En la primera quincena de abril, el juez Federal Walter Bento habría logrado “entrar por la ventana” en la causa que lo investiga por presuntas coimas, presentadose “a ciegas”, sin conocer la imputación, mediante un escrito donde negó su participación en el caso.
Para eso contrató al abogado porteño Cuneo Libarona. Juntos habrían empezado a “investigar al investigador”, es decir, al fiscal Vega. El juez en persona se presentó en el registro Público y Archivo Judicial y alguien en esa oficina le pasó, por escrito, un dato concreto: Vega había solicitado que se le informara la situación de las propiedades a nombre del juez Bento y su núcleo familiar.
Fue una jugada osada y, por cierto, tal vez reprochable desde el punto de vista legal, ya que Juez en abril habría usado su condición de tal para conocer un tema de incumbencia penal que podría involucrarlo en forma personal, permitió a Cúneo Libarona volver a pedir ser parte del expediente, para tratar de lograr así “entrar por la ventana” en la causa que se encontraba secreta.
Luego, el mediático letrado presentó ante el juez Puigdéndolas un escrito de 42 páginas en el que, Bento recusa a Vega, dice que no es legal que lo investigue un fiscal de la Cámara Federal y se explaya a placer sobre la enemistad que los une desde hace más de 10 años: “me trata como un delincuente”, dice.
Además, indica que el fiscal filtra información a la prensa de una causa secreta y que está haciendo una persecución sobre él, su mujer y dos de sus hijos, quienes trabajan en la Justicia Federal.
“Estoy seguro, el fiscal Vega inició una expedición de pesca sin una hipótesis o pruebas concretas (me refiero a la supuesta existencia de una asociación ilícita) y, luego, ante lo absurdo de la imputación, se puso a investigar mi patrimonio y el de mi familia. Una investigación en estos términos es ilegítima”, dice Bento, indicando que tiene que defenderse “a ciegas”, sin conocer el contenido de la causa.
Además, sostiene que las “supuestas irregularidades vinculadas con trámites judiciales no existieron y es algo que es fácilmente comprobable”.
Luego aclara su relación con Bardinella y Aliaga, “dos individuos que enfrentaron procesos en el juzgado a mi cargo” y que califica como “vendehúmos”: “los delincuentes se engañan entre ellos y es común lo que en la jerga se llama “giro” o “venta de humo” para obtener un beneficio económico (fraude) haciendo valer una influencia que no existe.
“Es sencillamente absurdo e imposible que hubiere existido alguna irregularidad en los expedientes o que mantuviera con los imputados alguna clase de vínculo extraño relacionado con la obtención de “beneficios” procesales para sí o terceros”, sostiene Bento en su presentación.
En cuanto a Bardinella afirma que lo investigó en relación al secuestro de 400 kilos de marihuana; que, para marzo de 2018, en condición de prófugo, le negó la domiciliaria dos veces; y que fue el mismo Vega quien adhirió al pedido del imputado para una domiciliaria que le fue negada por la Cámara de Apelaciones.
Luego de que Bardinella fuera procesado, Bento le negó la domiciliaria otra vez y –esto no es un dato menor- le negó un pedido de nulidad para que su teléfono –ese teléfono por el cual ahora se lo investiga- fuera excluido de la causa.
“Evidentemente no tengo ningún vínculo con el abogado de Bardinella (mencionado como integrante de la supuesta asociación ilícita que obtenía beneficios) dado que rechacé absolutamente todos los planteos que realizó en representación de su cliente”, sostiene el documento.
En relación a Aliaga, considera que es “absurdo que tuviera alguna influencia en mi tribunal es ridículo e ilógico pensar que “una persona que se dedica a ejercer influencia ante un juez en beneficio de terceros no obtenga ningún beneficio personal). En esa causa Aliaga fue finalmente condenado por el Tribunal Oral.
Por último y en relación a su patrimonio, el juez ofrece un detalle de bienes –casas y autos- tanto de él como su mujer y sus hijos. Además, detalla que no tiene cuentas en el exterior (“ni en paraísos fiscales”) y que los viajes que ha realizado al extranjero, mayormente, han sido por cuestiones laborales (pagados por el Estado provincial, por ser juez electoral) y por cuestiones de salud relacionadas con uno de sus hijos.
