El segundo mega juicio por los abusos sexuales a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo de Mendoza continúa en medio de un tenso clima en el Fuero Penal del Polo Judicial Mendocino. Durante la mañana de este viernes, luego de que se conocieran los principales pedidos de condena hacia las imputadas -se destacan las solicitudes de 25 y de 10 años de prisión para las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, respectivamente-, los abogados defensores de las religiosas finalizaron sus alegatos.
Además de insistir una y otra vez en la inocencia de las imputadas -a quienes se suman otras ex trabajadoras del instituto que funcionaba en Luján de Cuyo-, los abogados, encabezados por Carlos Varela Álvarez, denunciaron a psicólogos y psiquiatras que participaron de las pericias oficiales que se hicieron a las víctimas de los abusos. Además, pidieron que se investigue el accionar de los y las intérpretes de Lengua de Señas, denunciaron a los abogados de las víctimas y hasta pidieron que los dos fiscales de la causa -Gustavo Stroppiana y Alejandro Iturbide- sean sometidos a un jury de enjuiciamiento.
Las condenas a 45 y 42 años de cárcel contra los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, a 18 años contra el jardinero Armando Gómez y a 10 años contra el ex monaguillo, Jorge Bordón -todos como autores de los sistemáticos abusos sexuales- confirman a los denunciantes, quienes estudiaban y dormían en el lugar, como víctimas de los abusos.
Lo que está en juicio en este debate es la participación de las monjas y otras 7 ex trabajadoras del Próvolo. Y es aquí donde, según sostienen los abogados de las monjas Kosaka y Martínez, no está probada la participación de sus defendidas. E, insisten, hubo una errónea intervención de las y los peritos, lo que derivó en este pedido para que se inicie compulsa.
Además, los abogados de las monjas imputadas, además, denunciaron a la madre de una de las víctimas, y a los abogados que acompañan a los ex alumnos del Próvolo.
“Hemos concluido nuestras exposiciones al Tribunal Penal Colegiado Número 2 de Mendoza expresando que ratificamos el pedido de absolución en favor de Kumiko Kosaka de todas las acusaciones confirmando su estado de inocencia, solicitamos la absolución de Asunción Martínez de la acusación y la mantención de su estado de inocencia”, restalaron los abogados en un comunicado. Además, agregan que solicitaron el cese de cualquier medida cautelar sobre las monjas, como -por ejemplo- fianzas, embargos o restricciones a su libertad ambulatoria.
En el mismo comunicado, los abogados defensores detallaron los motivos por los que han solicitado que se investigue a los fiscales, los peritos, los padres de las víctimas y a sus abogados.
“Realmente nos parece una conducta totalmente antiética que el manotazo de ahogado de la defensa consista en denunciar a gente trabajadora e inocente. Pero no nos preocupa en lo más mínimo que hagan ese tipo de artilugios, insisto, antiéticos”, destacó uno de los abogados de los ex alumnos, Sergio Salinas. “Si estos perros ladran, es señal que nosotros cabalgamos”, agregó.
Quien también cuestionó esta estrategia fue Lucas Lecour, otro de los abogados querellantes.
“Es tan absurdo pensar que cerca de 20 ex alumnos del Próvolo confabularon y que, además, lograron que sus padres confabularan, que psicólogos del Cuerpo Médico Forense y de adentro y afuera de la provincia confabularan a su vez. Pero no solo eso, sino que lograron -además- que los abogados entremos en esa confabulación, así como también médicos e intérpretes. Es ridículo sostener que toda esa gente está confabulando en contra de Kosaka Kumiko y Asunción Martínez”, resaltó Lecour.
“Salvo los chicos y los padres, estamos hablando de gente que no conoce a las imputadas, que nunca en su vida las vieron. No tienen nada en contra de ellos, ¿por qué motivo, entonces, esa gente va a confabular de esa manera y va a inventar una historia en contra de ellas, como quieren hacernos creer? Son manotazos de ahogados propios de alguien que sabe que tiene que defender a culpables, y la mejor forma de defender a alguien que se sabe que es culpable es acusar a los inocentes”, continuó el abogado, parte de la ONG Xumek.
PEDIDO DE JURY A LOS FISCALES
Entre los fundamentos expuestos en los alegatos del juicio que investiga la participación de las 9 ex trabajadoras del Próvolo por su rol en los sistemáticos abusos a niños sordos y niñas sordas -Kosaka tiene imputaciones como autora de los ataques, además-, se detallan los motivos por los que cuestionan el accionar de los peritos oficiales y algunas de las partes intervinientes, y solicitan que se los investigue.
En el extenso comunicado, acusan que los fiscales Gustavo Stroppiana y Alejandro Iturbide incurrieron en “obstrucción a la justicia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y abuso de poder” durante la Instrucción Penal Preparatoria
En tal sentido, ampliaron que los representantes del Ministerio Público Fiscal en la causa contaminaron y manipularon a testigos, ocultaron pruebas, no protegieron la reserva de las actuaciones y filtraron prueba esencial. Además, consideran que no se protegió denunciantes, se dispuso de forma arbitraria la prisión preventiva de Kosaka.
“Por ello se propugna además el envío de los fundamentos de la sentencia al Jury de Enjuiciamiento a los fines de se determine si sus conductas encuadran por mal desempeño y posible comisión de ilícitos”, destacaron. Y detallaron los artículos que, consideran, incumplieron.
Respecto a Iturbide, además, solicitaron que se investigue su conducta ante el “posible conocimiento de las maniobras contrarias a la correcta administración de justicia” respecto de la manipulación del testimonio de otro de los denunciantes.
DENUNCIAS CONTRA LOS PERITOS CLAVES EN LA CAUSA
Además de los fiscales, se incluyó en el pedido de compulsa para investigar el accionar de una serie de peritos oficiales de la causa, quienes intervinieron durante la investigación y fueron claves para la acusación y elevación a juicio del caso y las primeras condenas ya confirmadas.
De acuerdo a los abogados de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, la primera involucrada en esta parte de la denuncia para que se inicie una investigación relacionada a su accionar es una psicóloga del Cuerpo Médico Forense. Concretamente, acusan a la profesional de haber “impedido y obstaculizado” las pericias solicitadas sobre dos de las jóvenes denunciantes. Siempre de acuerdo al escrito de los abogados de las monjas, este accionar afectó el derecho de defensa, el juicio justo y debido proceso, además de haber significado un incumplimiento a su deber como funcionaria pública.
A otra de las psicólogas denunciadas, en tanto, se la acusa de haber falseado una pericia (incluyendo a hechos y personas que no estaban inicialmente), mientras que a otra psicóloga y a un psiquiatra los acusan de haber impedido el derecho al control y participación en una pericia.
A una cuarta psicóloga cuestionada la acusan de “haber falseado su declaración” sobre la pericia realizada a otra de las denunciantes. A otro psiquiatra, en tanto, lo acusan de, en su calidad de funcionario público, haber obstaculizado una pericia y de haber amenazado a dos peritos de control (aportados por los defensores de las imputadas).
LA MADRE DE UNA VÍCTIMA, LOS ABOGADOS Y LAS INTÉRPRETES TAMBIÉN FUERON DENUNCIADOS
Varela Álvarez y su equipo solicitaron, además, que se investigue a la madre de uno de los denunciantes por “falso testimonio agravado” y por haber mentido y ocultado una reunión de su hijo con tres de los abogados querellantes y una de las intérpretes, “realizada a los fines de consensuar su declaración en contra de la imputada (NdA: la monja, Asunción Martínez)”.
Contra el abogado Oscar Barrera -otro de los querellantes-, en tanto, y contra 3 de las intérpretes y una psicóloga del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentaron una denuncia por “manipulación del testimonio” de un denunciante y en perjuicio de Asunción Martínez, “afectando el derecho de defensa, a juicio justo y debido proceso legal “.
Además, solicitaron al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Mendoza que investigue la conducta de los abogados Barrera y de los otros abogados querellantes Sergio Salinas, Lucas Lecour y Juan Dantiacq.
PIDIERON CONDENAS DE 25, 18 Y 10 AÑOS DE PRISIÓN
A fines de julio culminaron los alegatos en una de las tres causas que es parte de este juicio. En ella, la monja japonesa Kumiko Kosaka se encuentra imputada como autora del delito de autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores.
Tanto Iturbide como los abogados de los denunciantes -la mayoría, ya confirmados como víctimas de los abusos de Corradi, Corbacho, Gómez y Bordón- solicitaron para la monja una pena de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde hayan menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.
Por fuera de Kosaka, en las otras dos causas que están en juicio se encuentran -además- las otras 8 mujeres imputadas. Una de ellas, y quien también se encuentra comprometida -a juzgar por el pedido de condena de la parte acusatoria- es la ex representante legal del instituto religioso que dependía directamente del Vaticano. Se trata de la trabajadora social Graciela Pascual, quien llegó al juicio con 35 acusaciones y de las cuales se mantuvieron tres al momento de solicitar la condena. En este caso, el fiscal y los abogados de los ex alumnos pidieron una pena de 18 años de prisión, además de inhabilitación al considerar a Pascual partícipe por omisión (se considera que no prestó auxilio a las víctimas y encubrió los abusos).
Por su parte, la también monja Asunción Martínez -quien se desempeñó como madre superiora de Kosaka en el Próvolo mendocino- fue acusada por el mismo delito en un hecho. El pedido de pena aquí de la parte acusatoria llegó a 10 años de prisión y 10 de inhabilitación.
Para la ex directora Gladys Pinacca y para la ex cocinera del instituto Noemí Paz, en tanto, los pedidos de condena ascendieron a 3 años de prisión (por lo que sería en suspenso). Mientras que Pinacca llegó al debate acusada de partícipe en 30 episodios, en el caso de Paz la imputación la incluye en el mismo hecho por el que fue acusada la monja Martínez.
