La Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, le prohibió la salida del país a los dos imputados en la causa penal iniciada el 21 de julio por una denuncia de la Aduana argentina por una supuesta operación fraudulenta de la empresa KMG Fueguina SA con la importación de elementos electrónicos.
La medida involucra al presidente del directorio de la empresa, Mario Witomski y a la despachante de aduana Cintia Giandoménico que intervinieron en la maniobra investigada.
“También se solicitó la suspensión de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la compañía y se ha librado un exhorto diplomático a Estados Unidos para obtener información sobre la empresa JK Imaging Limited radicada en el estado de Delaware que habría formado parte de la misma operación”, explicaron las fuentes.
Al respecto, precisaron que el trámite del pedido de datos “demanda mucho tiempo” porque “primero requiere la aprobación de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (Chubut) una certificación de firmas y la intervención de una traductora del texto al inglés, todo ello antes del envío de la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores”.
De acuerdo a la denuncia de la Aduana y a la acusación promovida por el fiscal Marcelo Rapoport, KMG declaró una compra de 1,7 millones de dólares en insumos electrónicos para su producción en Tierra del Fuego, pero lo que en realidad habría llegado a la provincia es material de escaso valor, desechos sin ni siquiera circuitos impresos y hasta cajas vacías.
La maniobra, detectada también en otros casos similares, consistiría en importar insumos sobrefacturados con la intervención de empresas intermediarias radicadas en terceros países, con el objetivo de apoderarse de dólares al tipo de cambio oficial y venderlos luego en los mercados paralelos.
Según informó Télam el caso de la investigación que involucra a la empresa fueguina, la ganancia por la operatoria podría haber sido de “unos $300 millones” estimaron las fuentes.
Al asumir su cargo, el ministro de Economía, Sergio Massa, había advertido sobre este tipo de maniobras y había adelantado la creación de un registro para que las empresas involucradas subsanaran sus declaraciones de importaciones durante el término de 60 días, bajo riesgo de ser denunciadas penalmente.
Según estimaciones oficiales se verificarán unas 13 mil operaciones que involucran a más de 700 compañías.
