Los licenciados de Kinesiología de Mendoza advierten que, como los médicos, atraviesan una situación compleja por el acotado pago que reciben por sus servicios. Por ello, y ante la falta de respuesta de sus reclamos, quienes prestan atención domiciliaria han decidido suspender la prestación a partir del lunes, de no tener una mejora.
Se trata de alrededor de 500 kinesiólogos, un 25% del total de los 1.900 que hay en la provincia e involucra a quienes trabajan para empresas de internación domiciliaria.
Sucede en el marco de una compleja crisis en la atención de la salud que tiene como uno de sus elementos más criticó la decisión de 21 entidades médicas de la provincia de suspender desde hoy la atención de obras sociales y prepagas y cobrar un coseguro para cubrir el costo de 6.000 pesos por consulta.
El licenciado Esteban González, presidente del colegio de Kinesiólogos local, explicó que las empresas de internación domiciliaria tercerizan servicios para las obras sociales para pacientes que están internados en el domicilio. “Empresas que solo funcionan a costa de precarizar y explotar a sus trabajadores, entonces no funciona”, subrayó.
“Las prestaciones, los aranceles de esas prestaciones, están tremendamente bajos, paupérrimos, indignos, algunas empresas están pagando entre 800 y como máximo 1.400 pesos por una atención a domicilio con todo lo que eso implica, combustible, mantenimiento del vehículo, si tienen que llevar algún aparato, la atención propiamente dicha”, señaló.
Dijo además que a esto se suma que los profesionales no están formalizados como trabajadores, es decir que no están enmarcados dentro del convenio colectivo que tendrían que estar enmarcados, que es el convenio colectivo de ATSA, el gremio de la Sanidad, el convenio colectivo es el 743/ 2016.
“Ninguno está registrado en ese convenio colectivo de trabajo, o sea, una relación laboral de absoluta informalidad, en donde no tienen ART si les pasa algo, a veces se tienen que meter en barrios complicados, no tienen ningún tipo de garantía laboral, ni indemnización, licencia por vacaciones, licencia por enfermedad, cualquier cosa que les pasa se quedan sin fuente de ingresos, en definitiva todo lo que implica ser un trabajador sin relación de dependencia, no tienen absolutamente ningún tipo de garantía, ni bono de sueldo, ni aguinaldo, absolutamente nada”, detalló el profesional.
Las medidas dispuestas por los kinesiólogos
Por ello, comentó que lo que se está solicitando de parte de todo el cuerpo de profesionales que trabajan para empresas de internación domiciliaria es que se respete el valor mínimo aceptable, “que aún sigue siendo muy bajo, pero entendiendo que estaríamos haciendo un salto”, recalcó.
De este modo se está solicitando el pago de 3.000 pesos como mínimo aceptable. De no tener una respuesta positiva y tal cual ya han notificado, a partir se va a hacer un paro y no se prestará servicios para estas empresas hasta tanto se regularice. Así las cosas, a los pacientes que quieren seguir recibiendo la atención en este contexto no les quedará más que pagar el valor de la asistencia, aunque reconocen que la situación está complicada para todos y no necesariamente podrán pagarlo, sobre todo si ya erogan una cuota a la prestadora de salud.
Además, señaló que parte del problema es la cantidad de intermediarios ya que dijo que las obras sociales podrían hacer convenios con las instituciones que nuclean a los profesionales. “Hay muchos eslabones en la cadena y este intermediario, que es una empresa, busca rentabilidad y tiene una finalidad lucrativa, se dejan una tajada de lo que pagan las obras sociales que dicho sea de paso también ya es bajo, entonces el problema es complejo, es muy amplio, hay muchos actores en el medio y hay muchos intermediarios, entonces bueno los eslabones finales de la cadena, el prestador y el paciente siempre terminan afectados”, subrayó.
Pese a esto, quienes trabajan con pacientes críticos evalúan mantener la atención para no dejarlos sin este servicio sustancial y ver luego de qué manera cobran la prestación.
Por otra parte, el lunes a las 10.30 han organizado una convocatoria en el kilómetro 0 de Ciudad para visibilizar esta problemática.
Los médicos no atienden obras sociales
Sucede cuando 21 entidades médicas de Mendoza, han dispuesto desde hoy no atender más obras sociales y prepagas. Ya venían reclamando sobre el bajo valor que cobraban por prestación a lo que se suma las dilación para el pago que puede llegar a 90 días, lo que diluye más el monto en un contexto inflacionario.
Las entidades nuclean a las especialidades de terapia intensiva, dermatología, cirugía general, pediatría y neurocirugía, obstetricia, oftalmología, cardiología, otorrinolaringología, endocrinología, urología, ortopedia y traumatología, traumatología, gastroenterología, hepatología, neurología, anestesiología, medicina familiar, medicina respiratoria y neonatología.
Incluso, en el caso de psiquiatría señalan que el valor que consideran mínimo es de $8.000.
Habían solicitado la actualización hasta el que consideran un valor ético mínimo tras advertir que la situación les resulta insostenible.
“Esta determinación se ha tomado en respuesta a los repetidos retrasos en las actualizaciones correspondientes y las demoras en el cobro de dichos honorarios, situaciones que persisten a pesar de las múltiples negociaciones que hemos llevado a cabo con los distintos agentes de pago”, afirmaron en un comunicado.
Cristian Palomba, vicepresidente de OBUM, la asociación de Ginecólogos y Obstetras de Mendoza, detalló que el valor actual es de $2.000 o $3.000 pero que incluso hay casos peores. Contó el caso de un profesional que cobró una consulta de abril a junio y era de $1.150. Agregó que esto se arrastra desde al menos 4 o 5 años y ha generado un déficit y que ha agravado los últimos meses.
