“Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en contra Raghda Habbal -esposa de Monzer Al Kassar, hoy encerrado en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos- y dejar sin efecto la resolución de la Dirección Nacional de Población y Migraciones que anuló la radicación de las víctimas”.
Este es el párrafo final con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cierra un capítulo que se inició hace casi 20 años, dejando abierta la instancia final en manos de la Corte Interamericana y que, de aprobarse, dejaría de ser una “recomendación” para convertirse en una obligación para el Estado argentino.
Un poco de historia
La mujer en cuestión es Raghda Habbal, de nacionalidad siria, a la que renunció cuando recibió de manos del juez federal de Mendoza Gerardo Walter Rodríguez la ciudadanía argentina el 2 de abril de 1992 pese a no cumplir con los dos años de residencia en el país. Es que adujo que ella y su esposo habían adquirido “un inmueble rural para crear una industria de productos balanceados para engorde de bovinos que no tenía precedentes en el país, además de un inmueble en la ciudad de Buenos Aires”, lo que está contemplado en la Ley 23.059 cuando habla de “un adelanto moral o material para la República Argentina”.
La pareja, junto a sus tres hijos menores (Monnawar, Hifaa y Natasha), llegaron a Argentina en el año 1990 y el 23 de diciembre de 1991 la mujer dio a luz en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al cuarto hijo: Mohamed René Al Kassar.
La familia vivió por un tiempo en Los Corralitos, Guaymallén, hasta que conocidos los antecedentes penales de Monzer Al Kassar, el 11 de mayo de 1992, se ordenó la expulsión de Raghada Habbal del país, cuando “aún gozaba de la ciudadanía argentina”.
La última resolución (con el número 1088) es considerada por la CIDH en su escrito que se hizo “de oficio y de forma instantánea”, es decir que no existió un procedimiento previo.
Monzer al-Kassar nació en Siria en 1945 y es conocido como el “Príncipe de Marbella”. Es un traficante de armas internacional acusado de ser terrorista. A lo largo de los años reunió cargos por ayudar a terroristas y por lavado de dinero. En el año 2008 fue sentenciado por una corte federal de Estados Unidos a cumplir 30 años de prisión por aceptar vender armas a agentes encubiertos que se hacían pasar por miembros de las FARC.
En la década del ‘90 Al-Kassar fue protagonista de distintas polémicas, sobre todo debido a sus vínculos con la familia del entonces presidente Carlos Menem y con la cuñada del mandatario, Amira Yoma.
Abogados mendocinos
Con intervención de los abogados mendocinos Carlos Varela Álvarez e Ignacio Boulin, tras agotar todas las instancias judiciales en el país, llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que desde su sede en Washington (EEUU) aceptó el caso, lo analizó y después de múltiples consideraciones jurídicas internacionales, hizo una “recomendación” al Gobierno argentino, donde pide “reparar las violaciones de los derechos humanos en contra de Raghda Habbal”
El organismo aclara que “de ser su deseo”, la mujer puede reabrir el proceso judicial que culminó en la anulación de nacionalidad argentina y adelantarlo de conformidad con los principios del sistema interamericano expuestos en el informe y con respecto del principio de inocencia, de legalidad, los deberes de prevención de apatridia y las garantías procesales”.
