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hace 32 minutos
En una de las últimas presentaciones formales de pautas presupuestarias, el presidente de la Suprema Corte de Justicia exhibió números con algunas novedades. Dalmiro Garay afinó el lápiz y resaltó que, por primera vez en varios años, los fondos destinados a personal estarán en el 86,75% de la torta para el año próximo. Esa baja de casi 10 puntos con respecto a este año atípico (95,02% del total del gasto a sueldos), le permite destinar fondos a obras públicas y mejoras tecnológicas.
Avisó también que, de cumplirse al pie de la letra los programas aprobados en la Legislatura provincial debe aumentar la cantidad de personal en un 1,9% entre magistrados, funcionarios, administrativos y maestranzas.
En lo que es su primer presupuesto como máxima autoridad, Garay destacó varios puntos que considera fundamentales para mejorar el servicio de justicia. “Es la primera vez después de varios años en que logramos equilibrar el presupuesto, nuestros gastos corrientes y de personal son inferiores a la de inversión en bienes de capital, que son las cosas que te quedan en el Poder Judicial. Dentro de esa inversión estamos subiendo la inversión en tecnología, a un 33% total”, explicó a Los Andes.
Hay tres objetivos del Poder Judicial para el año próximo: mejorar el acceso a la justicia y en los canales de comunicación, la implementación del expediente electrónico en todos los fueros e instancias y la reestructuración de roles en juzgados con revisión de estructuras. En base a estas premisas, se pulieron las planillas y los números para optimizar fondos.
La pauta de gastos de la Suprema Corte de Justicia es de $8.224 millones, de los cuales casi el 10% se encausarán en bienes de capital: más de $550 millones en inversión tecnológica y unos $326 en infraestructura.
Todos los cañones apuntan a la implementación de la última actualización del sistema IURIX en todos los fueros, algo que comenzó a hacerse hace varios años pero que no copó todas las oficinas además de la renovación de equipos y compra de nuevos. “El fuero de familia es el más necesitado, tiene mucha conflictividad social y es donde menos cantidad de empleados tenemos y donde hemos pedido más infraestructura”, indicó Garay.
Los procesos de oralidad demandan equipamiento de salas con conectividad, cámaras, micrófonos y demás dispositivos necesarios para su óptimo funcionamiento. En lo que respecta a infraestructura están previstas remodelaciones de edificios actuales y los trabajos preliminares en los nuevos, como serán el Juzgado de Familia en Lavalle y el Edificio Judicial en General Alvear.
Garay destacó también, que por primera vez en varios años, el porcentaje de participación de los gastos de inversión física y tecnológica en el presupuesto, superan a los de los gastos corrientes: 51% a 49% excluyendo el porcentaje destinado a personal. En el 2019, los fondos destinados a “prender y apagar la luz” se llevaron casi el 69%.
A más leyes, más personal
De acuerdo a lo previsto, la merma de casi 10 puntos en los gastos de personal no incluye aumentos salariales y hay una salvedad importante: no están contemplados los gastos que demandarán la ejecución de programas en sus distintos niveles.
Para cumplir con lo que se ha aprobado en la Legislatura provincial, se deberá subir en un 1,9% (262 personas) en la planta de personal: 11 magistrados, 110 funcionarios, 109 administrativos y 32 personas de Maestranza que se distribuyen en 7 programas: Fuero Penal Colegiado (Ley 9040), Fuero Civil (Ley 9101), Cuerpo de Peritos Médicos Laborales (Ley 9109); Jueces de Familia, Cuerpo de Mediadores, Descentralización del Registro Único de Adopción (Ley 9120), Creación e implementación del Juzgado de Familia de Lavalle (Ley 8755), Puntos de Encuentro (Ley 8647) y la Extensión del Servicio de Justicia, Género y Diversidad (Ley 26485).
“La creación de juzgados de paz, que el RUA tenga sede en cada departamento, que apliquemos la oralidad plena en familia, sino tenés entre 5 y 7 jueces mas no lo podes hacer. Estas son cuestiones vinculadas a los códigos procesales y leyes específicas. Que los legisladores entiendan que esto es importante para la ciudadanía mendocina. El Poder Judicial no es sólo un poder, sino un servicio público con mucha incidencia en la cotidianeidad de la gente”, destacó Dalmiro Garay.
