Las investigaciones para esclarecer el devastador incendio que se produjo en la playa de secuestros San Agustín el pasado 16 de septiembre van por diferentes carriles pero avanzan a paso firme. Según anticipan las áreas intervinientes, la próxima será una semana crucial para tener algunas novedades que permitan comprender qué ocurrió en el lugar cuando se incendiaron 26.000 vehículos, se dañaron viviendas de barrios aledaños y se afectó la salud de la población de la zona.
Por lo pronto, que el fuego se inició en un terreno lindero al predio es la hipótesis más fuerte que maneja la Justicia. Así lo refirió el jefe de fiscales de Delitos no Especializados, Sebastián Capizzi. Esto confronta con las conjeturas a las que se atribuía más peso en un principio, que apuntaban al inicio del fuego dentro de la playa, quizás para encubrir algún delito como algún robo.
Es que los relatos de los vecinos han señalado que están habituados a que en este lugar ocurran este tipo de hechos, a razón de dos o tres por año. Claro, no de la magnitud del que se generó aquel día y que destruyó prácticamente la totalidad de los vehículos alojados en ese espacio del Ministerio de Seguridad.
Se trata de un predio de 9 hectáreas, un depósito a cielo abierto donde se acumulaban unos 30.000 vehículos secuestrados por diversas circunstancias como infracciones, problemas administrativos, judiciales o que han quedado en desuso.
El fiscal ha señalado que determinar cómo se inició el siniestro es un elemento importante para dar con los responsables. No se descarta ninguna hipótesis, y aunque las teorías que circulan tienden a creer que se trató de algo intencional, es algo que no se ha confirmado ni se descarta lo contrario, quizás por una imprudencia. Además ha informado que, en caso de que se determine que fue intencional, las penas pueden llegar a 10 o 15 años de prisión, teniendo en cuenta que se puso en riesgo la vida de las personas. Si fuera un caso de imprudencia, la pena no sería de más de un año de prisión.
La situación de los policías
El fiscal Capizzi destacó que se avanza en la pesquisa y se espera tener más novedades la próxima semana. Es que la Inspección General de Seguridad (IGS) tiene en sus manos otra pata del asunto: la investigación sumaria a los cuatro policías que estaban a cargo del predio.
Marcelo Puertas, titular de la IGS, dijo a Los Andes que, respecto de la implicación en los hechos, se está avanzando en el proceso de investigación. “Estamos reuniendo pruebas. Falta todavía el dictamen de bomberos y el miércoles vamos a hacer una inspección ocular en la playa. Después de eso vamos a resolver si iniciamos sumario y a quién”, detalló.
Por lo pronto, la situación de los efectivos no ha cambiado luego de que la IGS pidiera el traslado del lugar, por lo que están desempeñándose en “otra zona” de la Policía Vial.
Casas destruidas
A dos semanas del dramático hecho, las familias de los barrios afectados intentan reponerse. Aquel día vivieron momentos tremendos y muchos perdieron todo lo que tenían. Hicieron lo que pudieron por defender sus hogares y muchos vieron afectada su salud.
De acuerdo a los relevamientos hechos por la Municipalidad de la Ciudad, hay siete casas con daño total: tres en el barrio Alto Mendoza y cuatro en el barrio El Libertador. Además, hay 10 casas con daño parcial: nueve en el barrio El Libertador y una en el Alto Mendoza. Por otra parte, detallaron que hay 28 viviendas del Libertador y 16 viviendas del Alto Mendoza que han recibido materiales para el techo, como membranas, palos y rollizos.
Cecilia perdió su casa. Sólo le quedó más o menos en condiciones una habitación que lograron acondicionar para permanecer ahí. No quiere abandonar el lugar pese a que la municipalidad le ofreció pagarle un alquiler o uno de los módulos que están construyendo en otro barrio cercano. “No me voy porque no quiero dejar mi casa. De mi casa no me voy porque tengo una pieza y no quiero abusar. De a poco la vamos arreglando y, por otra parte, no podemos esperar tres meses al IPV para que nos arreglen”, contó a este diario.
La familia del barrio Alto Mendoza vio su vida dar un inmenso vuelco en unas pocas horas ya que, además de perder su vivienda, Cecilia perdió todo lo que usaba para trabajar. Relató que allí tenía una rotisería y vendía otros productos, como artesanías. Todo se quemó.
El hogar está conformado por 10 personas con varios niños y adolescentes y ahora todos los que pueden dan una mano para poner en pie nuevamente su vivienda. Por lo pronto, los hijos de la mujer, así como su nieto, han dejado de asistir al colegio. Incluso su nuera, que también vive allí, tuvo que dejar de estudiar. Pero esperan volver a la normalidad la próxima semana.
Entre los miembros de la familia están pintando y construyendo “a pulmón”. Pese a que la municipalidad les dio un bono de 100.000 pesos para que cubrieran sus necesidades, lo que han sentido es, sobre todo, el apoyo de los vecinos y la iglesia a la que asisten. A nadie le sobra, sin embargo se han acercado para ayudarlos con camas, colchones, ropa, alimentos y desde la iglesia pintura, una heladera y una mesa, entre otras cosas.
“Es muy difícil porque estamos grandes y tenemos que empezar de cero”, comentó la mujer angustiada.
La municipalidad ha construido tres módulos habitacionales para las familias perjudicadas por el incendio. Ayer se trabajaba para terminar dos más. Y se entregaron tres ayudas económicas para alquileres.
Destacaron que, en el caso de las familias del barrio Alto Mendoza, una sigue residiendo en la vivienda mientras que la otra se encuentra distribuida en casa de familiares.
Afectados por estrés postraumático
Parte de la problemática son los daños para la salud que acarrean la contaminación y el humo que han respirado por tantas horas, incluso con el aire sucio luego de apagado el fuego.
Cecilia resaltó que muchos vecinos han estado varios días con tos y dolores de cabeza. Consultada la municipalidad sobre los problemas de salud detectados luego del incendio, detallaron que se gestionaron 17 turnos de atención clínica, pediátrica y oftalmológica. Se detectaron molestias respiratorias relacionadas a la inhalación de humo y se ofreció contención psicológica para quienes lo requirieron.
El 26 de septiembre se realizó un operativo especial de salud comunitaria en el barrio El Libertador. Refirieron que, en diálogo con vecinos de la zona y no sólo los que tuvieron su vivienda afectada, surgieron situaciones asociadas a estrés postraumático. Por lo tanto, desde los equipos de gestión social se tiene previsto realizar intervenciones individuales y grupales para el abordaje de la salud mental.
