La crítica situación que están atravesando las universidades públicas nacionales este año, suma otro capítulo con el endurecimiento de los reclamos por el atraso salarial que sufren los docentes y no docentes. Tanto los trabajadores como los rectores han alzado su voz por la compleja situación.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció la convocatoria a un plan de lucha de 72 horas en disconformidad con la crisis salarial que atraviesan los trabajadores de las casas de estudio. Esto incluirá paros y actividades de visibilización los días 12, 13 y 14 de agosto.
A tono con esto, los rectores también manifestaron su preocupación al respecto. Tras reunirse ayer los referentes de las universidades públicas nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que resaltó que el organismo “reitera enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público y lamenta expresiones del Ministerio de Capital Humano que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene”.
Y consideró. “No es justo ni razonable desmerecer la relevancia de un problema que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de la Nación, mucho menos intentar quitarle importancia a un problema urgente que afecta el normal desarrollo de las instituciones universitarias públicas”.
Además consideraron: “Las consecuencias de este proceso son múltiples y muy preocupantes. Naturalmente, la pérdida del poder adquisitivo impacta significativamente en la calidad de vida de las y los trabajadoras y trabajadores de las universidades y ello, consecuentemente, compromete su dedicación y compromiso, lo que amenaza con afectar áreas fundamentales de la investigación, la extensión y la calidad de la enseñanza”.
La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sánchez, explicó a Los Andes la situación con perspectiva local. “Hay un reclamo de todo lo que tiene que ver con una actualización de salarios tanto para los docentes como para los no docentes, y es un reclamo que nosotros acompañamos”, sostuvo.
Y dijo que es así porque efectivamente en este caso no hay un reconocimiento de la inflación: “Han perdido considerablemente el poder adquisitivo del salario que ha caído alrededor de un 40 a 45% aproximadamente entre diciembre y junio”.
Aumento unilateral
Para entender por qué se ha presentado este escenario explicó lo sucedido. “Lo más serio que tenemos acá es un tema de suspensión de paritarias. En realidad, a principio de año, hubo una convocatoria paritaria, pero en el resto de los meses el incremento del sueldo fue definido de modo unilateral por el gobierno nacional. O sea, no hubo un espacio de diálogo, un espacio como para reunirse con los gremios, con el CIN y el ministerio para acordar un porcentaje como incremento como sucede en todas las paritarias”.
Por eso subrayó: “Los incrementos han sido definidos unilateralmente. Este es el mayor de los reclamos que tenemos desde el Sistema Universitario Nacional. El reclamo de diálogo, el espacio donde se pueda plantear cuál es la situación y llegar a un acuerdo para una mejora salarial acorde a lo que es el crecimiento inflacionario”.
El tema es ajeno a lo sucedido con el presupuesto asignado para el funcionamiento de las universidades, que tampoco estuvo exento de reclamos ante la falta de actualización a comienzo de año. Los salarios se llevan el 90% del presupuesto y el funcionamiento el 10%, lo que incluye el mantenimiento y los servicios.
Lo que ocurrió este año es que el gobierno nacional había prorrogado el presupuesto de 2023 (que hay que decir que había sido aprobado a fines de 2022), sin reconocer la inflación, lo cual a inicios de 2024 llevó a las universidades a sostener que bajo esas condiciones estaba en duda el sostenimiento de su actividad y solo podrían “aguantar” hasta mediados de año.
Tras diversos reclamos, el gobierno nacional reconoció, solo para el ítem funcionamiento, un incremento del presupuesto anual de 270% en relación al de 2023. Esto se eroga mes a mes. “Yo no creo que vayan a hacer algún otro ajuste al respecto”, afirmó Sánchez ante la consulta sobre esta posibilidad. De todas formas, señalo: “El haber logrado el 270%, no es lo ideal, pero nos permite de alguna manera recomponer la situación y ver cómo llegamos a fin de año”.
Desavenencias con el gobierno
En el marco de reiterados reclamos al respecto, el jueves 1 de agosto el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado resaltando que los docentes universitarios habían recibido un incremento de 71% en sus salarios. Lo contrapuso con lo recibido por los empleados del Estado, que recibieron 58,5%.
“Todos los sectores de la sociedad están poniendo el hombro. Parte del ajuste tiene que ver, también, con la fiscalización y la transparencia de los gastos superfluos en las universidades. Sin embargo, aún hay resistencia para que sean identificadas muchas de esas erogaciones excesivas e injustificadas como los cursos con inexistencia de alumnos y profesores. La realidad es que de diciembre a julio, el aumento del sueldo del personal de las universidades nacionales es superior a la pauta establecida para los salarios del Estado nacional, en igual lapso”, afirmó.
Incluso subió la apuesta: “En ese contexto, la asignación anual presupuestaria para los gastos de funcionamiento del sistema universitario para 2024 se incrementó un 270% en total. Asignación que en 2023, casualmente o no tanto, estuvo totalmente congelada sin que se alzaran voces en protesta, como si durante el gobierno de Alberto Fernández no hubiese habido inflación alguna. A diferencia de 2023, las transferencias a universidades para gastos de funcionamiento se encuentran al día, lejos de las demoras de hasta tres meses de la gestión anterior”.
Inmediatamente salió a responderle el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti quien afirmó que el dato publicado por Capital Humano “es falso”.
Al respecto explicó que el área “contabiliza impactos de acuerdos salariales de los universitarios celebrados durante el año pasado y omite la paritaria completa que el propio gobierno firmó con el resto de los estatales para el mes de febrero”. Incluso le dijo a Infobae: “Llama la atención que reconoce que la inflación acumulada fue casi el doble que la actualización de los salarios”.
Ahora, el CIN se manifiesta en el mismo sentido: “Es cierta la afirmación contenida en el comunicado del Ministerio de Capital Humano respecto al incremento salarial del 71 por ciento otorgado de diciembre a julio de este año. Lo que no dice es que, en el mismo período de tiempo, la inflación fue superior al 120 por ciento, por lo que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50 por ciento del total del personal”.
Y subraya: “Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables. Y esta situación, que afecta a millones de trabajadores de la educación en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión”.
Además, sostuvo que del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y no docentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las más distintas disciplinas.
“La situación salarial en el sistema universitario es extremadamente crítica, con especial énfasis para trabajadoras y trabajadores de menor antigüedad, ya que desde diciembre de 2023 no se ha actualizado la garantía salarial”, afirmaron los rectores.
