Tras más de dos semanas de preocupación y hermetismo, el régimen de Nicolás Maduro confirmó este viernes que tiene detenido en Caracas al gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien quedó procesado por el presunto delito de “terrorismo”. Dijo que el joven seguirá tras las rejas por haber “intentado entrar a Venezuela de manera irregular” y cuestionó tanto al Poder Judicial -en particular a la Cámara Federal de Mendoza- como al gobierno de Javier Milei por “planes subversivos”.
Gallo quedó detenido el pasado 8 de diciembre en Táchira, cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia. Su esposa, María Gómez, dijo que él viajó desde Mendoza -donde prestaba servicio en el Escuadrón 27 de Uspallata- para visitarla a ella y a su pequeño hijo en las fiestas. Pero el número dos de Maduro, Diosdado Cabello, afirmó que el gendarme había sido demorado por entrar a ese país a “cumplir una misión”, insinuando espionaje.
“Habiéndose cumplido con los plazos procesales correspondientes según lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público informa que el Sr. Nahuel Agustín Gallo ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”, dice el comunicado firmado por el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, y conocido este viernes.
“En tal sentido dicho ciudadano se encuentra sometido a la respectiva investigación por su vinculación a un grupo de personas que intentaron desde nuestro territorio y con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”, indicaron desde el gobierno venezolano, que tensa aún más la relación diplomática con Javier Milei.
Agregaron que “el precitado imputado (Gallo) está a disposición del juez en base a lo establecido por nuestra Constitución y las leyes nacionales”.
“Las declaraciones y acciones realizadas por el gobierno argentino, utilizando a los familiares del procesado, así como la resolución judicial tomada por la Cámara Federal (de Apelaciones) de Mendoza, dejan clara la complicidad de las autoridades de esa Nación en los planes subversivos que buscan atacar por cualquier vía al Estado venezolano y a sus instituciones legítimas”, denunciaron desde el gobierno de Maduro. Vale recordar que los jueces Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios habían presionado a Venezuela para dar información sobre Gallo e hizo lugar a un habeas corpus presentado por Gendarmería Nacional.
“Esta Fiscalía, así como todos los Poderes Públicos, nos mantenemos firmes en el supremo deber de preservar y defender la paz, la soberanía y el principio de autodeterminación de los pueblos, como pilares fundamentales sobre los cuales se erige nuestra República”, cerraron en el documento emitido desde Venezuela.
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