Las dificultades presupuestarias que las universidades públicas nacionales han debido afrontar este año han llevado a reclamos dirigidos al gobierno nacional y que han resuelto parcialmente la situación. Por eso, para sobrellevar el ciclo lectivo ha sido necesario hacer ajustes, priorizar lo sustancial y apelar a estrategias.
Es lo que ha pasado en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) donde se debió apelar a ahorros, se postergaron obras, no se han podido actualizar adecuadamente lo que se paga y destina por y para investigación, entre otras cosas. Sucede en un contexto en el que por las condiciones socioeconómicas, además han aumentado las dificultades de los estudiantes y sus familias para solventar sus estudios, lo que se ha puesto en evidencia por un aumento de 32% hasta abril en la demanda de becas.
Por eso, la rectora, Esther Sánchez, dijo que se ha debido dar prioridad a ciertas cuestiones y en este caso se ha decidido sostener por sobre todas las cosas el objetivo primigenio de la universidad: el acto académico y las condiciones para que esto se haga efectivo.
En diálogo con Los Andes, esbozó el escenario actual, los condicionantes y cuáles son las perspectivas, en un contexto en el que desde varias áreas se ha alzado la voz para advertir que la situación que se presenta desde hace meses, condiciona la continuidad adecuada de la actividad en las casas de estudio.
La crítica situación que se vivió los primeros meses del año fue de un nivel extremo y, aunque se acomodó para dar continuidad al funcionamiento, aún persisten muchas cosas en vilo y, sobre todo, el arrastre del problema salarial de los docentes sobre el que se advierte que ha perdido alrededor de 45% del poder adquisitivo.
“Hemos priorizado que esté la estructura en condiciones para que se lleve a cabo el acto académico, que puedan los estudiantes asistir y desarrollar su actividad, cursar. Pero también hemos priorizado las becas para estudiantes”, expresó Sánchez.
Contexto
Inevitablemente hay que referirse al contexto para entender de qué se habla. Quizás la mejor imagen para entender el nivel de incertidumbre que se ha vivido este año es la enorme marcha convocada el 23 de abril, que reunió a alumnos, docentes, directivos, egresados y población en general bajo una única bandera: “En defensa de la universidad pública”.
En ese momento se percibía una amenaza en cuanto a garantías de continuidad de funcionamiento de las casas de estudio, al menos como venían haciéndolo hasta ese momento. Ocurrió luego de que al asumir la nueva gestión nacional en manos de Javier Milei, se decidiera prorrogar el presupuesto de 2023, que había sido aprobado a fines de 2022.
Con una inflación interanual de 287,9% a marzo de este año, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que conforman los rectores, convocó a la manifestación que en Mendoza reunió a más de 40.000 personas. Ante esta reacción el gobierno decidió dar un incremento de 270% sobre lo correspondiente al ítem de funcionamiento, que es el 10% del total del presupuesto universitario y se destina al pago de servicios.
Pero el 90% restante va para salarios y eso arrastra otra problemática que ha generado innumerables reclamos, tanto por parte de los docentes como de las autoridades universitarias.
Un informe de Conadu, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, alertó esta semana sobre una pérdida de más de 120 puntos del presupuesto respecto de la inflación en el primer semestre.
El jueves pasado el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado resaltando que los docentes universitarios habían recibido un incremento de 71% en sus salarios. Lo contrapuso con lo recibido por los empleados del Estado, que recibieron 58,5%. “Todos los sectores de la sociedad están poniendo el hombro”, subrayó a modo de cuestionamiento.
Ahora, en una escalada más, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció la convocatoria a un plan de lucha de 72 horas en disconformidad con la crisis salarial que incluirá paros los días 12, 13 y 14 de agosto.
A tono con esto, los rectores también manifestaron su preocupación al respecto. El CIN emitió un comunicado en el que resaltó que el organismo “reitera enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público y lamenta expresiones del Ministerio de Capital Humano que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene”.
Y advirtió que las consecuencias de este proceso son múltiples y muy preocupantes en relación a cómo la pérdida del poder adquisitivo impacta en la calidad de vida de los trabajadores de las universidades, compromete su dedicación y amenaza la investigación, la extensión y la calidad de la enseñanza”.
Subrayó que el incremento salarial del 71% otorgado de diciembre a julio de está por debajo de la inflación que fue superior al 120% y dejó a la mitad de los docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza. Sánchez dijo al respecto: “Es un reclamo que nosotros acompañamos”.
Ajuste y estrategia
La rectora dijo que el Gobierno Nacional ha ido, de alguna manera, reconociendo el índice inflacionario en relación a los gastos de funcionamiento, y estrategias mediante, consideró: “Si no hay un incremento inesperado respecto de los servicios básicos, nosotros con ese reconocimiento estaríamos en condiciones de llegar sin problemas a fin de año”.
Aceptó que ha habido aumentos de entre 300 y 500% en algunos servicios, pero dijo que hay algunos otros costos que lo han hecho por debajo. Lo que recibe mensualmente la universidad para atender los gastos de funcionamiento es alrededor de 800 millones de pesos.
A comienzos de año, cuando no había una resolución clara de cómo se seguiría, debieron apelar a ahorros que tenían resguardados para enfrentar un plan de obras, que no incluían nuevos edificios, sino mantenimientos de los muchos que tienen. Solo en el campus hay 35 a los que se suman otros en Ciudad, Luján, San Rafael y Bariloche. Además el Hospital Universitario y la Nave Universitaria.
Como consecuencia, decidieron priorizar lo indispensable y postergar el resto. Hay tres edificios cuya construcción estaba lista para ser licitada pero quedó en “veremos”. Es parte de lo que le reclaman al gobierno.
Uno en Mendoza, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, otro en el campus de San Rafael para la delegación de la Facultad de Ciencias Económicas y un tercero para un proyecto de avanzada de investigación y trabajo en Bionanotecnología. Apuntó que cuando se inició el nuevo gobierno se suspendieron esos contratos.
Sánchez mencionó que han dejado en suspenso otros proyectos de Bienestar, como la ampliación de canchas en el predio de Deportes.
El plano de la Investigación también ha sufrido el cimbronazo. “Los montos de los proyectos no han podido ser incrementados hasta el momento de un modo que acompañe el impacto inflacionario”, afirmó Sánchez. En definitiva, dijo que se sostiene la convocatoria a proyectos y los trabajos en curso pero los montos ofrecidos están atrasados y son menos tentadores.
“Estamos buscando solución a este tema”, dijo al señalar que le están pidiendo al gobierno nacional que acompañe en lo relacionado a ciencia y tecnología.
Actualmente cuentan con cerca de 500 proyectos de investigación. “Se ha hecho una convocatoria que obviamente no la podemos hacer por montos muy atractivos para los proyectos porque es lo que tenemos disponible, no obstante, estamos trabajando para conseguir fondos que permitan incrementar los importes de estos proyectos”, expresó.
Están tratando de conseguirlos a través de organismos internacionales con los que tienen convenios. “Para que nuestros investigadores puedan seguir manteniendo su calidad de investigador, que los que se estén por jubilar puedan hacerlo como investigadores y para que los jóvenes puedan, aunque sea con pocos fondos, empezar proyectos de investigación e insertarse en el sistema de investigación”, destacó.
El asunto es cuánto, la incertidumbre de este año en cuanto a los ingresos económicos, puede condicionar la planificación del próximo ciclo lectivo. “Es otro de los temas que estamos reclamando”, señaló al explicar que buscan lograr un proyecto de presupuesto consensuado entre los diversos actores intervinientes.
“Por supuesto que probablemente tendremos que hacer numerosos reclamos, de eso no me cabe la más mínima duda, hasta conseguir trabajar en condiciones que nos aseguren lo que tenemos que hacer hacia adentro en la universidad”, sostuvo.
