El 27 de noviembre del año pasado, hace poco más de un mes y en coincidencia con la conmemoración de los dos años desde la condena a los curas abusadores del Próvolo mendocino, en la Justicia Civil de Mendoza se conoció otra histórica condena. La Asociación Civil Obra San José –entidad de la que dependía el instituto para chicos sordos en Luján de Cuyo- fue condenada a pagar 14,4 millones de pesos a uno de los sobrevivientes de los tormentosos abusos sexuales en el instituto.
Se trata de la primera condena civil por el caso que fue noticia en el mundo entero y por el que, en el fuero penal, los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi –ya fallecido- fueron condenados a 45 y 42 años de prisión, respectivamente. En la misma causa, el ex monaguillo Jorge Bordón fue condenado a 10 años de prisión, mientras que el jardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años de cárcel.
La primera de las sentencias civiles se conoció el 27 de noviembre, aunque fue confirmada en las últimas horas. Fue impulsada por los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci y los condenados por este episodio fueron los responsables de la asociación Obra San José, de quien dependía el Próvolo en Mendoza.
El fallo fue apelado por los condenados, por lo que –antes de hacerse efectivo- deberá pasar por dos instancias de revisión. Y, a diferencia de otras causas civiles que se iniciaron en los Tribunales de Mendoza, la acción no incluyó al Arzobispado de Mendoza (que desde el principio intentó despegarse del mayor escándalo de abuso sexual eclesiástico de la historia de Mendoza); sino que fue directamente contra los responsables legales del instituto ubicado en Carrodilla.
De dónde saldrá el dinero
Como la acción no fue iniciada contra la Iglesia Católica como institución –directamente no se la incluyó en la demanda-, el dinero del resarcimiento no saldrá de sus arcas (ni del Estado). Será Obra San José quien deberá responder económicamente por la demanda.
En medio de la investigación por el Caso Próvolo –que salió a la luz en noviembre de 2016 y tuvo su primera condena penal en noviembre de 2019-, Obra San José vendió el inmueble a la Municipalidad de Luján de Cuyo, que construyó su parque cívico en el imponente predio y mudó su edificio municipal central al lugar ubicado en calle Boedo.
Por disposición judicial, ese dinero –proveniente de la Municipalidad de Luján de Cuyo y que acordó pagar en parte en un único pago y luego en 3 cuotas anuales- no quedó en poder de la asociación civil, sino que se dispuso que quede en una cuenta judicial para futuros gastos relacionados a los juicios (incluso, se dispuso crear un fideicomiso). En simultáneo, las víctimas –por medio de sus abogados- pidieron que se embargue la propiedad, precisamente para que con ese dinero (hoy retenido) se haga frente a los costos y futuras condenas. Y será precisamente de aquí de donde saldrá el dinero para hacer frente a esta condena (y a las futuras).
Barrera y Lanci llevan, además de este juicio que ya tiene condena, otras cuatro causas civiles que –se espera- tengan su desenlace durante la primera mitad del 2022. Aquí tampoco accionaron contra la Iglesia, sino contra Obra San José. Y en las instancias previas a esta primera sentencia –firmada por la jueza María Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociado Número 4 de Mendoza-, la parte demandada citó a una compañía de seguros que habían contratado. Sin embargo, desde esta firma alegaron que no responderían por actos dolosos, por lo que la condenada fue la propia Obra San José.
Avanza el juicio penal contra dos monjas y otras 7 mujeres
Mientras tanto, en el fuero penal –donde ya fueron condenados los 2 curas y otros 2 trabajadores- avanza por estos días el juicio contra otras 9 mujeres que trabajaban en el Próvolo mendocino en el mismo momento en que ocurrieron los abusos que ya fueron comprobados por la Justicia (por medio de las 4 condenas).
A excepción de una de las monjas –que está imputada como autora de los abusos también-, las 9 mujeres están imputadas como partícipes necesarias para que tuvieran lugar los abusos sexuales (tocamientos y violaciones).
Por la complejidad del caso, la cantidad de involucrados (hay 18 abogados defensores solamente para las 9 imputadas) y el paso lento en el que avanza el juicio, este segundo proceso contra las otras 9 involucradas ya ha dejado en evidencia que será maratónico.
A ello se suma lo difícil que resulta a veces volver a citar a las víctimas –quienes ya declararon en el primer juicio por los abusos, pero ahora deben hacerlo para demosttrar la participación de las mujeres- y el hecho de que no cuentan con intérpretes de Lengua de Señas ni con psicólogos que los asistan luego de las interminables jornadas.
El segundo juicio transcurre en modalidad semipresencial –al menos un representante de cada una de las partes debe estar presente físicamente en la sala de debate de Tribunales-, y la intención de los abogados que acompañan a los sobrevivientes de los abusos es que llegue a su fin antes de junio de este año. Esto tiene que ver con que, recientemente, los jueces confirmaron la prórroga de prisión preventiva para la monja Kumiko Kosaka (imputada como autora de abusos y partícipe) hasta junio de 2022.
