La médica que el viernes pasado estuvo detenida algunas horas por haber participado de un procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta, fue denunciada ahora por la paciente, que aseguró que la “obligó” a abortar.
“Me mató a mi bebé”, dice la denuncia en contra de la médica Miranda Ruiz, que el 24 de agosto pasado intervino en un procedimiento de ILE en un proceso gestacional de 22 semanas y dos días.
Esta denuncia fue radicada por la joven de 21 años, quien admitió que ella “quería abortar”, por lo que concurrió al Hospital Juan Domingo, de la ciudad de Tartagal, ubicada a 365 kilómetros al norte de la capital salteña.
“Pero cuando hablé con mi tía y mi tío, ya no quería hacerlo y más aún cuando vi a mi hija”, señaló la joven en la denuncia, tras lo que reveló que “le iba a poner el nombre de Milagro” a la pequeña.
En este sentido, indicó que le dijo a “la doctora que quería continuar con el embarazo el 24 de agosto, pero no me hizo caso. Me hizo abortar”, y aseguró: “Me arrepentí de hacerme el aborto y quería que mi hija esté viva”.
“Cuando me quería ir, ella me obligó a quedarme en observación”, afirmó la denunciante, y agregó que “todos sabían que yo quería continuar con el embarazo, se lo dije a todas las personas que estaban ahí”, tras lo que pidió que “se haga justicia”.
En tanto, en un audio, la médica denunciada se preguntó hoy “quien protege a las mujeres en Salta” y denunció la existencia de “una organización mafiosa entre la justicia, el sector político, la iglesia y protectores de ginecólogos abusadores, que no solo no les importa avasallar la intimidad de la paciente, sino que la han expuesto mintiendo sobre la historia clínica”.
“Han mentido para defender sus intereses personales y políticos. Esa paciente fue usada políticamente, al igual que su familia y yo también”, dijo Ruiz, quien acotó: “no solo la han expuesto, sino que ahora la están obligando a hacer una falsa denuncia”.
Para Ruiz, lo que tiene que entender la paciente es que “si ella hace una falsa denuncia compromete su estado de libertad, porque hay pruebas suficientes para demostrar que lo que ella dice no es cierto”.
“Le pido por favor a esta organización mafiosa que nos dejen trabajar, que no conocen las necesidades sanitarias del norte argentino. Que nos dejen continuar con nuestros servicios públicos y que se dediquen a otra cosa”.
Luego, pidió “un llamado a la racionalidad” y sostuvo que “la historia clínica está perfectamente escrita”, tras lo que detalló que ella indicó “un tratamiento autoadministrado”, que “hay testigos” y “está el consentimiento informado”.
“No soy ginecóloga, no soy cirujana”, informó Ruiz, quien precisó que le indicó a la paciente el Misoprostol, que es una pastilla que “se coloca debajo de la lengua por media hora, porque es de absorción sublingual, y luego se traga. Cada tres horas se repite el procedimiento hasta la expulsión”.
Asimismo, resaltó que “la cantidad de pastillas que se usan dependen de la edad gestacional de la paciente”.
“Yo no puedo obligar a nadie a abortar”, sostuvo, y destacó que, como médica residente, no actúa sola, sino que “la institución avala el procedimiento legal, porque hemos interconsultado” y fue valorada “por un equipo interdisciplinario”.
La médica consideró que “si estuviéramos en la Edad Media yo ya estaría muerta en la hoguera”, y señaló que además de “encubrir ginecólogos abusadores de Tartagal”, esta organización busca que “esta ley no se cumpla de hecho en Salta”.
“Soy la única médica no objetora de la zona y meterme presa implica que no se garantiza el cumplimiento de la ley de IVE en Tartagal, ni en las zonas aledañas que derivan sus pacientes”, concluyó.
La médica fue detenida el viernes pasado, durante algunas horas, e imputada por la presunta comisión del delito de aborto, por pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta.
A la denuncia contra la profesional que motivó la apertura de la causa la radicó una tía de la mujer.
El fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de IVE, que dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. En este caso se trata de una ILE.
Las fuentes indicaron que “a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales”.
Distintas organizaciones de derechos humanos y de defensa a los derechos de las mujeres se manifestaron a favor de la profesional, en todo el país, incluyendo a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
