Hace seis años, el submarino ARA San Juan (S-42) se hundió en el Atlántico sur debido a problemas técnicos, resultando en la trágica muerte de sus 44 tripulantes. Se siguen múltiples causas judiciales relacionadas con el suceso, ocurrido durante el Gobierno de Mauricio Macri. Un Consejo de Guerra impuso sanciones disciplinarias a altos mandos de la Armada.
Construido en la década de 1980, el submarino tuvo una reparación de media vida entre 2007 y 2014. A pesar de advertencias sobre la necesidad de reparaciones, en 2016, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó al Congreso que el submarino estaba “operativo”. Informes periodísticos indicaron problemas en el snorkel semanas antes del hundimiento.
Los hechos
A media jornada del 15 de noviembre de 2017 empezó a crecer una versión alarmante respecto al submarino construido a principios del ‘80 en los astilleros alemanes Thyssen Nordseewerke.
Era un hecho la pérdida de contacto con la nave que había partido el 8 de noviembre desde Ushuaia con destino a Mar del Plata. La última comunicación había sido a las 7.30, e indicaba que el submarino navegaba por el golfo de San Jorge. Recién dos días después, la Armada comunicó oficialmente la pérdida de contacto con la nave.
El Capitán de Fragata Pedro Fernández tenía bajo su mando el submarino. “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3, ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de batería. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido sin novedades del personal”, dejó asentado a las 6 de la mañana del 15 de noviembre de 2017.
Aquel día, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, estaba en Canadá. Admitió que se enteró del incidente por notas periodísticas y no por una comunicación oficial de los mandos de la Armada.
“Por disposición del Presidente desplegamos todas las unidades disponibles para localizar al submarino San Juan y aceptamos las ayudas internacionales para lograr restablecer el contacto. Estamos junto a las familias de la tripulación y las mantenemos informadas de la operación”, escribió Aguad el 18 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, en la primera comunicación gubernamental sobre el episodio.
Para el 22 de noviembre ya había 49 buques y aviones afectados a un operativo de búsqueda que involucró a once países.
El 23 de noviembre, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares informó que el 15 de noviembre se había detectado “una señal inusual cerca de la última posición conocida del submarino”.
El 18 de diciembre el ministro Aguad pasó a retiro al jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y diez días después fue relevado el subjefe de la fuerza, el vicealmirante Miguel Ángel Máscolo.
Tras una búsqueda acotada durante el verano y bajo la protesta de los familiares de las víctimas exigiendo retomar el rastrillaje, el Gobierno adjudicó a la empresa Ocean Infinity, dueña de la nave Seabed Constructor equipada con vehículos submarinos autónomos, la tarea de rescate. El 17 de noviembre de 2018 se anunció que el ARA San Juan fue ubicado a 907 metros de profundidad.
La hipótesis principal indica el ingreso de agua al tanque de baterías 3, a través de la válvula E19, lo que habría derivado luego en una implosión y el colapso de la nave al fondo del mar.
En noviembre del año pasado, la Cámara Federal ordenó ampliar la investigación sobre las responsabilidades de Macri, Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur. Un Consejo de Guerra resultó en el arresto y destitución de altos mandos de la Armada.
