El gobierno nacional ha puesto en duda la veracidad de la necesidad de prestaciones por discapacidad, al referirse a engaños y abusos por parte de los beneficiarios y los prestadores. Ante esto, organizaciones que nuclean a personas y familias, emitieron un extenso y duro comunicado en el que denuncian al gobierno nacional por difamación.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad advirtieron que las denuncias han tenido una finalidad mediática y no han sido corroboradas por la Justicia. En ese sentido advierte que se lleva adelante una campaña que estigmatiza a las personas con discapacidad y a los prestadores de servicios.
Señala que las prestaciones son auditadas por las obras sociales y que de ningún modo es algo que solvente el Estado.
“El Fondo Solidario de Redistribución no son recursos del estado sino que se trata de un fondo conformado con dinero de aportes de los trabajadores y de los empleadores, administrados por la Superintendencia de Servicios de Salud”, subraya.
“Continuamente se dice que se han encontrado “presuntas irregularidades”. Frente a esto concluimos en que no se puede tener como confirmadas las declaraciones mediáticas que se hacen y mucho más si la totalidad de ellas son refutadas. Se hacen comparaciones que llaman la atención cómo “74,61 viajes a la luna” y que solo buscan instalar en la conciencia de la gente que se brindan prestaciones exageradas.Consideramos imperioso dejar de lado este tipo de declaraciones rimbombantes en la prensa y que estas “presuntas irregularidades” se presenten en la justicia, con los nombres de las supuestas empresas de transporte fantasmas y/o las Obras Sociales involucradas”, remarcan.
Ante esto piden que si existen anomalías, sean erradicadas pero sin perjudicar a quienes reciben la prestación adecuada y a quienes brindan el servicio honestamente y dentro de la normativa.
El documento completo
DISCAPACIDAD, CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL
Desde la exhibición de placas radiográficas de animales en sets de televisión, hasta declaraciones en medios gráficos con cálculos de kilometrajes recorridos de traslados a personas con discapacidad comparados con viajes a la luna. Esta parece ser la nueva comunicación de los organismos gubernamentales en los tiempos que corren.
Denuncias mediáticas que no han sido comprobadas en la Justicia se suman a la campaña que estigmatiza a las personas con discapacidad y a los prestadores de servicios. En los últimos días de agosto 2024, el responsable máximo de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo que supervisa las obras sociales nacionales y las prepagas, el Lic. Gabriel Oriolo, ha tocado particularmente el tema del transporte para afiliados con discapacidad. La prestación de transporte para personas con discapacidad permite que un sujeto -cualquiera sea su discapacidad certificada y con la prescripción de su médico- sea trasladada de manera segura desde su domicilio al servicio que recibe (escuela, centro día, centro educativo terapéutico, centro de rehabilitación, etc.).
El informe publicado por Infobae asegura que la cifra de 28.680.489 kilómetros (lo que da un promedio de 882 kilómetros por persona) y que implica una inversión de $14.480.200.798, destinados a trasladar a 32.518 afiliados en el mes, es desmesurada. También allí se dice que “se podrían haber utilizado facturas apócrifas o emitidas por empresas usinas”.
Algunas aclaraciones:
Es responsabilidad de las obras sociales auditar esta prestación ya que ellas son las que dan la orden de atención y las que tienen la obligación y la responsabilidad de verificar la validez de la factura correspondiente a la atención brindada, antes de enviarla a la Superintendencia de Servicios de Salud para su recupero.
No podemos dejar pasar la afirmación de que “es el estado el que aporta estos recursos”. Se aclara que NO ES ASÍ. El Fondo Solidario de Redistribución no son recursos del estado sino que se trata de un fondo conformado con dinero de aportes de los trabajadores y de los empleadores, administrados por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Si tomamos el promedio de 882 km. por afiliado publicado en el informe de Infobae, esto implica un recorrido de 40 km. diarios (20 km. de ida y otros 20 km. de vuelta), del domicilio del beneficiario a la institución donde recibe la prestación. Esta distancia estaría dentro de los 10 km. o 20 km. de ida y de vuelta, que dice la nota que se suele recorrer. Nada que sospeche algún desvío. Resulta oportuno recordar que el recorrido mínimo que se reconoce es de 12 km.
Hay que considerar que una realidad es la situación en los centros urbanos y otra es la distancia que suelen recorrer quienes viven más alejados de la urbe, inclusive en lugares más inhóspitos pero sujetos con los mismos derechos que cualquier persona con discapacidad beneficiaria de una obra social. También queremos destacar que en el monto pagado por este Fondo Solidario de Redistribución en el mes de agosto, según la publicación en el medio de comunicación, contiene facturas devengadas de hasta DOS MESES ANTERIORES, presentadas tarde por las obras sociales, por lo tanto esta información no contiene prestaciones brindadas solamente en dicho mes, sino de varios.
Preocupación de las personas con discapacidad y los prestadores:
Continuamente se dice que se han encontrado “presuntas irregularidades”. Frente a esto concluimos en que no se puede tener como confirmadas las declaraciones mediáticas que se hacen y mucho más si la totalidad de ellas son refutadas. Se hacen comparaciones que llaman la atención cómo “74,61 viajes a la luna” y que solo buscan instalar en la conciencia de la gente que se brindan prestaciones exageradas.Consideramos imperioso dejar de lado este tipo de declaraciones rimbombantes en la prensa y que estas “presuntas irregularidades” se presenten en la justicia, con los nombres de las supuestas empresas de transporte fantasmas y/o las Obras Sociales involucradas.
Somos parte interesada en que los recursos de los trabajadores argentinos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad sean utilizados óptimamente. Nuevamente, como lo hiciéramos a principio de año, afirmamos que este sector no se opuso, no se opone, ni se opondrá a las auditorías necesarias, sino que además las apoya. Si existen anomalías hay que erradicarlas, pero sin perjudicar a quienes reciben la prestación adecuada y a quienes brindan el servicio honestamente y dentro de la normativa. Instamos a TODAS LAS AUTORIDADES de organismos públicos financiadores de servicios, enmarcados en el Sistema Único de Prestaciones Básicas en favor de las Personas con Discapacidad, a tener extrema responsabilidad en las declaraciones vertidas en medios de comunicación, a los fines de evitar la estigmatización provocada por la consecuente construcción de sentido. Seremos, juntos con todo el colectivo, custodios incansables de los derechos adquiridos.
