El Gobierno de Mendoza, a través de un decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suarez y la ministra de Salud, Ana María Nadal confirmó durante las últimas horas una sanción de apercibimiento público que el Colegio de Veterinarios de Mendoza había dictado contra la médica veterinaria Jennifer Ibarra. La sanción había sido impulsada por 6 colegas de Ibarra, quienes acusaron que ella había incurrido en graves faltas al código de ética profesional (algo ratificado por el Colegio de Veterinarios en 2016). Y esto fue confirmado por el Gobierno recientemente.
La denuncia –presentada por los veterinarios Oscar Ríos, Luis Jiménez Baigorria, Juan Pablo Coniglione, Ignacio Kemec, Corina Zerpa y Analía Pedrosa- fue presentada luego de que, en 2016, la veterinaria Jennifer Ibarra –activista y presidenta de la ONG Fundación Cullunche además- cuestionara en una serie de tuits y en declaraciones periodísticas el accionar de varios de sus colegas que se desempeñaban en el, hasta entonces, Zoológico de Mendoza. De hecho, a comienzos de ese año el paseo cerró sus puertas y comenzó el proceso de reconversión a Ecoparque.
“En cualquier colegiación profesional uno tiene que guiarse por un código de ética. Jennifer Ibarra se cansó de acusar infundadamente en las redes a sus colegas, y a raíz de eso, presentaron la denuncia en el Colegio Médico Veterinario pidiendo que se investigara si Ibarra violaba la ley de colegiación precisamente por esa cuestión ética”, destacó el abogado Joaquín Faliti, quien patrocinó a los 6 veterinarios denunciantes.
“Una vez que salió la resolución, le impusieron (a Ibarra) una sanción de apercibimiento público, como un llamado de atención. Esto demostraba públicamente que no estaba bien todo lo que había hecho. Ella lo apeló al Ministerio de Salud –que es quien lleva el control en lo que respecta a la matrícula de veterinarios- y ahora se conoció la resolución donde se deja firma el apercibimiento”, resaltó Faliti, quien no pasó por alto el tema de que hayan transcurrido casi 7 años desde que se presentó la denuncia hasta que el Gobierno confirmó la sanción. “No puede ser que los plazos de este tipo de cosas sean tan extensos, se demuestra mucho el proceso burocrático”, reafirmó.
Por su parte, Ibarra se mostró tranquila ante la resolución administrativa y, aunque aún tiene una instancia judicial más para lograr revertir el apercibimiento –recurrir a la Suprema Corte de Justicia-, destacó que aún no decide si lo hará o no.
“Creo que esto es por oponerse a la megaminería, al fracking, por las marchas, por la denuncia de malos tratos a las mulas en el Parque Aconcagua. Pero es importante, porque tenía que tener un fin el proceso que arrancó en 2016 y que yo apelé porque me parece súper injusto que te callen por hablar”, destacó la presidenta de Cullunche.
“Por supuesto que los veterinarios tenían derecho a sentirse ofendidos. Pero fue todo parte de una discusión pública, en el marco de algo público y de un lugar que es público, de todos los mendocinos. Fue en el fragor de una discusión tremenda, una de las cosas más sanguinarias que me tocó vivir y que fue el cómo se llevó adelante toda la discusión del Ecoparque, que sigue cerrado hasta hoy y sigue siendo un agujero negro del cual nadie sabe nada. Toda esta gente se cree dueña de algo que le pertenece a todos los mendocinos, pero no se dan cuenta que ellos son simple custodios de algo por lo que deben rendir cuentas. Si me quieren sancionar por hablar y, según ellos, por haber infringido el código de ética, yo estoy muy tranquila y voy a seguir hablando por la voz que los animales no tienen”, agregó Ibarra.
Cronología
El comienzo del año 2016 fue por demás agitado en el predio ubicado en la ladera del Cerro de la Gloria, en el inicio del piedemonte de la Ciudad de Mendoza. Todavía funcionaba como el Zoológico de Mendoza, pero una serie de episodios (la muerte de una pantera negra y las heridas en un hipopótamo, entre otras) derivaron en el cierre del paseo en mayo de ese año, y que luego se reconvertiría a Ecoparque (aunque nunca volvería a abrir al público).
Todo este proceso no fue simple, y Jennifer Ibarra se convirtió en una de las grandes impulsoras y activistas que defendió la conversión de Zoo a Ecoparque. En el medio, hubo una serie de acusaciones públicas –en redes sociales, principalmente- en las que Jennifer Ibarra cuestionó el accionar de los veterinarios que se desempeñaban en el, hasta entonces, Zoológico de Mendoza.
“Se solicita que se investigue la conducta de la señora Jennifer Ibarra toda vez que entienden que la misma habría incurrido en graves faltas al Código de Ética Profesional”, se detalló en una resolución del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Mendoza y que se inició y conoció luego de una denuncia impulsada por los 6 veterinarios y veterinarias que se dieron por aludidos en las expresiones y acusaciones públicas de Ibarra.
En el escrito, se hacía referencia a expresiones públicas que la presidenta de Cullunche había hecho “a través de redes sociales y diversos medios de comunicación” y que tenían relación con episodios registrados en el entonces Zoo. Y que, según se consideraba, eran agraviantes hacia ellos y sus funciones.
Como pruebas, se incorporaron capturas de tuits en los que Jennifer Ibarra llamaba al Estado a hacer un “cambio total de planta”. “Los únicos responsables de lo que sucede en el Zoológico son los empleados, del primero al último. No hay corazón”, detalló Ibarra en otro de los tuits que fueron incorporados en la resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio, con fecha del 12 de agosto de 2016.
Tras detallar que se le dio la posibilidad a la denunciada de defenderse ante la acusación –”se advierten indicios de mala justificación”, se aclara-, el Colegio de Veterinarios de Mendoza concluyó en que había quedado “debidamente acreditada la materialidad de los hechos investigados y la autoría de la señora Jennifer Ibarra”.
Además, consideraron que Ibarra había incumplido el código de ética en el apartado que establece “no emitir juicios adversos por la actuación de otros profesionales y no contribuir en forma directa o indirecta a restar créditos o prestigios a los colegas” y la ley 7.825 en su inciso de “(incurrir en) todo acto que comprometa al honor y la dignidad de la profesión”.
Al final del documento, el Tribunal de Disciplina del Colegio Médico de Veterinarios de Mendoza resuelve “sancionar con amonestación pública” a Jennifer Audrey Ibarra. Y es esta sanción la que ratificó el Gobierno de Mendoza.
La piel de la pantera y la muerte del hipopótamo
Joaquín Faliti, abogado que acompañó a los veterinarios denunciantes, se refirió a algunas de las acusaciones de Ibarra.
“En unos tuits dijo que quienes trabajaban en el zoológico se habían robado la piel de una pantera negra que había muerto para venderla. Pero después exhumaron al animal y estaba todo bien. También dijo que era el momento de echar a todos. Y hasta dijo que había existido sabotaje contra un hipopótamo en su recinto y que tenía heridas de bala, de acuerdo a una pericia que hizo ella misma. Luego, peritos de Córdoba demostraron que en el recinto había un hierro del 8 salido, que el hipopótamo se recostaba allí y eso lo había lastimado”, detalló Faliti.
“Yo no dije que el hipopótamo había sido baleado. Nosotros fuimos como peritos a analizar el cuerpo, y el informe decía que tenía ‘heridas compatibles con un proyectil de arma de fuego’; nunca dijimos que el hipopótamo había muerto de un balazo. Hay un montón de mentiras”, destacó Ibarra.
La defensa de la acusada
Sin perder la calma y mostrándose tan tranquila como siempre en su accionar, Jennifer Ibarra se refirió a la confirmación de su sanción en la vía administrativa.
“La ratificación del gobernador es por las denuncias y luchas que llevo adelante y que ellos supieron aprovechar bien cuando fue todo este tema del Zoológico, para cerrarlo y nunca más rendir cuentas de nada. Pero se ve que el gobernador tiene una doble vara para esto, porque él evitó un juicio político presentado por Gabriel Jofré, de la comunidad Malal Weche, y que estaba basado en tuits en los que él había hablado e incitando a la violencia contra los mapuches. Pero la cámara de Diputados negó ese juicio político, porque los dichos del gobernador venían por tuits y por notas de prensa y periodísticas, lo mismo que fue mi caso”, agregó con dejos de ironía la activista.
De hecho, Ibarra sostuvo que en el fragor de toda esa batalla de conversión del Zoo a Ecoparque todos hablaban y opinaban. “Se decían cosas tremendas, y la única que salió sancionada con una amonestación pública fui yo. Y la llevo absolutamente orgullosa, con la frente en alto. Lo que quieren hacer es callarme. Yo no descarto la última instancia, ir a la Suprema Corte de Justicia. Allí van a ver que es una ridiculez el motivo de la sanción”, siguió Ibarra. Y agregó: “no he cometido mala praxis, no he robado, no he matado, no he adulterado documentos; que son todos motivos por los que un tribunal de disciplina me podría sancionar. Lo único que he hecho es hablar y voy a seguir hablando cuando haga falta, porque los animales no tienen quién los defienda, no me voy a callar”.
La veterinaria destacó, además, que continuará llevando adelante su función social y que puede dormir tranquila por las noches. “Desde hace 30 años, sin importar el partido político, sigo recibiendo animales de forma gratuita en el centro de rehabilitación Cullunche y lo voy a seguir haciendo como aporte a la comunidad y a la fauna, solventado por los socios, amigos y personas que donan. De eso estoy orgullosa, de no tener que pedirle nada a nadie del Gobierno. No importa el partido político del que sea el gobierno de turno, solo nos importan los animales y el ambiente donde viven”, concluyó.
