A tres años del asesinato de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años que murió al ser baleado en la ciudad de Córdoba, sus familiares buscan impulsar una ley que imponga penas más severas en crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. La norma contiene tres puntos, de los cuales uno pide “agravar la tenencia y portación ilegal de armas”, informó Télam.
La mamá de la víctima, Soledad Laciar, tras el juicio que dictó las penas a los uniformados, impulsó un proyecto de ley para modificar el Código Penal e introducir penas más severas en los casos de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y militares.
La denominada “Ley Blas” consta de tres puntos: “Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias”; “incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación”; y, “al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido”, de acuerdo a lo que establece la ley 27.304″.
Correas fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando transitaba con cuatro amigos, también adolescentes, en un automóvil y al evadir un control policial en la zona sur de la capital cordobesa, dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas y le ocasionó la muerte.
El 31 de marzo de este año la Cámara 8va. del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por ese hecho, de los cuales, recayó la pena de prisión perpetua para los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), los responsables de efectuar los disparos con su arma reglamentaria.
Además de Gómez y Alarcón, otros nueve policías recibieron penas, tal es el caso del comisario inspector Walter Soria (43), que fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión; y del subcomisario Enzo Quiroga (34) y el comisario inspector Jorge Galleguillo, quienes recibieron cuatro años y ocho meses de cárcel.
En tanto, la oficial ayudante Yamila Martínez (25) fue condenada a 4 años y tres meses de prisión; el subcomisario Sergio González (44) a cuatro años y diez meses; mientras que el comisario Juan Antonio Gatica (46) y el cabo Alexis Quevedo (29) a cuatro años.
Por otro lado, la agente Wanda Esquivel (32), la que “plantó” el arma para simular un enfrentamiento y luego pidió disculpas por ese “error”, recibió una pena de tres años y diez meses de prisión, mientras que el oficial ayudante Ezequiel Vélez (23) a dos años y seis meses de cárcel.
Por último, fueron absueltos el agente Rodrigo Toloza (27) y el cabo Leonardo Martínez (29), quienes estaban acusados de “encubrimiento y falso testimonio”.
En la sentencia también se resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de José Mana para que se inicie investigación penal contra los responsables políticos que estaban a cargo de distintas áreas de seguridad al momento del hecho.
Entre ellos quien fuera ministro de Seguridad Alfonso Mosquera; el secretario de Seguridad Sebastián Mezzano; la actual jefa de la Policía provincial Liliana Rita Zárate Belletti; y el jefe zonal sur de la policía, comisario Gonzalo Cumplido.
El fiscal Mana se declaró “incompetente” para actuar en esa nueva causa y derivó el expediente al Fuero Anticorrupción, decisión que cuestionó severamente la mamá de Blas, al entender que lo que se busca es “la impunidad de los funcionarios políticos responsables del encubrimiento” del crimen de su hijo.
En tanto, en estos días se está desarrollando en los tribunales de la ciudad de Cruz del Eje el juicio por jurados a seis policías por el crimen del adolescente Joaquín Paredes, quien fue asesinado durante un operativo de seguridad en octubre de 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo, y a cuya primera audiencia estuvo presente Soledad Laciar, madre de Blas.
Los agentes Maykel Mercedes López (25), Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) se encuentran acusados del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” de Paredes (15), como “coautores” y “partícipes necesarios”, mientras que un sexto policía, Daniel Alberto Sosa Gallardo (43), solo enfrenta cargos por “amenazas calificadas”.
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