurre, la pandemia”, explicaron algunos referentes de la asociación.
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