La proliferación de páginas web que exhiben imágenes robadas de mujeres en topless o desnudas en la playa, captadas sin su consentimiento, ha suscitado preocupación. Un análisis de RepScan, una empresa tecnológica española, encontró más de 300 sitios en apenas dos horas difundiendo estas fotos ilegalmente.
La temporada estival europea se ha convertido en un período intenso para quienes realizan este tipo de capturas y difusiones. La captación y uso no autorizado de imágenes está prohibida por varias leyes europeas (por ejemplo, en España, la Ley Orgánica 1/1982, que salvaguarda el derecho al honor, la intimidad personal, familiar y la propia imagen).
Las mujeres afectadas pueden solicitar la eliminación de estas imágenes, incluso si fueron tomadas en lugares públicos, y tomar medidas legales contra los divulgadores. “El derecho a la propia imagen es fundamental y, por ende, está especialmente protegido por nuestra legislación. Tanto la captura de la imagen de una persona como su posterior uso, ya sea con fines comerciales u otros, están prohibidos, ya que en términos generales se requiere el consentimiento expreso”, señala Josep Coll, abogado especializado en propiedad intelectual y co-CEO de RepScan.
Capturar, o mejor dicho robar, la imagen de un individuo anónimo en la playa para luego difundirla en un sitio web con contenido sexual, constituye una intromisión ilegítima en los derechos de la persona afectada, explica el abogado.
Existen excepciones, como fotografías de personas famosas o con proyección pública en lugares públicos. No obstante, publicar en un sitio web de contenido sexual la foto de una persona famosa sin su consentimiento expreso también es ilegal. “Incluso si esta persona es famosa, dicho uso en un sitio web de este tipo también sería una intromisión ilegítima”, destaca Coll.
Las personas perjudicadas pueden solicitar la eliminación de estas imágenes robadas y difundidas sin permiso en línea. RepScan utiliza una tecnología automatizada que logra la eliminación del contenido en menos de 24 horas. La vía judicial civil también permite la retirada de las fotos, además de reclamar daños y perjuicios, incluso daños morales.
El monto de la indemnización varía según el caso, considerando factores como el alcance y la difusión. Se estima que las indemnizaciones oscilan entre 2.000 y 30.000 euros en promedio. Los casos más graves pueden resultar en acciones penales, con los divulgadores enfrentando penas de cárcel, especialmente si la persona afectada es menor de edad.
