Los argumentos sobre los que se basa la presentación judicial, según explicó Gustavo Correa, secretario general de la CTA Mendoza, se desprenden de la resolución 386 del Consejo Federal de Educación. Explicaron que en febrero se establecieron los criterios sanitarios y epidemiológicos para el sostenimiento de la presencialidad en las escuelas. Correa puntualizó que allí se plantea la educación focalizada por zonas, y no homogénea, por lo que perfectamente se podría adoptar medidas diferenciadas.
Según el “semáforo sanitario” que propone el Consejo Federal, la provincia estaría en un preocupante rojo, en al menos dos de los indicadores epidemiológicos a considerar respecto de la continuidad de la presencialidad. Uno de los datos es el cociente entre la cantidad de contagios en los últimos 14 días y los 14 días. Según informaron desde el gremio en Mendoza ese cociente es de 2,74. El “semáforo epidemiológico” indica rojo si el valor supera el 1.21.El otro valor a considerar es el índice de incidencia de casos cada 100 mil habitantes que según los criterios se considera en riesgo epidemiológico alto a la zona donde los valores superen los 150 casos positivos cada 100 mil personas. Mendoza, según el informe del gobierno nacional, tiene una incidencia de 536, indicó Correa.
“A diferencia de otras presentaciones que ya se ha hecho en la justicia, nosotros pusimos una medida cautelar porque entendemos que ningún sentido tiene que dentro de dos meses se resuelva un amparo cuando la situación epidemiológica crítica es ahora”, explicó Gustavo Correa.
Desde los sindicatos advirtieron que el sistema educativo de la provincia moviliza el 21,9% de la población por lo que proponen un regreso sectorizado a la modalidad virtual para ayudar a reducir la circulación y contribuir a la disminución de contagios. “Hay que mirar los departamentos y las regiones de Mendoza. Ya no son burbujas cerradas, son escuelas completas. Si se corta la circulación de este grupo 15 días, se consigue un 20% menos de gente moviéndose en las áreas urbanas”, sostuvo Correa.
Denuncia penal al Director General de Escuelas
Los secretarios generales de CTA y SADOP denunciaron penalmente a José Thomas, máxima autoridad del sistema educativo provincial. Consideran que ha violado el artículo 205 del Código Penal por adoptar medidas que favorecen la propagación de la pandemia de COVID-19. El argumento de los demandantes sostiene que el director General de Escuelas violó normativas nacionales y provinciales, fundamentalmente negándose a cumplir la normativa establecida por el Consejo Federal de Educación.
El artículo 205 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Es el mismo artículo bajo el cual se procede a la denuncia al propietario de un domicilio donde se constate una fiesta clandestina por ejemplo. Se consideran condenas entre seis meses a dos años de prisión.
