Una investigación secreta por coimas, a través de una asociación ilícita, que se inició en marzo de 2020 explotó ayer cuando el juez federal de Mendoza fue imputado como líder de una presunta organización dedicada a otorgar beneficios a detenidos a cambio de importantes sumas de dinero.
Ayer por la mañana, efectivos de la Policía de Mendoza, por orden de Dante Vega –fiscal federal de la de Cámara de Apelaciones- realizaron una batería de allanamientos en estudios y viviendas de todos los implicados. Es que en la causa también quedaron imputados los letrados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo, además de María Isabel Boiza, esposa de Bento.
Sobre Bento recayó la siguiente imputación: seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. No fue detenido por su condición de magistrado. En cambio, Ríos y Aramayo fueron aprehendidos en sus casas; en tanto que Ortego se entregó esta mañana.
Los abogados Ríos y Aramayo quedaron detenidos e incomunicados en dependencias de la Policía de Mendoza y hoy serán indagados, les tomarán declaración y y le darán a conocer el detalle de la imputación. No se descarta que la causa siga secreta, ya que Ortego se mantiene prófugo.
En cuanto a la mujer del juez Bento, trascendió que no habría quedado detenida ya que solo está imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La causa -en manos del juez sanrafaelino Eduardo Puigdéngolas- tuvo gran repercusión mediática y movilizó al ámbito político, teniendo en cuenta que es un año de elecciones y que Bento es el juez electoral de Mendoza.
Bento fue nombrado juez en 2005, por el entonces presidente Néstor Kirchner y el apoyo del operador mendocino del PJ, Juan Carlos Mazzón, fue clave para su designación.
La investigación contra Bento habría comenzado en marzo de 2020, casi de forma accidental: cuando el propio juez ordenó detener al “narcofinancista” Walter Bardinella Donoso (40), quien permanecía prófugo y era buscado por participar en el transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que Bardinella se comunicaba con el empresario Diego Aliaga (51), quien le decía que contactos dentro de la Justicia Federal le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero.
Luego, en setiembre de 2020, explotó el “caso Aliaga”, un habitué de los cafés cercanos a Tribunales que terminó secuestrado, asesinado y enterrado en un campo de Lavalle. Su socio, Diego Barrera (50), fue detenido junto a su mujer y sus hijastros.
Barrera, antes de ser detenido, declaró que Aliaga podía haber desaparecido –en ese momento no se sabía que había sido asesinado- porque tenía contactos en los Tribunales Federales que le permitían conseguir beneficios a cambio de importantes sumas de dólares.
Incluso, Barrera habría dicho que Aliaga y un abogado –sería alguno de los mencionados- se contactaban con los abogados de los detenidos y les ofrecían ventajosas condiciones como prisiones domiciliarias u otros beneficios respecto de los secuestros efectuados. Y si el defensor del detenido se negaba a participar del supuesto beneficio, hablaban con el implicado y lo instaban a abandonar a su defensor a cambio de que ellos mismos lo representaran. Por estos dichos, Vega hizo declarar a Barrera durante tres horas.
Con el rebote mediático que tuvo el caso Aliaga, la causa secreta se fue filtrando a la prensa y llegó a oídos del juez Bento. En los primeros meses de este año. Bento contrató a Mariano Cúneo Libarona, quien intentó cuatro veces, durante los primeros meses de este año, hacerse con el expediente que investiga Vega y que tramita Puigdéngolas, el juez federal de San Rafael. En cuatro ocasiones se habría “rebotado” el pedido de este abogado, afirmando que Bento no estaba nombrado en la causa y mucho menos imputado. Pero ahora, el juez sí fue acusado judicialmente.
